Con o sin Estados Unidos: esa es la cuestión
Como Hamlet, el gobierno de México parece estar inmerso en un dilema existencial: “ser con Estados Unidos o ser sin Estados Unidos, esa es la cuestión”.
Como Hamlet, el gobierno de México parece estar inmerso en un dilema existencial: “ser con Estados Unidos o ser sin Estados Unidos, esa es la cuestión”.
Hace más de 30 años, en 1994, el Estado mexicano, encabezado en aquel entonces por Carlos Salinas de Gortari, tomó la decisión de “ser con Estados Unidos” en la esfera económica, y culminó un cambio estructural, que transformó los destinos del país, al promover y firmar con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
Desde aquel entonces, todos los gobiernos de México, sin excepción (tanto los encabezados por el PRI como aquellos liderados por PAN y por Morena), no sólo convalidaron la decisión de Salinas de construir aquel acuerdo comercial trinacional, sino que incluso han luchado con toda su energía e inteligencia disponible para defenderlo y mejorarlo (como lo hicieron en su momento Peña Nieto y AMLO, y lo está haciendo ahora Sheinbaum). El TLCAN fue en su momento una respuesta de largo alcance, audaz e imaginativa para elevar nuestra competitividad económica. Sus resultados fueron a tal grado satisfactorios que, como decía, las últimas administraciones no han dudado en defenderlo frente a Trump, e incluso, han trabajado durísimo para su consolidación en el largo plazo.
Hoy México enfrenta nuevos retos de naturaleza distinta, pero también de gran escala, y necesita ideas heterodoxas, de gran calado, que puedan tener un impacto que, al mismo tiempo que sea de carácter estructural, también sea capaz de brindar beneficios en el corto plazo (como dinamizar y depurar, por ejemplo, el desempeño de nuestras letárgicas y corruptas administraciones públicas estatales y municipales, en los ámbitos de la seguridad y la procuración e impartición de justicia).
Para asombro nuestro, la nueva fórmula que necesitamos para darle la vuelta al país en materia de seguridad la tenemos frente a nuestras narices, tocando en nuestra puerta. Esta nueva fórmula se basa en tomar muy en serio el interés de Estados Unidos en ‘destruir a los cárteles’ mediante la construcción de una robusta e innovadora ‘alianza para la seguridad’ entre ellos y nosotros (y deseablemente también con los canadienses) para alinear nuestros objetivos en materia de seguridad interna y librar una gran batalla a los cárteles mexicanos que los debilite radicalmente, tal como lo ha señalado Trump. Esta ‘alianza por la seguridad’ tomaría forma mediante un acuerdo binacional o trinacional que idealmente debería firmarse antes de que Trump finalice su mandato (pues ignoramos si el siguiente presidente estadounidense compartirá las prioridades de Trump en el renglón de la seguridad).
Hace bien Sheinbaum en rechazar las pretensiones de Trump, de que soldados estadounidenses ingresen a nuestro territorio para colaborar con sus contrapartes mexicanas en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, ¿no sería mejor responder este tipo de propuestas indecorosas con una contrapropuesta muy seria e inusualmente ambiciosa de colaboración entre ambos países, en la que Estados Unidos desempeñe un papel clave en la capacitación y equipamiento de comandos élite mexicanos para desmantelar más eficazmente las redes criminales trasnacionales que operan en suelo mexicano? ¿No podría esta contrapropuesta ser el instrumento con el que México tome la iniciativa y coloque en la mesa una agenda nutrida de nuevos temas de colaboración binacional, tales como la selección de blancos prioritarios, la certificación de autoridades y el desarme de comandos criminales, sólo por mencionar algunos?
La convicción presidencial de defender nuestra soberanía es incuestionable. Sin embargo, la amenaza mayor a la soberanía mexicana no proviene del Ejército de Estados Unidos, sino de los grandes cárteles que controlan cada vez más gobiernos municipales y, por ende, un espacio territorial cada vez más extenso. Arrebatarle este control territorial del crimen, junto con la pacificación del país, deben ser los objetivos centrales de la estrategia del gobierno actual. No obstante, el crecimiento de las redes criminales durante los últimos años, la amplia base social que han cultivado estas redes, la sofisticación tecnológica que han alcanzado, y su penetración en los gobiernos subnacionales y locales, obliga a México a buscar auxilio exterior, auxilio que justamente nos está ofreciendo Estados Unidos para proteger mejor su frontera y para detener el flujo de opioides hacia su territorio. El desafío actual consiste, entonces, en imaginar y proponer nuevos esquemas de colaboración bilateral, que respeten ciertos límites políticos, pero que al mismo tiempo sean muy audaces en profundizar la relación en las materias técnicas y sustantivas de la colaboración en seguridad.
De otro modo, nuestra soberanía territorial sólo figurará en los discursos políticos, pero en la realidad será una condición que continuará extinguiéndose, como nos lo dicen cotidianamente las madres buscadoras, las alertas Amber, las fosas clandestinas, los centros de adiestramiento, entre otros faros. Como nos lo indican también las renuncias obligadas (por las amenazas criminales) de candidatos a cargos locales, como presidencias municipales, regidurías y sindicaturas. Esta es la soberanía que debemos recuperar y proteger.
