Compromís insta al Gobierno a hablar con el Papa y acabar con "los privilegios fiscales de la Iglesia"

Compromís ha instado al Gobierno a "acabar con los privilegios fiscales de la Iglesia y derogar los acuerdos del Concordato de 1979", segun ha comunicado hoy el diputado en el Congreso Alberto Ibáñez quien ha pedido que en la primera reunión que mantenga el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el nuevo Papa, León XIV, se acabe con el concordato de la Santa Sede y proceda a "modificar las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, sin privilegios como los que se mantienen con el resto de los Estados".

La coalición nacionalista considera que la Iglesia no debe estar exenta de pagar impuestos y califica los acuerdos del Concordato de la Santa Sede y el Estado español, de 1979, como una "herencia del nacionalcatolicismo franquista".

Eliminar la casilla 105

“Las nuevas negociaciones deben implementar, con la nueva jefatura del Estado Vaticano, un nuevo modelo fiscal y eliminar la casilla 105 sobre el sostenimiento de la Iglesia Católica en la declaración del IRPF”, ha indicado Ibáñez después de registrar en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno con solicitud de respuesta escrita en la que cuestiona si: Ante la elección del nuevo jefe del Estado del Vaticano ¿Tiene previsto el Gobierno de España aprovechar el cambio de la jefatura de Estado del Vaticano, con la elección del nuevo Papa, modificar las relaciones diplomáticas entre ambos Estados?.

Compromís siempre ha mantenido una tirante relación con la Iglesia y ya solicitó hace dos años en las Cortes Valencianas la creación de una Mesa de Trabajo para el "reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos sexuales sufridos en el seno de la Iglesia católica en la Comunidad Valenciana".

Nueva ley de Libertad Religiosa

Entre sus peticiones en la última década destaca la petición al Gobierno desde la Cámara autonómica valenciana de una nueva Ley de Libertad Religiosa con cuatro puntos fundamentales. El primero, sería derogar los acuerdos firmados entre el Estado y la Santa Sede del 3 de enero de 1979; con las Iglesias evangélicas (1992); las comunidades judías (1992); y las comunidades musulmanas (1996).

También, en un segundo punto pedían lo que hoy ha reiterado Alberto Ibáñez en el congreso como es la modificación de la normativa sobre exención del Impuesto de Bienes Inmuebles a la Iglesia católica y otras confesiones religiosas, así como a sus organizaciones y centros de enseñanza y de proselitismo religioso.

Los dos puntos finales en esa ley se centran en garantizar el carácter laico de las escuelas como instituciones públicas, lo que conllevaría apartar a la educación confesional del currículo y del ámbito escolar. Y por último, deorgar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos tipificado en el artículo 252 del Código Penal.