Choque generacional: la tasa de dependencia se dispara y acelera el colapso del sistema de pensiones

La tasa de dependencia demográfica (personas mayores de 64 años respecto a las personas en edad de trabajar) se sitúa actualmente entorno al 32%, es decir, hay 32 personas dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar (que no significa que estén trabajando). Según las proyecciones elaboradas desde el Instituto Nacional de Estadística (INE), esa tasa de dependencia va a seguir creciendo, de manera que para 2044 se espera que sea del 50%.

Cuanto mayor sea la tasa de dependencia, más difícil va a resultar que los jubilados reciban una pensión que les permita vivir dignamente, puesto que habrá menos personas capaces de trabajar para generar sus pensiones. Nuestro sistema, que ahora sobrevive a base de parches, no podrá soportar la jubilación de los llamados boomers. Por eso es necesaria una reforma del que garantice la viabilidad del sistema. Si elegimos sostenerlo mediante deuda pública, que al menos sea algo sistemático, con una proyección de recaudación y que no suponga, de manera constante, un agujero a otras partidas o un aumento en el pago de intereses no previsto.

España está experimentando una transformación demográfica. Con el progresivo e imparable envejecimiento de la población y la llegada a la jubilación de la generación del baby-boom, el sistema de pensiones se va a ver duramente afectado.

Según datos publicados por el INE, en el año 2023 se registró un índice de envejecimiento del 137,3%, es decir, por cada 100 menores de 16 años hay 137 personas mayores de 64 años en España. En el año 1975, ese índice era del 35,4%, y para el año 2030, se espera que el índice de envejecimiento sea aproximadamente del 171%, por lo que habrá 171 personas  en edad de jubilarse por cada 100 jóvenes menores de 16 años.

La esperanza de vida aumenta gracias a los avances de la medicina, y actualmente se sitúa en los 83,77 años. La natalidad, por su parte, por cambios culturales y otros factores, es más baja que nunca, situándose en una media de 1,12 hijos por mujer en 2023 frente a los 2,86 hijos por mujer de 1960. Esto genera una disminución del número de aportantes al sistema mientras que el número de beneficiarios no deja de crecer, de modo que el modelo de reparto se tensiona.

En el año 2023, el déficit real del sistema de pensiones en España fue de unos 55.919 millones de euros (si solo dispusiera de los ingresos por cotizaciones sociales), lo que supone un 3,8% del Producto Interior Bruto (PIB) español, según el informe «La situación financiera del componente contributivo de las pensiones públicas en 2023» publicado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Este déficit es cubierto por el Gobierno para que el sistema no colapse, aumentando la presión fiscal sobre la población.

Para reducir el déficit real hasta cero, sin que el Estado lo salvara «artificialmente» sería necesaria la incorporación de unos 3,78 millones de nuevos aportantes a la Seguridad Social, una cifra que está muy por encima del total de personas desempleadas registradas en diciembre de 2024, que fue de 2,59 millones de españoles. Aunque todos los que están sin empleo trabajaran, no sería suficiente.

El colapso del sistema de pensiones

Que el sistema de pensiones se encuentre en esta situación no es un problema coyuntural, sino una cuestión estructural relacionada con deficiencias en la base. Por ello, para que pudiera ser plenamente funcional, necesitaría una reestructuración radical.

El Gobierno no puede controlar, al menos en un sistema democrático, cuantos hijos deciden tener las familias, o el hecho de que las personas cada vez vivan más. Por lo tanto, el sistema necesitaría ser rediseñado de manera que, ni el descenso de la natalidad, ni el aumento de la esperanza de vida, provoquen el colapso del sistema.

Además, el problema del envejecimiento de la población, no sólo afecta al sistema de pensiones, sino que también dificulta el funcionamiento de otros servicios sociales como la sanidad, pues que la población anciana aumente, genera un mayor gasto en atención geriátrica y enfermedades crónicas.

También impacta sobre factores económicos esenciales como el mercado laboral, con la necesidad de prolongar la vida laboral y atraer inmigración joven, y el crecimiento económico, pues la reducción de la población activa disminuye la capacidad productiva del país.

En definitiva, y según los datos de FEDEA, el sistema de pensiones tiene unas obligaciones de pago ya adquiridas que ascienden a unos 6,61 billones de euros (5,46 veces el PIB de 2021) y unas expectativas de ingresos de 4,14 billones de euros (3,42 veces el PIB de 2021). Con lo cual, a largo plazo, el sistema tiene un déficit estructural de 2,47 billones de euros, que hacen de él un sistema de escasa expectativas de viabilidad y que en palabras del ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera: «El sistema de pensiones español tiene un componente de estafa piramidal».