Abren pieza política por los "contratos fraudulentos" del SAS: "Señala directamente a Moreno Bonilla"

El Partido Socialista andaluz ha exigido "explicaciones inmediatas" al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras la reciente apertura de la pieza política en la causa judicial que investiga los presuntos contratos fraudulentos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la gestión del PP. El caso, que involucra una posible malversación de cientos de millones de euros, ha puesto en el centro de la polémica al propio Moreno Bonilla y a su entorno más cercano. La causa judicial, iniciada a raíz de una querella presentada por el PSOE-A, no se limita a investigar una adjudicación específica, sino que apunta a un presunto entramado de contratación irregular que habría facilitado la malversación de fondos públicos. En particular, se examina la decisión del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, presidido por Moreno Bonilla, de sustituir el control previo de los contratos por un control financiero permanente. Esta medida, que contaba con la rúbrica del presidente y fue propuesta por el entonces responsable de Economía y Hacienda, Juan Bravo, ha sido señalada como un factor clave que permitió la contratación fraudulenta en el SAS. Desde el PSOE-A, el responsable de la Secretaría de Política Institucional, Mario Jiménez, ha calificado la situación de "muy grave" y ha subrayado que el juzgado instructor señala directamente a Moreno Bonilla. Jiménez ha insistido en que la decisión de eliminar los controles previos fue el "epicentro y desencadenante de todo el sistema de contratación irregular" en el SAS. Además, ha reclamado explicaciones a la actual consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, quien, según el PSOE-A, fue la interventora que planteó el procedimiento irregular. También se ha dirigido a la dirección nacional del PP, al verse señalado Juan Bravo, considerado la "mano derecha" de Alberto Núñez Feijóo y responsable orgánico nacional en materia económica. El PSOE-A ha advertido que este caso no es un asunto menor, sino que se trata de un "gran escándalo" de corrupción que afecta directamente a la sanidad pública andaluza. Según los socialistas, la eliminación de los controles previos ha permitido que se desvíen fondos públicos a empresas privadas sin justificación, poniendo en riesgo la calidad del sistema sanitario público. Además, han señalado que la Fiscalía Anticorrupción ya ha asumido la investigación, lo que, según el PSOE-A, pone de manifiesto la gravedad de los hechos denunciados. Por su parte, la Junta de Andalucía ha reconocido por primera vez la posible existencia de irregularidades en los contratos sanitarios de emergencia del SAS. Este reconocimiento surge en el contexto de una investigación judicial sobre la malversación de fondos en la concesión de 235 millones de euros en contratos durante 2021 en Cádiz. La jueza ha permitido que la Junta se persone como perjudicada, lo cual implica un cambio significativo en la postura del gobierno autonómico. Desde el PSOE-A, se ha exigido que se depuren responsabilidades políticas y penales por estos hechos. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha afirmado que "desgraciadamente, lo que estamos conociendo, los contratos de...

Abr 22, 2025 - 22:05
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Abren pieza política por los "contratos fraudulentos" del SAS: "Señala directamente a Moreno Bonilla"
El Partido Socialista andaluz ha exigido "explicaciones inmediatas" al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras la reciente apertura de la pieza política en la causa judicial que investiga los presuntos contratos fraudulentos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la gestión del PP. El caso, que involucra una posible malversación de cientos de millones de euros, ha puesto en el centro de la polémica al propio Moreno Bonilla y a su entorno más cercano. La causa judicial, iniciada a raíz de una querella presentada por el PSOE-A, no se limita a investigar una adjudicación específica, sino que apunta a un presunto entramado de contratación irregular que habría facilitado la malversación de fondos públicos. En particular, se examina la decisión del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, presidido por Moreno Bonilla, de sustituir el control previo de los contratos por un control financiero permanente. Esta medida, que contaba con la rúbrica del presidente y fue propuesta por el entonces responsable de Economía y Hacienda, Juan Bravo, ha sido señalada como un factor clave que permitió la contratación fraudulenta en el SAS. Desde el PSOE-A, el responsable de la Secretaría de Política Institucional, Mario Jiménez, ha calificado la situación de "muy grave" y ha subrayado que el juzgado instructor señala directamente a Moreno Bonilla. Jiménez ha insistido en que la decisión de eliminar los controles previos fue el "epicentro y desencadenante de todo el sistema de contratación irregular" en el SAS. Además, ha reclamado explicaciones a la actual consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, quien, según el PSOE-A, fue la interventora que planteó el procedimiento irregular. También se ha dirigido a la dirección nacional del PP, al verse señalado Juan Bravo, considerado la "mano derecha" de Alberto Núñez Feijóo y responsable orgánico nacional en materia económica. El PSOE-A ha advertido que este caso no es un asunto menor, sino que se trata de un "gran escándalo" de corrupción que afecta directamente a la sanidad pública andaluza. Según los socialistas, la eliminación de los controles previos ha permitido que se desvíen fondos públicos a empresas privadas sin justificación, poniendo en riesgo la calidad del sistema sanitario público. Además, han señalado que la Fiscalía Anticorrupción ya ha asumido la investigación, lo que, según el PSOE-A, pone de manifiesto la gravedad de los hechos denunciados. Por su parte, la Junta de Andalucía ha reconocido por primera vez la posible existencia de irregularidades en los contratos sanitarios de emergencia del SAS. Este reconocimiento surge en el contexto de una investigación judicial sobre la malversación de fondos en la concesión de 235 millones de euros en contratos durante 2021 en Cádiz. La jueza ha permitido que la Junta se persone como perjudicada, lo cual implica un cambio significativo en la postura del gobierno autonómico. Desde el PSOE-A, se ha exigido que se depuren responsabilidades políticas y penales por estos hechos. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha afirmado que "desgraciadamente, lo que estamos conociendo, los contratos de...