Varapalo para el juez Hurtado y su conexión Fiscalía-Presidencia

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, encargado de investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, citaba en febrero a declarar a Pilar Sánchez Acera, secretaria de Organización del PSOE de Madrid y ex asesora del ahora secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, en su etapa como director del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Hurtado llevaba a cabo el mismo procedimiento con el que fuera secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, en la causa abierta por revelación de secretos contra Ortiz; más en concreto por lo relativo al mail del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que terminó en la prensa. Sin embargo, el pasado lunes se le venía abajo a Hurtado esta parte de la investigación en tanto en cuanto el propio instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo tuvo que rechazar la imputación de Acera al descartar la participación de ésta en la filtración del mencionado correo electrónico en el que la pareja de la política reconocía que su cliente había llevado a cabo dos delitos contra la Hacienda Pública. A pesar de ello, el magistrado advertía de "fisuras" en el testimonio de la que fuera número dos socialista. La resolución implica que el magistrado de esta pieza separada haya cerrado la puerta a cualquier relación entre la fiscalía y Moncloa en lo relativo al compañero sentimental de la lideresa regional, al menos de momento, o hasta que surjan -si tal cosa pasa- nuevos hechos que puedan servir al juez para considerarlos como indicios. Han sido -y continúan así- meses a vueltas con el mail en el que González Amador reconoce ante la Fiscalía haber cometido dos fraudes fiscales. Hurtado pasó a contemplar la posibilidad de que el mensaje en el que tal reconocimiento aparecía había llegado a la prensa de alguna manera mediante el PSOE. Más detalladamente, el magistrado puso sobre la mesa la probabilidad después de que Juan Lobato, hasta hace escasos meses líder de los socialistas madrileños, declarara que Sánchez Acera le había enviado en marzo del año pasado un mensaje con el contenido del polémico correo. A pesar de haber iniciado él mismo el procedimiento de la causa separada, Hurtado acabó esta semana por descartar que la secretaria de Organización del partido que a nivel nacional lidera Pedro Sánchez participara de ninguna filtración. La resolución obedece a dos cuestiones: por un lado, sencillamente que Sánchez Acera no es funcionaria pública y, por lo tanto, no se le puede atribuir un delito de revelación de secretos. Por otra parte, no se le puede acusar a ella de publicar ningún secreto porque recibió "una información reservada a la que ha dado publicidad otro". Además, el instructor ha desestimado una serie de diligencias solicitadas por la acusación particular en nombre de González Amador, así como de la de Fundación Foro Libertad y Alternativa, en las que pedían indagaciones sobre los terminales móviles de Sánchez Acera y Francesc Vallés, aparte de los de otros dirigentes del PSOE...