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Una acusación de la DANA pide imputar al subdirector de Emergencias por falsear datos para exculpar a la Generalitat
Denuncia "graves irregularidades" en el informe remitido a la jueza por el subdirector general de Emergencias La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), una de las acusaciones particulares personadas en el proceso judicial que investiga la gestión de la dana, ha solicitado a la jueza de Catarroja que valore el posible cambio de condición del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, de testigo a investigado, al considerar que “su actuación, u omisión de funciones, podría derivar en responsabilidades penales”. Esta acusación particular ha presentado alegaciones ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja para denunciar “graves irregularidades” en el informe remitido el pasado 7 de abril por el subdirector general de Emergencias, informa el sindicato. El informe elaborado por FETAP-CGT, “fundamental para esclarecer las circunstancias de las graves inundaciones de octubre de 2024”, concluye que el documento aportado al juzgado por la Generalitat contiene “omisiones, errores y manipulaciones destinadas a falsear la interpretación del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, minimizando la responsabilidad de la Generalitat en los trágicos acontecimientos ocurridos en la rambla del Poyo el 29 de octubre”. Entre las irregularidades detectadas destacan “la eliminación de las funciones críticas que el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y el director del plan tenían asignadas en el Plan Especial, como la coordinación de actuaciones y la obligación de activar los mecanismos de emergencia en el momento oportuno” o “la ocultación deliberada de la obligación del CCE de transmitir información a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no limitándose a la recepción pasiva de datos, sino asumiendo un papel activo de recopilación y comunicación de información crítica”. También, apunta el sindicato, “la confusión interesada entre las fases de preemergencia y emergencia, desdibujando las obligaciones de actuación de la Generalitat desde las primeras señales de riesgo y diluyendo así su falta de respuesta temprana”. Otra de las razones que esgrime es “la omisión de la figura de los directores del Plan Especial, Emilio Argüeso Torres y Salomé Pradas (exsecretario autonómico y exconsellera), cuya intervención era determinante para declarar la emergencia, coordinar recursos y establecer Puestos de Mando Avanzados (PMA), que no fueron activados en los momentos más críticos”. Y ve un “intento claro de trasladar la responsabilidad de la gestión de la emergencia a los ayuntamientos y a la Administración General del Estado, presentando los Planes de Actuación Municipal (PAM) como única herramienta de respuesta, cuando la obligación principal de dirección y coordinación recaía sobre la Generalitat”. FETAP-CGT advierte que los hechos ocurridos durante la dana, como “la falta de constitución de Puestos de Mando Avanzados, la escasez de rondas informativas y los avisos confusos enviados a los municipios, pudieron agravar los daños materiales y poner en grave riesgo la vida de cientos de personas”. “Estrategia de manipulación” “A ello se suma ahora, en sede judicial, la estrategia de manipulación en el informe presentado por el subdirector general de Emergencias, que pretende minimizar la responsabilidad de la Generalitat Valenciana en aquellos acontecimientos”, advierte. A su juicio, resulta “especialmente grave” que, a las 12.25 horas del 29 de octubre, ya se hubiera declarado oficialmente la Emergencia Situación 0 en la rambla del Poyo, “sin que se realizara el seguimiento y las actuaciones específicas que exigía el propio Plan Especial de Inundaciones, incumpliendo así las obligaciones fundamentales de protección civil”. Por todo ello, esta acusación particular exige que se depuren todas las responsabilidades derivadas de los hechos y que se esclarezca la verdad sobre la actuación de la Generalitat en la gestión de la emergencia de octubre, “sin que se traslade a otras administraciones una responsabilidad que era propia”.
Denuncia "graves irregularidades" en el informe remitido a la jueza por el subdirector general de Emergencias
La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), una de las acusaciones particulares personadas en el proceso judicial que investiga la gestión de la dana, ha solicitado a la jueza de Catarroja que valore el posible cambio de condición del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, de testigo a investigado, al considerar que “su actuación, u omisión de funciones, podría derivar en responsabilidades penales”.
Esta acusación particular ha presentado alegaciones ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja para denunciar “graves irregularidades” en el informe remitido el pasado 7 de abril por el subdirector general de Emergencias, informa el sindicato.
El informe elaborado por FETAP-CGT, “fundamental para esclarecer las circunstancias de las graves inundaciones de octubre de 2024”, concluye que el documento aportado al juzgado por la Generalitat contiene “omisiones, errores y manipulaciones destinadas a falsear la interpretación del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, minimizando la responsabilidad de la Generalitat en los trágicos acontecimientos ocurridos en la rambla del Poyo el 29 de octubre”.
Entre las irregularidades detectadas destacan “la eliminación de las funciones críticas que el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y el director del plan tenían asignadas en el Plan Especial, como la coordinación de actuaciones y la obligación de activar los mecanismos de emergencia en el momento oportuno” o “la ocultación deliberada de la obligación del CCE de transmitir información a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no limitándose a la recepción pasiva de datos, sino asumiendo un papel activo de recopilación y comunicación de información crítica”.
También, apunta el sindicato, “la confusión interesada entre las fases de preemergencia y emergencia, desdibujando las obligaciones de actuación de la Generalitat desde las primeras señales de riesgo y diluyendo así su falta de respuesta temprana”.
Otra de las razones que esgrime es “la omisión de la figura de los directores del Plan Especial, Emilio Argüeso Torres y Salomé Pradas (exsecretario autonómico y exconsellera), cuya intervención era determinante para declarar la emergencia, coordinar recursos y establecer Puestos de Mando Avanzados (PMA), que no fueron activados en los momentos más críticos”.
Y ve un “intento claro de trasladar la responsabilidad de la gestión de la emergencia a los ayuntamientos y a la Administración General del Estado, presentando los Planes de Actuación Municipal (PAM) como única herramienta de respuesta, cuando la obligación principal de dirección y coordinación recaía sobre la Generalitat”.
FETAP-CGT advierte que los hechos ocurridos durante la dana, como “la falta de constitución de Puestos de Mando Avanzados, la escasez de rondas informativas y los avisos confusos enviados a los municipios, pudieron agravar los daños materiales y poner en grave riesgo la vida de cientos de personas”.
“Estrategia de manipulación”
“A ello se suma ahora, en sede judicial, la estrategia de manipulación en el informe presentado por el subdirector general de Emergencias, que pretende minimizar la responsabilidad de la Generalitat Valenciana en aquellos acontecimientos”, advierte.
A su juicio, resulta “especialmente grave” que, a las 12.25 horas del 29 de octubre, ya se hubiera declarado oficialmente la Emergencia Situación 0 en la rambla del Poyo, “sin que se realizara el seguimiento y las actuaciones específicas que exigía el propio Plan Especial de Inundaciones, incumpliendo así las obligaciones fundamentales de protección civil”.
Por todo ello, esta acusación particular exige que se depuren todas las responsabilidades derivadas de los hechos y que se esclarezca la verdad sobre la actuación de la Generalitat en la gestión de la emergencia de octubre, “sin que se traslade a otras administraciones una responsabilidad que era propia”.
