Un Estado que quiere hacerlo todo (y no puede)

En México, el desabasto de medicamentos en el sistema de salud pública se ha convertido en un síntoma persistente de algo más profundo: un Estado que quiere hacerlo todo, pero no puede, en la salud como en muchos otros ámbitos. En mi opinión, no hay nada peor que querer y no poder. El reciente intento del gobierno de Claudia Sheinbaum por regresar al modelo de compra consolidada de medicamentos ha sido una apuesta arriesgada que, en pocos meses, ya muestra señales de debilidad. No porque el modelo sea intrínsecamente equivocado, sino porque el Estado mexicano ha sobredimensionado sus capacidades cuando se sostiene sobre pies de barro, sobre todo luego de las decisiones de la pasada administración.

En octubre de 2024, la presidenta presentó el nuevo Modelo de Contratación Consolidada de Medicamentos e Insumos Médicos, con la promesa de transparencia, eficiencia y abasto garantizado. Sin embargo, para marzo de 2025, lo que sabemos es que media docena de funcionarios de Birmex —la empresa pública encargada de consolidar las compras y distribuir medicamentos— fueron separados de sus cargos e investigados por compras a sobreprecio que habrían dañado al erario por 13 mil millones de pesos. El anuncio oficial de que el desabasto acabaría en marzo quedó, nuevamente, en el terreno de las promesas incumplidas.

Esta situación no es nueva. Durante el sexenio de López Obrador, se abandonó el modelo de compras consolidadas bajo el argumento de que estaba plagado de corrupción. En su lugar, se experimentaron cinco sistemas distintos, todos fallidos. El desabasto se volvió cotidiano. El gobierno federal quiso centralizar el proceso de adquisición de medicamentos, pero en lugar de profesionalizarlo, lo volvió aún más opaco y errático. Ahora, con el regreso al esquema consolidado, se repiten los mismos errores: improvisación, falta de planeación y escasa rendición de cuentas.

El verdadero problema no es la compra consolidada per se. El problema es la ilusión de que el Estado puede y debe hacerlo todo. En el actual modelo, el gobierno pretende ser el comprador, el negociador, el almacenador, el distribuidor, el regulador y, al final, el responsable de que los medicamentos lleguen a manos de quien los necesita. Se trata de una concentración de funciones que ningún aparato estatal, por más bien intencionado que sea, puede sostener sin una estructura sólida, especializada y profesional.

Como ha señalado el analista de salud Xavier Tello, la licitación bienal 2025-2026 comenzó con meses de retraso, condiciones imposibles para los proveedores y precios de referencia irreales. Los laboratorios simplemente no pudieron cumplir. El sistema colapsó. Otra vez.

Esta sobrerresponsabilidad sin capacidad técnica ni administrativa nos lleva a otro problema: la falta de rendición de cuentas. No necesariamente por querer ocultar la información, sino por la incapacidad de generarla para los propios operadores de este sistema y para el ciudadano.

El sistema de compras públicas de medicamentos en México no informa con claridad qué se compra, en qué cantidades ni dónde está lo adquirido. Los procesos ocurren en una caja negra institucional donde ni ciudadanos ni otras agencias del Estado tienen verdadera visibilidad o capacidad de control.

Y mientras el Estado insiste en hacerlo todo sin saber cómo, el costo lo pagan los más vulnerables. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y otras organizaciones, han documentado cómo el desabasto obliga a los más pobres a incurrir en mayor gasto de bolsillo, afectando su salud y su economía. Cada medicamento que no llega a tiempo representa una oportunidad perdida de aliviar el dolor, de salvar una vida o de evitar complicaciones mayores. El desabasto no es solo una falla administrativa: es una tragedia cotidiana.

La comparación con otros países puede ser aleccionadora. En Reino Unido, el Estado centraliza la negociación, pero la distribución corre a cargo de operadores logísticos privados. En Alemania, múltiples aseguradoras negocian directamente con las farmacéuticas. En Brasil, el gobierno federal compra medicamentos estratégicos, pero deja en manos de los estados y municipios la distribución local. Todos estos sistemas comparten algo fundamental: el Estado regula, coordina y fiscaliza, pero no monopoliza toda la cadena.

México podría aprender de estas experiencias y abandonar la idea de un Estado omnipresente para transitar hacia un modelo de Estado eficiente. Esto no significa privatizar el sistema ni abdicar de la responsabilidad pública. Significa construir capacidades institucionales reales, establecer reglas claras, generar incentivos adecuados y garantizar transparencia en cada eslabón de la cadena. Construir una gobernanza efectiva, en pocas palabras.

Hoy, el desafío no es ideológico, es técnico y ético. ¿Queremos un Estado que concentre el poder o uno que resuelva problemas? ¿Uno que lo intente todo sin éxito, o uno que sepa delegar, coordinar y rendir cuentas?

Mientras el gobierno aprende, la gente sigue esperando. Y enfermando.