Son las ocho de la mañana y el cielo está gris. A 500 metros del Triángulo de Bernal, Alicia Luna corre de la calzada de la colectora del Acceso Sudeste trozos de goma, tarimas y troncos incendiados. Son restos que quedaron de una manifestación de vecinos. Allí hace tres semanas cortaron la calle y montaron un “peaje” destinado a recaudar para el velatorio de un chico de 16 años. Lo que para los automovilistas que necesitaban circular por esa vía importante de acceso al conurbano sur era un acto violento y extorsivo, para los habitantes de Villa Azul era, simplemente un medio para un fin.

Detrás de Alicia Luna surge un cúmulo de casillas de chapa, madera y cartón donde sobresale una bandera: “Justicia por Pachu”. Ella es cartonera y vive en ese asentamiento con su esposo, Pedro Herrera, el abuelo de la víctima, que carga cajones de fruta y verduras por un pasillo angosto entre desechos, caños rotos y agua estancada. “Esto es Villa Azul y pertenece a Quilmes. Así es como vivimos y allá enfrente es en donde lo mataron”, responde él con congoja y resignación.

Dos noches antes de aquel piquete, el domingo 6 de abril, a su nieto Isaías Monzón lo acribillaron en un confuso episodio vinculado a una guerra narco de bandas paraguayas del otro lado de la autovía, en la villa Itatí, el asentamiento antagónico y cinco veces más grande.

Además de por el Acceso Sudeste, ambos asentamientos están separados por un puente a medio terminar desde la última campaña electoral y por otros dos puentes en estado de abandono que son un refugio para gente sin techo y donde la prostitución es moneda corriente.

Luego de que un video de un camionero al que le pedían plata para dejarlo pasar se convirtiera en noticia nacional, en ese punto del Acceso Sudeste se instaló un escuadrón del Grupo Apoyo Departamental (GAD), destinado a operativos de alto riesgo por la Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la policía bonaerense.

“Vienen, hacen presencia y en un par de días no están más. Acá hay gente buena, que trabaja dignamente, y como en todos lados hay gente mala, de malvivir. Son los que venden droga y a los cuales la policía encubre”, remarca Pedro.

Para Alicia, que se dedica a reciclar de la calle desde que se radicó en Villa Azul, en 2003, los uniformados no están ahí para cuidarlos de los narcos ni para ayudar a esclarecer la muerte de Isaías.

“A estos los pusieron acá porque no quieren que nosotros cortemos la calle para pedir justicia por Pachu, porque a ellos les pagan los narcos. Al jefe de calle le pagan los ‘transas’ y los ‘transas’ lo mataron a Pachu”, reclama con desolación.

“Al pibe lo re ensuciaron, lo trataron de chorro para justificar lo que le hicieron. Pero lo mataron los ‘transas’. Había un patrullero y no hizo nada, no existimos para ellos”, completa Alicia.

Una villa en dos partidos

Con más de 5000 habitantes, la villa Azul se extiende sobre un terreno con jurisdicción en dos municipios. El lado de Quilmes ocupa dos tercios y es un asentamiento que en un 85% no tiene gas, cloacas ni tendido eléctrico. Parte de lo poco que se urbanizó quedó a medio terminar entre anuncios electorales y ya fue usurpado. Asegura Alicia: “Acá no entran ni la policía, ni la ambulancia, ni los basureros, ni nada que tenga que ver con el Estado. Acá la vida vale menos”.

Del lado de Avellaneda, en cambio, las casillas del pasado hoy son un barrio de departamentos nuevos con calles asfaltadas y patios. El impactante contraste está delimitado por la calle doctor Antonio Caviglia, ubicada detrás del frente edilicio que da al Acceso Sudeste.

En esa suerte de frontera entre los escombros de la parte quilmeña y lo que fue un basural informal se encuentra el hogar de Cinthia Herrera, madre de Pachu e hija de Pedro.

“La noche anterior él no se había quedado a dormir acá. Se había quedado en lo de la novia y me vino a ver como a las tres de la tarde del domingo. Limpiamos la casa juntos, él lavó los platos, cargamos el agua y nos peleamos un poco para ver quién sacaba la basura. Tipo seis de la tarde se bañó. Luego nos sentamos a tomar unos mates. En un momento me contó que iba a salir un rato; me dijo ‘mamá, ahora vengo, voy a comprar unas galletitas’. Eran como las siete. Esa fue la última vez que lo vi, nunca más volvió”, relata entre lágrimas, en diálogo con LA NACION, desde el interior de la vivienda, donde la acompañan una amiga y tres de sus chicos.

De una de las paredes de ladrillos sin revocar Cinthia descuelga un cuadro con la cara de Pachu. Está vestido con la camiseta del Polideportivo Proyecto Nacional, el club del barrio donde jugaba al fútbol. Es del año 2007 y en la parte inferior dice “feliz día mamá”. Al lado tiene también dos trofeos de campeón.

“La policía estuvo en el momento en que lo mataron a mi hijo. Estaba tirado, lo vieron y no lo quisieron levantar; lo dejaron ahí agonizando hasta que lo levantó un vecino. Con mi hermano lo llevaron en moto al hospital, y nunca más se despertó. Ahora la que tiene un hijo bajo tierra soy yo. Nos tratan como descarte porque para ellos mi hijo era un chorro, era un rastrero, cualquier cosa. Pero por más que mi hijo haya sido lo que haya sido yo quiero que se haga justicia”, responde.

En este contexto, los municipios de Quilmes y Avellaneda hoy están atravesados por la interna bonaerense que en los últimos tiempos divide al kirchnerismo. De un lado, la ultracristinista Mayra Mendoza; del otro, Jorge Ferraresi, alineado al gobernador Axel Kicillof, a su vez enfrentado con La Cámpora.

Ambos intendentes, socios en el pasado, durante los últimos meses han protagonizado cruces a cielo abierto, con pases de factura en las redes sociales, lejos de las urgencias de Villa Azul. “Nadie nos llamó ni vino a vernos para ofrecer ayuda, estamos solos”, lamentan los familiares.

Según las investigaciones preliminares del caso, que quedó a cargo fiscal Jorge Saizar, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Quilmes, Isaías Monzón fue baleado junto a dos jóvenes con los que se trasladaba en moto en los alrededores de un búnker de drogas situado en Itatí y correspondiente a la banda de “Los paraguayos”, quienes los recibieron a los tiros.

Al menos tres proyectiles impactaron en la víctima mortal, en su espalda y en una de sus axilas. Los otros dos de la moto sobrevivieron de milagro, pero a uno también lo alcanzó un disparo y horas más tarde fue hallado por la policía en Florencio Varela.

Si bien estaría identificado el punto de la agresión, y aunque ya hubo algunos operativos, la policía no suele llegar hasta las entrañas de Itatí. A esto se suma la posible fuga de los responsables del crimen, versión que circula con testimonios en grupos de Facebook.

“Supuestamente lo mataron y se fueron a Paraguay. Les dicen ‘los paraguayos’ de ahí, de la bajada. Otros dicen que son ‘los paisas’, que se pelean entre sí. Son gente que vende drogas y la policía lo sabe. Y ellos están acá, enfrente de la casa de mi mamá. No entraron allá [a Itatí]. Eso es lo que quiero que hagan: que vayan, entren, busquen, pregunten... pero no hacen nada”, dice Cinthia, que es empleada del sector de limpieza en la municipalidad de Avellaneda, desde donde una supervisora se comunicó con ella durante las 72 horas posteriores al crimen.

Frente al dolor por el luto, el pedido de justicia se encuentra atado al miedo ante posibles represalias por parte de los dueños de las cocinas de la droga, quienes minaron la zona de adictos a la pasta base y el crack.

Es que mientras Isaías Monzón agonizaba en el hospital de Wilde, adonde fue traslado por vecinos, tanto la casa de Cinthia como el centro médico estuvieron monitoreados por camionetas que los familiares vinculan con los narcos.

Los vecinos de villa Azul aseguran que en su territorio “los transas que estaban antes terminaron presos hace poco, lo que hizo que baje bastante la violencia, aunque no el consumo”. Por eso creen que el riesgo de que el enclave sea tomado por otro grupo es alto.

Un código de la endeble convivencia entre asentamientos, cuentan, pasa porque “la gente de Azul no cruce a Itatí y que la de Itatí no cruce a Azul”, razón por la cual muchos vínculos se cortaron para siempre.

“Hace años que ya no cruzo y no veo a mis amigas de allá. Es muy difícil terminar de conocer Itatí, está llena de pasillos y hay lugares donde no se puede pisar. Hace un tiempo mataron a otro chico allá y la familia se tuvo que ‘guardar’ porque hay ‘transas’ por todos lados. Nadie hace lo que estoy tratando de hacer yo”, resume Cinthia Herrera.

En cuanto al paradero del padre de Pachu, por su parte, la situación es dramática. “El papá no me ayuda en ningún sentido. Está sin trabajo y hace changas día a día. Es un adicto, consume. Yo llegué a un límite donde dije ‘basta’, me fui y armé mi casa”.

En estas condiciones, a Cinthia le dieron seis días de licencia. “Luego tengo que volver, pero no sé cómo voy a hacer. No sé si mañana voy a tener las fuerzas. Iré si sirvo para seguir, si voy a poder superar la muerte de mi hijo, si voy a poder aceptar que ya no lo tengo. La verdad, en esta situación estoy desamparada. Porque ahora hay gente que me está apoyando, pero después tienen que volver a su vida habitual. Y en esta casa me quedo sola con tres de mis hijos chiquitos. Trato de buscar la fuerza de donde no tengo, pero se me hace muy difícil”, expresa esta madre que lucha para evitar que el asesinato de su hijo sea un número más de las crudas periferias bonaerenses, donde tanto la seguridad como la justicia brillan por su ausencia.

Y concluye: “Si a mí me tienen que venir a amenazar, me van a venir a amenazar. Si me tienen que prender fuego la casa, me la van a prender. Pero yo voy por seguir pidiendo por mi Pachu, la mitad de mi vida que me arrancaron”.