Un bulo contra los gitanos, 100.000 euros en campaña e injurias contra una fiscal: tres frentes cercan a Alvise

Una donación de 100.000 euros de un empresario en plena campaña de las elecciones europeas, un bulo que atribuía a un asesinato cometido por un "grupo de gitanos" la muerte de un joven y el señalamiento a una fiscal en redes sociales. Nada tienen que ver entre sí los asuntos que amenazan con llevar a Luis Pérez, Alvise, a ser investigado en tres causas penales diferentes. En su condición de diputado de la Eurocámara, Pérez goza de inmunidad parlamentaria, y es por esto que solo puede investigarlo el Tribunal Supremo, que en las próximas fechas deberá analizar si aprecia indicios de los distintos delitos.

La decisión más inminente es la relacionada con un posible delito de financiación ilegal de la formación que lidera Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF). Esta misma semana, la Fiscalía solicitó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que asuma la investigación de este presunto delito contra el eurodiputado y, "por conexión", contra el empresario que le entregó 100.000 euros en metálico, Álvaro Romillo, que a su vez está siendo investigado en la Audiencia Nacional.

Los 100.000 euros de Álvaro Romillo

El Juzgado Central de Instrucción número 4 instruye una causa por estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documentos mercantiles contra Romillo y contra su empresa, Madeira Invest Club. Según lo investigado por la Audiencia Nacional, Romillo desarrolló una estafa a través de este club de inversiones mediante una técnica conocida como el 'esquema Ponzi'.

El investigado ofrecía supuestas inversiones de alta rentabilidad a quienes, mediante el pago de una membresía anual de 2.000 euros, formaban parte de Madeira Invest Club. Sin embargo, el retorno que obtenían los primeros inversores se extraía en realidad del dinero de los recién llegados, y no de la rentabilidad de los activos en los que habían invertido.

En el marco de esta investigación, Alvaro Romillo denunció ante la Fiscalía que él mismo entregó 100.000 euros en metálico a Alvise Pérez el 27 de mayo de 2024, semanas antes de las elecciones europeas en las que SALF obtuvo tres eurodiputados. La denuncia que presentó Romillo ante la Fiscalía General del Estado incluía pantallazos de las conversaciones que intercambió con Alvise Pérez.

Aquellos mensajes revelaron, entre otras cosas, que tras recibir los 100.000 euros Pérez prometió a Romillo que le devolvería el favor: se mostró dispuesto a "hacer lobby en Europa" en favor de las criptomonedas y prometió promocionar el Madeira Invest Club a través de sus redes sociales, en las que cuenta con cientos de miles de seguidores.

Para más inri, una vez la Fiscalía anunció que investigaría al eurodiputado por financiación ilegal, Pérez reconoció en un video subido a sus redes que había cobrado los 100.000 euros y que no los había declarado, si bien lo vinculó con un "trabajo" realizado como "autónomo".

En el escrito remitido al Supremo esta semana, la Fiscalía pide a la Sala de lo Penal que investigue las 'wallets' creadas para que Alvise recibiera aportaciones anónimas para su campaña electoral; que recabe los justificantes de los pagos efectuados por Alvise Pérez para financiar su campaña; que investigue los "libros de tesorería, inventarios, balances, cuentas de ingresos y gastos" de Se Acabó La Fiesta; y que examine las cuentas corrientes de Alvise Pérez y su agrupación electoral durante el año 2024. Por último, pide que se cite como investigado al eurodiputado.

El bulo sobre un asesinato a manos de gitanos

El segundo asunto que podría llevar a Pérez a estar imputado se remonta aún más en el tiempo, y tiene su origen en el fallecimiento de un joven cordobés llamado Álvaro Prieto en octubre de 2023. Pasaron cuatro días entre la desaparición de Prieto y el momento en que se encontró su cadáver junto a las vías de la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla. Aún pasaron dos meses y medio más antes de que la justicia concluyera que su muerte había sido accidental.

El suceso fue un caldo de cultivo para el surgimiento de diversos bulos, según los cuales el joven cordobés había sido víctima de un asesinato cometido a manos de individuos de etnia gitana. Bulos instigados, entre otros, por Alvise Pérez a través de su canal de Telegram, en el que a día de hoy están suscritos más de 860.000 usuarios.

En los días de la desaparición de Álvaro Prieto, Pérez alimentó teorías sobre un supuesto enfrentamiento contra "un grupo de gitanos"; y llegó a afirmar que diversas "pruebas" con cada vez más "peso" apuntaban a un "homicidio a manos de un grupo de gitanos". Esto llevó a Kamira, una asociación de mujeres gitanas, a presentar una denuncia contra el agitador, que aún no era eurodiputado, por un delito de odio.

Según una providencia a la que ha tenido acceso 20minutos, el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla dictó el pasado 25 de marzo una providencia en la que —tras analizar el informe policial sobre la muerte del joven y certificar la condición de eurodiputado de Pérez— pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la posibilidad de elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue los hechos.

Las injurias a la fiscal

"Aquí tenéis a Susana Gisbert (la fiscal de delitos de odio) tomándose una caña con la periodista a la que le filtra todo y que ha escrito hoy un artículo en contra de nosotros. Son amigas de farra, se hacen favores mutuamente. La diferencia en esta ocasión es que ahora las perseguidas son ellas [...] llenen sus redes sociales, que no pueda dormir tranquila". Estos fueron los mensajes que envió Alvise Pérez a los seguidores de su canal de Telegram en febrero del año pasado, que le han llevado a afrontar una posible imputación por un delito de injurias en el Tribunal Supremo.

Hace meses, la fiscal de delitos de odio Susana Gisbert denunció al agitador por este delito ante los juzgados de Valencia. Tras recoger Alvise Pérez su acta de eurodiputado, el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia terminó por elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo que asuma la causa. El escrito entró en el registro del tribunal el 12 de febrero y la Fiscalía del alto tribunal ya se ha pronunciado a favor de abrir causa penal, tomar declaración a Pérez y a los testigos y realizar un examen pericial sobre el canal de Telegram del líder de SALF.

El Supremo aún tiene pendiente resolver sobre los indicios que justificarían la apertura de diligencias, pero esta semana ha decidido prorrogar la investigación del juzgado valenciano durante seis meses para tener tiempo para analizar si asume la instrucción.