El gobierno de Donald Trump endureció su postura frente a la gobernadora demócrata Kathy Hochul por el peaje de congestión en Manhattan. El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) advirtió que, si no se suspende el cobro antes del 21 de mayo, el estado perderá autorizaciones para obras de infraestructura clave. La disputa escaló tras la decisión de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) de mantener activas las cámaras de peaje y desafiar por segunda vez la fecha límite impuesta por el gobierno federal.

Peaje por congestión: cómo funciona y por qué está en disputa

Sean Duffy, secretario de Transporte de EE.UU., afirmó que la medida viola la ley federal 23 U.S.C. § 301, que prohíbe imponer peajes en rutas financiadas con fondos nacionales. En una carta enviada a Hochul, señaló que la administración estatal ignoró reiterados pedidos de información. “Usted ha declarado públicamente que continuará con los cobros en desafío a la ley federal. Esto es inconcebible”, escribió.

Desde enero de 2025, ingresar al centro de Manhattan por debajo de la calle 60 cuesta al menos 9 dólares por vehículo. La medida fue impulsada por la MTA, con el objetivo de reducir el tráfico y financiar el sistema de transporte público.

Inicialmente aprobado por la administración Biden a través del Programa Piloto de Precio por Valor (VPPP, por sus siglas en inglés), el esquema perdió validez en febrero cuando el gobierno de Trump revocó su aval. La MTA y otras agencias presentaron una demanda federal para sostener el programa, que ahora enfrenta una nueva amenaza: la suspensión de permisos federales para obras urbanas.

Las posibles sanciones que analiza el gobierno federal incluyen:

• Cancelación de aprobaciones ambientales bajo la ley NEPA.
• Suspensión de fondos para mejoras estatales de transporte.
• Bloqueo de nuevas construcciones en Manhattan.

La respuesta de Hochul y la postura de la MTA

Pese a la advertencia, el equipo de Hochul afirmó que el programa “está funcionando” y que el tránsito ya muestra mejoras. “Las cámaras siguen operativas”, aseguró un vocero. Desde la MTA, el presidente Janno Lieber sostuvo que los peajes seguirán activos hasta que un juez dictamine lo contrario, según reveló PIX 11. La causa podría resolverse recién en octubre.

“El gobierno federal debe respetar el proceso judicial en curso”, declaró Lieber. Para la administración estatal, cualquier cambio prematuro sería una interferencia política sobre una decisión técnica ya debatida en tribunales.

Un conflicto político con eje en la clase trabajadora

La Casa Blanca sostiene que el peaje perjudica a los trabajadores de ingresos bajos y medios. En redes sociales, el Departamento de Transporte acusó al estado de usar el bolsillo de los automovilistas como salvavidas financiero para el sistema de trenes.

“El Usdot seguirá luchando con uñas y dientes contra este impuesto ilegal”, publicó la cuenta oficial en X. En el extenso posteo señalaron que la fecha límite para detener el cobro de peajes no ha cambiado: “No se equivoquen: la administración Trump y el Usdot no dudarán en utilizar todas las herramientas a su disposición en respuesta al incumplimiento a finales de este mes”, plantearon.