Sánchez encara una semana 'horribilis' en el Congreso con el decreto antiaranceles en el alambre y obligado a explicar el apagón

El Congreso de los Diputados vuelve a reunirse en sesión plenaria tras tres semanas de parón, y el regreso a la normalidad parlamentaria promete darle dolores de cabeza al Gobierno. Este miércoles está prevista la comparecencia ante los diputados del presidente Pedro Sánchez, con tres asuntos sobre la mesa: el plan de rearme por valor de 10.000 millones de euros, el contrato firmado (y después cancelado) con una empresa israelí para la compra de munición y el apagón que dejó a toda España a oscuras el lunes pasado. El jueves, por su parte, la Cámara Baja debate la convalidación del paquete de medidas para paliar el efecto de los aranceles impuestos por EEUU a la UE, un texto para cuya aprobación el PP ha roto las negociaciones y que, salvo que la Moncloa lo encauce antes, estará en el alambre.

Ambos puntos, tanto la comparecencia de Sánchez como la convalidación del decreto antiaranceles, llegan en un mal momento para un Gobierno que se encuentra tocado. A la falta de certezas sobre las razones que produjeron el apagón del lunes, una crisis que el PP achaca a la mala gestión del Ejecutivo, se suman las críticas que ha provocado entre todos los socios de izquierdas del Ejecutivo el viraje que ha puesto en marcha la Moncloa en su política de defensa. Ese viraje ha tenido como corolario el anuncio, hace un par de semanas, de que España haría una inversión extraordinaria de más de 10.000 millones de euros para alcanzar una inversión en defensa equivalente al 2% del PIB.

Precisamente sobre esos dos asuntos versará la comparecencia de Sánchez, que acude tanto a petición propia como exigido por las solicitudes presentadas por el PP, ERC y BNG. Se esperan pocas novedades con respecto a un plan que el Gobierno hizo ya público hace días y que incluye gastos militares y armamentísticos superiores a los 1.962,98 millones que el presidente prometió que iban a ir destinados a la fabricación y compra de nuevos instrumentos de defensa y disuasión. Pero sí será la primera vez que los grupos van a poder expresar en sede parlamentaria las críticas que ya llevan días planteando a través de los medios de comunicación.

El PP no está en contra del plan de rearme como tal, pero sí que denuncia que Sánchez no vaya a llevar su aprobación al Congreso para evitarse el riesgo de que caiga por el rechazo que causa a sus socios de izquierdas. De hecho, en su solicitud de comparecencia, los populares ya señalan que, a su juicio, "en ausencia de Presupuestos Generales del Estado" la puesta en marcha de este plan "requiere una votación previa" de la Cámara Baja, una afirmación que la Moncloa rechaza porque asegura que todo el dinero para financiar el aumento del gasto saldrá de la reorganización de partidas presupuestarias ya existentes y no de la ampliación de las mismas.

La izquierda, por su parte, se muestra muy crítica tanto con el hecho de que el paquete de medidas no vaya a ser sometido a votación como con la misma existencia de un plan de rearme que, consideran algunos de los socios de Sánchez, no es necesario e impedirá que esos más de 10.000 millones de euros se inviertan en partidas sociales. Las discrepancias han llegado incluso al propio Consejo de Ministros, puesto que Sumar ha expresado su rechazo a que el plan de rearme incluya la adquisición de armamento. Dentro del propio Sumar, no obstante, la postura tampoco es unánime: mientras el sector más próximo a la vicepresidenta Yolanda Díaz sí saluda el aumento de la inversión en ciberseguridad, IU se opone frontalmente a la totalidad del plan y ha criticado duramente al PSOE por haberlo presentado sin consensuarlo con el ala minoritaria del Gobierno.

Lo que todas las familias de la coalición de Díaz rechazan, con el resto de los socios de izquierdas del Ejecutivo, es el contrato por valor de seis millones de euros firmado por el Ministerio del Interior con una empresa israelí para la compra de munición. Ese contrato, cuya existencia fue divulgada hace un par de semanas, ha sido cancelado después de la enorme polémica que suscitó, aunque aún hay otros acuerdos firmados con compañías armamentistas israelíes que el Gobierno se ha comprometido a no ejecutar. Este asunto, en principio, no se encuentra en el orden del día de la comparecencia de Sánchez en el Congreso, pero a buen seguro las formaciones progresistas se referirán a él.

Las ayudas contra los aranceles

En cualquier caso, cuando el Ejecutivo se juega tener un serio problema es el jueves, el día que tendrá lugar la votación para convalidar o derogar el decreto antiaranceles que el Consejo de ministros aprobó el 9 de abril. Dicho plan contempla la movilización de 14.100 millones de euros, 7.400 millones de nueva financiación y otros 6.700 millones de instrumentos ya existentes destinados a dos líneas de avales y financiación intermediada por ICO. Pero solo podrá seguir en vigor si logra una mayoría simple en el Congreso, y el PP, con quien el Gobierno llevaba semanas negociando, se desmarcó el pasado miércoles y rompió las conversaciones al asegurar que el Ejecutivo no aceptaba ninguna de sus reivindicaciones.

El choque entre la Moncloa y los populares, no obstante, tiene mucho más de fondo que el decreto. Una de las principales propuestas que ha puesto el PP sobre la mesa del Gobierno para apoyar el plan antiaranceles es la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares. Y, aunque la semana pasada el PP aseguraba que ninguna de las 20 propuestas que hicieron al Gobierno —la extensión del calendario de cierre de las nucleares era solo una de ellas— era una línea roja para pactar, el apagón ha cambiado por completo el escenario y, ahora mismo, la política energética es el asunto que domina el debate público en España, por lo que el PP tiene una oportunidad de oro para presionar al Ejecutivo por ese flanco.

Si finalmente las negociaciones entre Gobierno y PP no se reconducen, el decreto no puede darse por derogado, pero su convalidación se complicaría, porque el Ejecutivo necesitaría el apoyo de todos sus socios progresistas y nacionalistas, muchos de los cuáles están muy molestos con la Moncloa. El sí de Junts, no obstante, ya lo tienen: los independentistas lograron que el texto establezca que las ayudas estarán a disposición de las empresas de manera equilibrada territorialmente en función de su exposición al shock, si bien eso no implica, como aseguró inicialmente Junts, que se vaya a destinar el 25% del dinero a Cataluña: ese porcentaje es un cálculo de la cuantía total a la que podrían ascender las ayudas que se destinen a empresas catalanas si todas las compañías de esa comunidad que están expuestas a los aranceles las solicitan, explican fuentes de Economía.