El gobierno de la ciudad de Chicago anunció su adhesión a una demanda federal contra la administración de Donald Trump por una orden ejecutiva que autoriza despidos masivos de empleados federales y reestructuraciones profundas en agencias clave. La acción legal fue presentada en un tribunal federal del norte de California por una coalición de entidades que incluye sindicatos, ciudades y condados de diversos estados.

La orden ejecutiva de Donald Trump que derivó en una demanda en su contra

La orden ejecutiva, conocida como EO 14210, instruye al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) a iniciar una “optimización laboral” que contempla ceses masivos sin pasar por el congreso. Según la ciudad de Chicago, esta directriz afecta de manera directa a funciones federales esenciales que tienen impacto local.

“El plan de la administración Trump para desmantelar el gobierno federal amenaza nuestra forma de vida y afectaría significativamente nuestra capacidad para mantener a los residentes y las comunidades seguros y saludables”, afirmó el alcalde Brandon Johnson mediante un comunicado.

“No podemos tolerarlo. Con esta demanda, cumplimos con nuestro deber de unirnos y denunciar con firmeza el desmantelamiento imprudente de nuestro gobierno”, agregó.

Repercusiones locales sobre los recortes federales

La demanda advierte que las consecuencias de los recortes ya comenzaron a manifestarse en diversas jurisdicciones, entre ellas Chicago. Uno de los impactos más inmediatos fue la eliminación de puestos en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, con al menos 50 trabajadores afectados en la sede local, según lo retomado por Chicago Tribune.

Además, los programas de asistencia para veteranos han registrado disminuciones abruptas de personal. Otros organismos que verían recortadas sus funciones incluyen el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), cuya desaparición dificultaría la planificación de eventos multitudinarios como Lollapalooza o Nascar en Chicago, según el comunicado del gobernador.

A esto se suma la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que juega un rol clave tras declaraciones de desastre mayor. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés) también están en la lista de instituciones afectadas, lo que según la administración de Chicago pone en riesgo proyectos de saneamiento y la vigilancia epidemiológica.

Argumento legal de la demanda contra Trump

La querella plantea que el poder ejecutivo carece de facultades constitucionales para reorganizar el aparato federal sin intervención del congreso. Según los demandantes, esto representa una violación al principio de separación de poderes.

“El intento de la administración Trump de desmantelar las funciones gubernamentales esenciales representa una extralimitación sin precedentes del poder ejecutivo”, declaró Mary B. Richardson-Lowry, abogada corporativa de la ciudad.

Por su parte, Stephen J. Kane, asesor legal adjunto, agregó que la ciudad de Chicago se compromete a preservar los recursos esenciales que sostienen a las comunidades y a rechazar decisiones que exceden la autoridad presidencial. “Los despidos masivos y la reorganización del gobierno federal por parte de Trump forman parte de un esfuerzo más amplio de la administración para recortar los servicios de los que dependen los gobiernos locales y sus residentes”, explicó.

La demanda fue presentada por una alianza diversa: además de la ciudad de Chicago, participan San Francisco, Baltimore, los condados de Harris (Texas), Santa Clara (California) y King (Washington), entre otros.

Entre los grupos sindicales que también figuran como demandantes están:

• La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales
• La Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales
• El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios

Varias organizaciones no gubernamentales también respaldan el reclamo judicial, como el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, VoteVets, Common Defense y la Asociación Estadounidense de Salud Pública, entre otras.

Johnson intensifica su oposición a Trump

El alcalde Johnson ha sido un crítico constante de la administración de Donald Trump. En semanas recientes calificó como “terrorismo” la amenaza de retirar fondos federales por razones políticas. “Intentar forzar la voluntad para quebrantar el espíritu de los trabajadores para poder dialogar es terrorismo. Y no vamos a negociar con terroristas”, dijo durante un evento público.

La demanda representa la acción más formal de Johnson contra la Casa Blanca desde que el republicano asumió su segundo mandato. En diversas declaraciones, el alcalde ha subrayado que el control federal de fondos no debe utilizarse como herramienta de presión contra ciudades que adoptan decisiones propias en materia de migración o justicia social.

Desde su regreso al poder el 20 de enero de 2025, Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas orientadas a reconfigurar el rol del gobierno federal. Su equipo argumenta que se trata de una estrategia para reducir gastos, controlar la inflación y reforzar la eficiencia estatal.

La resolución judicial tendrá implicancias para gobiernos locales como Chicago, que dependen en gran parte del respaldo de agencias federales para atender servicios fundamentales.