Qué implica el cambio de la llamada ‘ley contra los okupas’ que acaba de entrar en vigor

La llamada ‘ley antiokupa’ que ha entrado en vigor este jueves es en realidad una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se ha incluido en la ley de eficiencia judicial y que va destinada a aligerar los desalojos. 

• Qué se modifica. La Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (1/2025), incluye esta modificación que agiliza los desalojos en viviendas ocupadas para que se produzcan en un plazo de 15 días, entre otras medidas. 

• Aunque la ley fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a principios de este año, no había entrado en vigor hasta esta semana. 

Agilizar los desalojos. La norma contempla una modificación a la Ley de Enjuiciamiento Civil por la que se tramitarán los desalojos de viviendas ocupadas más rápido. El cambio consiste en incluir un nuevo párrafo en el artículo 447 con el que el desalojo se hará efectivo si el arrendador (el inquilino) no deja la vivienda en el plazo fijado por el arrendatario (el casero). 

• Es decir, si el ocupante del inmueble no lo deja en el plazo que se hubiera acordado, en menos de 15 días se producirá el lanzamiento (término con el que se conoce el desalojo de forma técnica) de la vivienda. 
• “En previsión de que no se verifique por el arrendatario el desalojo voluntario en el plazo señalado, se fijará con carácter subsidiario día y hora en que tendrá lugar, en su caso, el lanzamiento directo del demandado, que se llevará a término sin necesidad de ulteriores trámites en un plazo no superior a 15 días desde la finalización de dicho periodo voluntario”, indica la norma. 

Antecedentes. Antes de la entrada en vigor de esta norma, el propietario al que le hubieran ocupado la vivienda podía ejercer el derecho que se recoge en la ley de desahucio exprés de 2018 y solicitar que la vivienda de la que se le estaba privando fuera desalojada. 

• En este caso, se daba un plazo de cinco días a los ocupantes del inmueble para que demostraran el derecho a estar en ella. 

La ley de vivienda de 2023 protege a quienes ocupan una vivienda si se encuentran en situación de vulnerabilidad. El propietario que quisiera desalojar a alguien debe presentar una demanda, adjuntando si se ha ocupado la vivienda habitual o no, y si tiene 10 inmuebles o más. 

• En los casos en los que el okupa estuviera en una situación económica vulnerable se contempla suspender el proceso de desalojo durante dos meses para que este encuentre otra alternativa de vivienda. 

La ley de eficiencia judicial. Esta norma no solo agiliza los desalojos en viviendas ocupadas, sino que incluye otras modificaciones. 

• Se unifican los juzgados de primera instancia y los unipersonales a través de los tribunales de instancia. En esta línea se crea el tribunal central de instancia, con jurisdicción en todo el territorio nacional. 
• Se prevé la mediación como mecanismo obligatorio previo a la presentación de demandas para tratar de resolver conflictos por la vía extrajudicial. 
• Los juzgados de paz pasarán a ser oficinas de justicia en los municipios para facilitar el acceso al sistema de justicia. 
• Se amplían las competencias a los jugados sobre violencia de la mujer, que pasarán a gestionar temas sobre trata, mutilación genital o matrimonio forzado, entre otros.

• Ley orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
• Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil