Moncloa quiere "normalizar" que el Gobierno opine sobre sentencias tras las críticas a Montero por el caso Alves

No es la primera vez que un miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez opina sobre una sentencia judicial o cuestiona la decisión de algún juez. Ya sucedió cuando el Tribunal Supremo abrió una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o cuando el juez Juan Carlos Peinado empezó a investigar a Begoña Gómez. Después de que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, cargase contra la sentencia absolutoria de Dani Alves e incluso haya tenido que disculparse por cuestionar la presunción de inocencia en sus críticas, Moncloa defiende a las claras que hay que "normalizar" que los miembros del Gobierno puedan tener opinión sobre determinadas resoluciones judiciales sin que ello implique una falta de respeto.

"Es lógico y evidente el respeto del Gobierno por la justicia y las distintas sentencias, pero tampoco es antagónico a opinar sobre las mismas", dijo la ministra portavoz, Pilar Alegría, para respaldar a Montero, que a última hora de este martes terminó pidiendo disculpas por decir que era una "vergüenza" que la presunción de inocencia estuviese por encima del testimonio de la víctima. Asociaciones judiciales conservadoras y progresistas, partidos políticos e incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habían mostrado su malestar por estas palabras horas antes, no tanto por opinar sobre la sentencia -lo que también hizo la ministra de Igualdad y otros miembros del Ejecutivo- como por cuestionar la presunción de inocencia.

Sus declaraciones también habían generado controversia entre las filas socialistas. Mientras algunas voces reconocieron que la vicepresidenta lo podría haber explicado mejor, la respuesta oficial de Moncloa era de respaldo. Es más, sostienen que ha llegado el momento de empezar a asumir el derecho de los miembros del Ejecutivo a opinar sobre resoluciones judiciales que, defienden, también pueden sorprender o "desconcertar" a los ministros y ministras. En el caso de Montero, consideran que simplemente valoró la sentencia, descartando totalmente que hubiese alguna intención de menoscabarla.

Eso sí, Moncloa no reprodujo ni en público ni en privado la frase de Montero sobre la presunción de inocencia, argumentando que nunca quiso cuestionarla. En todo caso, la "literalidad" contrastaba con la posición gubernamental, ya que la ministra tildó de "vergüenza" que este derecho fundamental estuviese por encima del testimonio de la víctima. Fuentes gubernamentales señalan que pensar que la vicepresidenta no lo respeta es una interpretación interesada y aluden a su derecho a opinar no solo como líder del PSOE de Andalucía, también como vicepresidenta y ministra del Gobierno.

"Si en la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que cuestioné la presunción de inocencia, pilar del Estado de Derecho, la retiro y pido disculpas por ella", terminó diciendo Montero al respecto, aunque manteniendo su opinión de que la resolución del TSJC le parece un "retroceso".

Respeto a las sentencias, pero con derecho a opinar

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya cuestionó otras sentencias judiciales en los últimos años. Por ejemplo, lo hizo cuando el Tribunal Supremo confirmó que no aplicaría la ley de amnistía al delito de malversación de los condenados en la causa del procès. Entonces fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que verbalizó el malestar en el seno del Gobierno, asegurando que los tribunales no pueden "extralimitarse" a la hora de interpretar la ley.

Cuando Teresa Ribera aún era vicepresidenta tercera, también cuestionó que el juez acusase de un presunto delito de terrorismo al expresidente de la Generalitat catalana y líder de Junts, Carles Puigdemont, en la causa de Tsunami Democràtic. Ribera dijo que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tenía "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles".

En el caso de la imputación del fiscal general del Estado por parte del Supremo, la ministra portavoz reiteró en sucesivas ruedas de prensa desde la Moncloa que aunque el Gobierno respetaba los pasos de la justicia, a su juicio no era un delito "desmentir un bulo".

Y mucho más duro ha sido el Ejecutivo contra el juez Peinado que instruye la causa contra la mujer de Sánchez. Además de las querellas presentadas, varios miembros de Moncloa han manifestado en múltiples ocasiones que este juez lleva meses "pedaleando en la nada" y que la investigación formaba parte de una campaña para derribar al presidente del Gobierno.