Medicamentos: el cartel, la complicidad y la necesidad de poner fin a los privilegios

El sistema de salud argentino atraviesa una crisis profunda, y no solo por falta de recursos. Lo que estamos enfrentando es mucho más grave: una estructura de poder enquistada, en la que determinados actores de la industria farmacéutica se han beneficiado durante años de prácticas anticompetitivas, contratos opacos y privilegios inaceptables, todo bajo la mirada indulgente, y a veces cómplice, de quienes debieron controlar.

El 20 de enero de este año presentamos una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por la posible existencia de un cartel conformado por un conjunto de laboratorios —Elea Phoenix, GP Pharm, Kemex, Biosidus y Raffo— en asociación con la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (ACE Oncología). Este entramado, amparado en el Convenio Marco del PAMI, habría permitido la fijación coordinada de precios en medicamentos oncológicos de altísima sensibilidad social. No estamos hablando de un tecnicismo legal: estamos hablando de dinero que se va en sobreprecios y de vidas que no acceden a los tratamientos.

La evidencia es clara. Medicamentos que, licitados públicamente, se pagan a un valor determinado, resultan mucho más caros cuando se adquieren bajo el Convenio Marco. Y no se trata de diferencias marginales: en muchos casos, el mismo producto del mismo laboratorio, en el mismo trimestre, tiene precios radicalmente distintos según el mecanismo de compra. Eso no es inflación. Eso no es casualidad. Eso es cartelización.

El problema es estructural. Según datos recientes, los medicamentos en Argentina son —en promedio— más caros que en Estados Unidos, España, Perú o Colombia. En algunos casos, como el del Bisoprolol o el Omeprazol, los precios locales superan en más del 300% los valores en farmacias españolas.

Mientras nueve millones de tratamientos dejaron de venderse en el último año y miles de jubilados deben abandonar sus recetas por no poder pagar la parte que les corresponde, la industria farmacéutica local facturó un 332,9% más que el año anterior. ¿Cómo se explica este desfasaje? Por un lado, por el abuso de posición dominante de los grandes laboratorios, que imponen precios mediante prácticas de marketing y prescripción dirigidas. Por el otro, por la pasividad del Estado, que tolera esta dinámica y permite que la salud se convierta en un negocio desregulado, incluso en productos sin innovación real, de uso masivo y con patentes vencidas hace décadas.

El relato de farmacias que ofrecen alternativas más baratas pero son rechazadas por pacientes que sólo confían en lo recetado por su médico, influenciado por la publicidad o los incentivos de los laboratorios, refleja una cadena entera que necesita revisión.

No hay margen para la indiferencia. Porque no se trata solo de precios, se trata de acceso, de dignidad, de vidas. La salud no puede seguir siendo rehén de un sistema que privilegia el lobby por encima del paciente.

Queremos que se investigue con seriedad, que se sancione a quienes hayan cometido delitos y que se revisen todos los contratos heredados que han permitido este tipo de abusos. Solo así vamos a lograr un mercado verdaderamente transparente.

Sabemos que tocar estos intereses va a generar resistencias. Ya lo estamos viendo. Pero no vamos a retroceder. Porque detrás de cada sobreprecio hay un jubilado que no accede al tratamiento. Detrás de cada contrato amañado, hay un ciudadano que paga más de lo que debería. Y detrás de cada privilegio mantenido, hay un sistema de salud más desigual.

No vamos a aceptar que la defensa de la salud pública siga subordinada a las lógicas del lobby. No queremos más medicamentos con precio inflado y acceso restringido. Queremos un sistema transparente, eficiente y justo.

No hay derecho a la salud sin transparencia, no hay equidad sin competencia y no hay reforma sanitaria posible si no empezamos por desarmar los carteles que operan desde hace años.