La república vacante

La calidad de la república no se mide por los discursos en su defensa, sino por la solidez y el funcionamiento real de sus instituciones. Hoy varias instituciones sensibles para la salud de nuestra democracia están paralizadas o debilitadas por la vacancia de cargos esenciales. Y lo más preocupante es que esta situación parece haberse naturalizado, como si la acefalía institucional no tuviera consecuencias concretas para la vida cotidiana.Uno de los casos más graves es el de la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control externo de la administración pública nacional. Este organismo es clave para fiscalizar la legalidad, eficiencia y eficacia del uso de los recursos del Estado. Seis de sus siete auditores tienen ya sus mandatos vencidos. Esto deja al organismo virtualmente paralizado. Es decir que el país está dejando vacante uno de sus principales instrumentos de control del poder.En el plano judicial la situación es alarmante. La Corte Suprema de Justicia de la Nación -máximo tribunal del país- está actualmente integrada por tres miembros, los tres, varones. El Poder Ejecutivo había propuesto sumar dos hombres más, profundizando la histórica subrepresentación de mujeres en el tribunal. El proceso quedó trunco tras el rechazo del Senado. En 162 años de historia, solo tres mujeres han sido designadas juezas de la Corte Suprema. Semejante desequilibrio no solo es injusto, sino inconstitucional. La normativa vigente —incluyendo el Decreto 222/03, la Constitución Nacional y tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)— obliga a promover la igualdad real. Ignorar esta obligación atenta contra la legitimidad misma del Poder Judicial. Además, aproximadamente una cuarta parte de los juzgados nacionales y federales están sin cubrir, lo que amenaza la eficacia y legitimidad de la Justicia.La situación del Ministerio Público Fiscal (MPF) también es crítica. Este organismo no solo representa a la sociedad en los procesos penales, sino que tiene la facultad de iniciar investigaciones sobre hechos delictivos, desde corrupción hasta narcotráfico. En este momento, el 42% de los cargos de fiscales están vacantes y su cabeza es producto de una designación interina. De 380 cargos, 160 están sin titular.Peor aún es la situación del Defensor del Pueblo de la Nación, un cargo clave para la protección de derechos frente a abusos del Estado. Esta figura, que debería ser un canal accesible para cualquier ciudadano frente a injusticias y arbitrariedades, está vacante desde 2009: hace más de 15 años que la Argentina no cuenta con esta herramienta constitucional de defensa ciudadana.No se trata de tecnicismos institucionales. Se trata de funciones fundamentales que, al estar vacantes o paralizadas, comprometen el presente y el futuro de nuestra democracia. Una república sin control, sin fiscales, sin defensores del pueblo y con una Corte truncada y sin mujeres, es una república incompleta.Tanto el Defensor del Pueblo, como el Procurador y los jueces de la Suprema Corte, exigen para su nombramiento una mayoría calificada de dos tercios (del Congreso en el caso del Defensor, del Senado en el resto). El resto de los jueces y fiscales requieren una mayoría que el gobierno no controla. Resulta evidente que la única forma de cubrir estos cargos esenciales para el funcionamiento de la República es mediante el diálogo y la negociación. El problema es que el actual gobierno hace una bandera de la intransigencia, la unilateralidad y la descalificación de todo el espectro político, incluyendo a quienes lo han acompañado acríticamente en todas las votaciones legislativas.La falta de diálogo y la ausencia de vocación de compromiso son falencias políticas evidentes, que se vuelven gravísimos defectos cuando imposibilitan o debilitan el funcionamiento de los órganos constitucionales. Se trata de una forma alarmante de destruir el estado desde adentro, junto con la Constitución y los controles republicanos.Cuando el gobierno deja sin cubrir los cargos esenciales para el control del poder, la justicia y la protección de derechos, lo que está haciendo es debilitar las bases de la democracia.Es hora de revertir esta situación. La institucionalidad no es optativa.Profesor Derecho UBA; directora de Despierta Progresismo

Abr 28, 2025 - 04:53

La calidad de la república no se mide por los discursos en su defensa, sino por la solidez y el funcionamiento real de sus instituciones. Hoy varias instituciones sensibles para la salud de nuestra democracia están paralizadas o debilitadas por la vacancia de cargos esenciales. Y lo más preocupante es que esta situación parece haberse naturalizado, como si la acefalía institucional no tuviera consecuencias concretas para la vida cotidiana.

Uno de los casos más graves es el de la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control externo de la administración pública nacional. Este organismo es clave para fiscalizar la legalidad, eficiencia y eficacia del uso de los recursos del Estado. Seis de sus siete auditores tienen ya sus mandatos vencidos. Esto deja al organismo virtualmente paralizado. Es decir que el país está dejando vacante uno de sus principales instrumentos de control del poder.

En el plano judicial la situación es alarmante. La Corte Suprema de Justicia de la Nación -máximo tribunal del país- está actualmente integrada por tres miembros, los tres, varones. El Poder Ejecutivo había propuesto sumar dos hombres más, profundizando la histórica subrepresentación de mujeres en el tribunal. El proceso quedó trunco tras el rechazo del Senado. En 162 años de historia, solo tres mujeres han sido designadas juezas de la Corte Suprema. Semejante desequilibrio no solo es injusto, sino inconstitucional. La normativa vigente —incluyendo el Decreto 222/03, la Constitución Nacional y tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)— obliga a promover la igualdad real. Ignorar esta obligación atenta contra la legitimidad misma del Poder Judicial. Además, aproximadamente una cuarta parte de los juzgados nacionales y federales están sin cubrir, lo que amenaza la eficacia y legitimidad de la Justicia.

La situación del Ministerio Público Fiscal (MPF) también es crítica. Este organismo no solo representa a la sociedad en los procesos penales, sino que tiene la facultad de iniciar investigaciones sobre hechos delictivos, desde corrupción hasta narcotráfico. En este momento, el 42% de los cargos de fiscales están vacantes y su cabeza es producto de una designación interina. De 380 cargos, 160 están sin titular.

Peor aún es la situación del Defensor del Pueblo de la Nación, un cargo clave para la protección de derechos frente a abusos del Estado. Esta figura, que debería ser un canal accesible para cualquier ciudadano frente a injusticias y arbitrariedades, está vacante desde 2009: hace más de 15 años que la Argentina no cuenta con esta herramienta constitucional de defensa ciudadana.

No se trata de tecnicismos institucionales. Se trata de funciones fundamentales que, al estar vacantes o paralizadas, comprometen el presente y el futuro de nuestra democracia. Una república sin control, sin fiscales, sin defensores del pueblo y con una Corte truncada y sin mujeres, es una república incompleta.

Tanto el Defensor del Pueblo, como el Procurador y los jueces de la Suprema Corte, exigen para su nombramiento una mayoría calificada de dos tercios (del Congreso en el caso del Defensor, del Senado en el resto). El resto de los jueces y fiscales requieren una mayoría que el gobierno no controla. Resulta evidente que la única forma de cubrir estos cargos esenciales para el funcionamiento de la República es mediante el diálogo y la negociación. El problema es que el actual gobierno hace una bandera de la intransigencia, la unilateralidad y la descalificación de todo el espectro político, incluyendo a quienes lo han acompañado acríticamente en todas las votaciones legislativas.

La falta de diálogo y la ausencia de vocación de compromiso son falencias políticas evidentes, que se vuelven gravísimos defectos cuando imposibilitan o debilitan el funcionamiento de los órganos constitucionales. Se trata de una forma alarmante de destruir el estado desde adentro, junto con la Constitución y los controles republicanos.

Cuando el gobierno deja sin cubrir los cargos esenciales para el control del poder, la justicia y la protección de derechos, lo que está haciendo es debilitar las bases de la democracia.

Es hora de revertir esta situación. La institucionalidad no es optativa.

Profesor Derecho UBA; directora de Despierta Progresismo