La jueza que investiga la gestión de la DANA rechaza citar a declarar como imputada a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la DANA (29 de octubre) ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana Pilar Bernabé, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

La magistrada, que responde así en un auto notificado este martes a la solicitud presentada por una acusación popular, fundamenta su decisión en la normativa que considera aplicable en este caso. Según esta, el Consell es "el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias".

"Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central", añade la instructora, entre otras consideraciones.

La juez ha dictado también este martes otros dos autos. En uno de ellos rechaza la solicitud de otra acusación popular dirigida a la obtención de las grabaciones de los vehículos y sus matrículas que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16.30 y las 23.59 horas del 29 de octubre. En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja en una pieza separada.

El órgano judicial también ha notificado una providencia donde se da cuenta de la remisión de un atestado de la Guardia Civil por el fallecimiento de dos de sus agentes en el cuartel de Paiporta el día de la tragedia y de la renuncia de una representación letrada para ejercer la acusación particular en nombre de familiares de 64 de los fallecidos.

Esta dispone asimismo la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, la incorporación a la causa de vídeos aportados por afectados y la elaboración de informes por el Instituto de Medicina Legal (IML) sobre secuelas psíquicas y daños morales de familiares de fallecidos.

Este organismo ha practicado hasta la fecha, desde que inició la investigación, unas 250 declaraciones testificales, mayoritariamente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida. En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular.