La hora de la verdad tras el revés a la Corte de Milei: ¿quién tiene la lapicera?

Después del rechazo del Senado a los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, se da en la Argentina una situación sin precedentes en nuestra historia jurídica. La Corte tendrá que decidir si el magistrado continúa su rol por el cual juró frente al máximo Tribunal o si hace lugar a lo resuelto por la Cámara alta más allá de la decisión presidencial.

El régimen de la designación de los jueces en comisión es de absoluta excepcionalidad en Argentina, y ciertamente no fue excepcional la decisión de la designación de los magistrados para ocupar los lugares vacantes en la Corte por parte del Gobierno. Tampoco el criterio lo fue en su momento, durante el gobierno de Mauricio Macri con los nombramientos de Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti. La diferencia allí fue que ambos letrados aguardaron para asumir, el respaldo del Congreso.

Claramente el Gobierno afronta una derrota importante. Todos los jefes de Estado desean desde el origen del sistema jueces afines para no verse complicados por ejemplo, al momento de tomar decisiones en materia de política económica. La realidad es que esta vez al Gobierno le faltó política. 

Así como otras veces, el Ejecutivo logró sacar la pelota casi desde adentro del arco jugando a algo parecido a un juego de cartas, esta vez no hizo nada para cambiar la decisión de aquellos que ya habían anunciado no acompañar los nombramientos. No propició ni una sola reunión como para intentar que los senadores opositores bancaran la decisión del Presidente, tampoco ensayó un cambio de nombres al percibir la negativa del Senado.

 Fue tan grande la falta de diálogo al respecto que en algún momento pareció casi no importarle que el tema saliera, sino exponer a quienes terminaron acordando con la oposición al Gobierno y rechazando la iniciativa del ejecutivo.

En el caso de Lijo recibió menos votos contrarios inclusive que el propio García-Mansilla quien hoy ya es parte de esta Corte. El Máximo Tribunal le había dado cierta legitimidad a la permanencia del juez en el cuerpo desde el mismo momento en que prestó juramento. En el escrito firmado por los jueces se lee que Mansilla se encontraba en condiciones jurídicas de asumir hasta el final del mandato legislativo, es decir, hasta el 30 de noviembre.

¿Cómo haría la Corte ahora para desdecirse de lo avalado? Conocido el voto del Senado, desde la Rosada, se cuestionó a los legisladores, a los kirchneristas obvio, a los radicales y a algunos del PRO, que sin decir nada, hicieron valer su lapicera votando en contra y dejando a las claras el fastidio que hoy separa a Macri del Presidente. Se los calificó de irresponsables y de ser una máquina de impedir.

Mientras tanto el juez García-Mansilla hizo saber a su entorno que consultará a los integrantes de la Corte para saber en qué status quedó su investidura como integrante de tribunal de la calle Talcahuano.

La biblioteca dividida

Mientras para el Gobierno el juez tiene que seguir en su cargo hasta el final de las sesiones ordinarias de este año, los más reconocidos abogados constitucionalistas sostienen que García-Mansilla debe dejar la Corte ya. Los letrados cuestionan la legitimidad que tendría su voto en cuestiones administrativas o jurisdiccionales de la Corte.

De hecho, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, firmó una resolución de 73 páginas, haciendo lugar a un amparo, para que el magistrado se abstenga de conocer y decidir en todas aquellas causas que tramiten en el Máximo Tribunal por el plazo de tres meses, hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o no de su permanencia en el cuerpo.

Tengamos en cuenta, que la Corte tiene hoy cuatro miembros, con lo cual podría perfectamente continuar trabajando con tres, no hay ningún hecho que amerite la excepcionalidad para que García Mansilla siga en su cargo. De seguir el magistrado en la Corte, no habría antecedentes en la historia jurídica de nuestro país de un hecho en iguales condiciones.

En 1960, en la década en la que Juan Carlos Onganía encabezó el golpe de Estado que dio inicio a la dictadura, un juez de un tribunal inferior llegó a la Corte. Ni bien retornó la democracia el Senado rechazó esa decisión tomada en el marco de un gobierno de facto, y se decidió que el juez dejara su lugar ese mismo día. La diferencia es que en ese momento la determinación inicial había sido tomada por un gobierno dictatorial y no por un presidente democrático.

¿Cómo nace la opción de nombrar jueces para la Corte en comisión por parte del Ejecutivo? En la Constitución de 1853, se establece esta posibilidad, en un tiempo en el que el período de receso en el Senado era mucho más largo que ahora. La Cámara alta trabajaba con los legisladores en sus bancas entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre. 

El motivo tenía un sentido. Los integrantes de la Cámara viajaban desde sus provincias en su mayoría en carruajes, lo que hacía que tuvieran días de viaje para llegar a la Capital, con lo cual solo estaban presentes durante cinco meses en Buenos Aires. La opción posible frente a la necesidad de ocupar un lugar vacante en la Corte era sí o sí la designación en comisión por parte del Presidente. No se podía esperar a la presencia de todos los legisladores porque el cuerpo de Justicia no podía aguardar mientras tanto.

En términos formales y de acuerdo al procedimiento el Gobierno podría insistir si quisiera inclusive luego del 30 de noviembre de este año, con el nombre de García-Mansilla, emitiendo un nuevo decreto de designación en comisión a partir del primero de diciembre y por un año, pero claro está que esto rompería absolutamente el espíritu de los criterios establecidos.

Hoy en la Rosada consideran que, desde el 10 de diciembre, pasadas las elecciones y fuera cual fuera el resultado, la conformación de la Cámara tendrá una presencia libertaria mayor y podrá insistir una vez cumplidos los plazos con estos nombres para la Corte. El tema es que mientras eso ocurra, y si García-Mansilla continúa en su puesto, el ninguneo podría enfurecer aún más a los integrantes de la Cámara alta que tienen varias cuestiones por delante para decidir que al Gobierno le interesan y mucho, previo a octubre.

Mientras tanto, Argentina hoy no recibe inversiones directas del exterior. El consenso político que se logra o no muchas veces lo condiciona. Las inversiones a largo plazo necesitan sí o sí de seguridad jurídica y un contexto previsible que las amerite.

La apertura a los gobernadores para una mejor distribución de la coparticipación, la reforma tributaria y las modificaciones en el mercado laboral que tanto desvelan al Presidente tienen que lograrse en el Congreso y para eso el Ejecutivo necesita sí o sí del voto de los legisladores.

De este modo, en las próximas horas se revelará cómo funcionan los poderes del Estado. Si gana la pulseada el Gobierno, casi encaprichado con los nombres de los magistrados, que considera que más allá de la opinión del Senado y aunque no haya excepcionalidad en la necesidad de cubrir los lugares de la Corte, García-Mansilla puede quedarse hasta noviembre, o los integrantes de la Cámara alta, que intentan poner un freno al Ejecutivo haciendo valer su voto y su enojo, como es el caso de los aliados de Mauricio Macri que votaron en contra de la decisión de Milei por primera vez.

Otra opción es que el propio juez en cuestión resuelva tener decoro y prefiera después de tanto revuelo, hacer taza-taza, e irse para su casa.