La Audiencia de Sevilla y un informe interno complican el afán de Conde-Pumpido de que los tribunales no cuestionen al TC en Europa

Cándido Conde-Pumpido ha dedicado los últimos días a intentar frenar una situación inédita: el cuestionamiento de sentencias del Tribunal Constitucional (TC), que él preside, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pese a que el magistrado considera que el TC puede —y debe— impedir esta situación, varios de sus compañeros y un informe interno realizado por letrados del tribunal indican lo contrario. Para más inri, la Audiencia de Sevilla, el tribunal que busca llevar a Luxemburgo la sentencia de los ERE de Andalucía, se niega a enviar al Constitucional la información que este le reclama.

Y mientras Conde-Pumpido medita sobre este asunto, anticipando quizás lo que pueda ocurrir con la ley de amnistía, según fuentes jurídicas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha adelantado y ha presentado esta misma semana ante el TJUE un escrito en el que cuestiona la compatibilidad de una sentencia del Constitucional con el Derecho de la Unión Europea.

En lo que se refiere a la Audiencia Provincial de Sevilla, el tiempo corre: el 19 de marzo este tribunal dio un plazo de 10 días a las partes para que se pronunciaran sobre la posibilidad de emitir una cuestión prejudicial a Luxemburgo. De modo que, al menos sobre el papel, el escrito podría enviarse a partir de finales de la próxima semana.

¿Se puede cuestionar al Constitucional ante el TJUE?

Cándido Conde-Pumpido considera que no. Su postura se sostiene esencialmente en el artículo 92 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que establece que este órgano "velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones". Este artículo da capacidad ejecutoria al TC, que no es un tribunal jurisdiccional, y lo habilita para hacer cumplir sus sentencias.

Para ello "podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución". Asimismo, podrá "declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de estas", tal y como recoge la citada norma. Otro de los artículos en los que se apoya la tesis defendida por Conde-Pumpido es el 87 de la LOTC, que dice: "Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva".

Sin embargo, fuentes del órgano de garantías consultadas por este periódico señalan que la vinculación de los tribunales españoles a lo resuelto por el Tribunal Constitucional no implica que estos no puedan acudir al TJUE para consultar resoluciones. Estas disposiciones, como el resto, "se deben interpretar en relación con el conjunto del ordenamiento jurídico". Esto implica también al derecho europeo, que tiene "primacía" sobre el de los Estados miembros de la Unión Europea.

Asimismo, un primer informe interno encargado por el presidente y elaborado por los letrados del tribunal ha concluido que no se puede impedir que un tribunal jurisdiccional plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE en la que se ponga en duda una resolución del Tribunal Constitucional. Tal y como adelantó El Español y ha confirmado este periódico, el informe subraya que el Constitucional no puede "impedir, limitar o disuadir a un órgano jurisdiccional inferior de plantear una cuestión prejudicial".

Fuentes del tribunal alineadas con lo expuesto en el citado informe de los letrados señalan a este periódico que la jurisprudencia europea "es clara" a este respecto. Por otro lado, todas coinciden en señalar que ya no hay "nada que hacer" respecto a la cuestión planteada por el TSJM, que ya está "en manos de Europa", y lo mismo ocurrirá si el TC no actúa antes de que la Audiencia de Sevilla haga lo propio.

El plante de la Audiencia de Sevilla

El año pasado, el Tribunal Constitucional estimó los recursos de amparo de varios de los condenados por el caso de los ERE de Andalucía, entre ellos los de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y ordenó a la Audiencia de Sevilla que reformule la sentencia en que los condenó. La Audiencia, "ante la coyuntura de dictar esos nuevos pronunciamientos", dictó una providencia el pasado miércoles en la que expuso la posibilidad de que las valoraciones del Constitucional "no sean del todo compatibles con el derecho de la Unión".

En ese mismo escrito, acordó conferir a las partes un plazo de 10 días para que se pronuncien sobre "el posible planteamiento de una cuestión prejudicial" ante el TJUE. Entre otras cuestiones, la Audiencia preguntó "si el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en la función de control que le corresponde, invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar, a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos".

Conde-Pumpido, preocupado por estas apreciaciones y por la intención de la Audiencia de Sevilla de acudir a Luxemburgo, expuso en el Pleno de esta semana su postura. A su juicio, el tribunal que preside debe evitar que la cuestión prejudicial se traslade al TJUE. El primer paso que dio el magistrado fue solicitar al tribunal sevillano la providencia del pasado miércoles, de la que tuvo conocimiento a través de los medios. Todo para encontrarse con el plante de la Audiencia, que en lugar de remitir el escrito ha pedido al Constitucional que "justifique" la razón de la solicitud.

Huelga decir que esto ha causado estupor en ciertos sectores del órgano de garantías que pretendían recibir la providencia para poder estudiar una respuesta a la situación. Las reticencias de la Audiencia de Sevilla a la hora de enviar el escrito, junto al informe interno del Constitucional y las discrepancias en el Pleno del tribunal, parecen complicar los planes de Conde-Pumpido, convencido de que ninguna sentencia del órgano debe cuestionarse ante la justicia europea.