Adam Peña nació en California, donde vivió toda su vida. Hijo de ciudadanos estadounidenses, ejerce la abogacía en el condado Imperial, una región cercana a la frontera con México. Su carrera estuvo dedicada a la defensa de comunidades vulnerables, especialmente inmigrantes y trabajadores latiFnos.

A lo largo de los años, integró organizaciones de ayuda legal, donde representa a personas en procesos migratorios y mantiene una participación activa en asociaciones profesionales. Superó controles de identidad rigurosos y jamás enfrentó dudas sobre su ciudadanía. Sin embargo, todo cambió tras recibir una notificación oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La orden del DHS para abandonar EE.UU. a un abogado estadounidense

En abril, Peña recibió un correo enviado desde una cuenta del Student and Exchange Visitor Program (SEVP), una dependencia del DHS destinada a estudiantes internacionales. El mensaje le ordenaba abandonar el país voluntariamente, en un proceso informalmente conocido como “autodeportación”.

El abogado no mantiene vínculos con ese programa ni solicitó nunca una visa de estudiante. La comunicación no ofrecía explicaciones ni fundamentos claros; solo le indicaba que debía dejar el país. “No tengo a dónde ir. Este es mi país”, declaró Peña, visiblemente consternado, en diálogo con NBC San Diego.

La Constitución de Estados Unidos protege el derecho de todo ciudadano a permanecer en el país. Ninguna agencia puede ordenar su expulsión. Sin embargo, fallas en las bases de datos federales y errores administrativos provocó que personas con ciudadanía plena reciban notificaciones como la que afectó a Peña.

Existen otros reportes sobre situaciones similares. Ciudadanos estadounidenses recibieron comunicaciones erróneas por parte del SEVP, confundidos con extranjeros en situación temporal. En todos los casos, la carga recae sobre los afectados, quienes deben demostrar que poseen un derecho que debería reconocerse automáticamente.

Colegas de Adam Peña le muestran su empatía y apoyo

Tras conocerse el hecho, colegas del ámbito jurídico expresaron su respaldo a Peña. Diversas organizaciones de derechos civiles manifestaron preocupación ante el precedente que este tipo de episodios podría establecer. El abogado ya presentó una queja formal ante el DHS y evalúa iniciar acciones legales para impedir nuevas vulneraciones de este tipo.

El caso generó una ola de solidaridad y renovó los pedidos para que se refuercen los mecanismos de protección de datos. Aunque no se trata de un hecho aislado, el impacto fue mayor por la visibilidad del involucrado, un abogado defensor de derechos migratorios, con pleno conocimiento del sistema.

Riesgos de un sistema automatizado con fallas

El sistema SEVP gestiona información de más de un millón de estudiantes extranjeros. Tiene acceso a bases de datos interconectadas, lo cual, si no se controla debidamente, puede ocasionar cruces erróneos. Cuando las plataformas automatizadas fallan, incluso ciudadanos con documentación en regla pueden ser blanco de acciones inadecuadas.

Especialistas en derecho migratorio advierten que esta clase de errores no solo generan angustia y confusión, sino que también vulneran principios constitucionales básicos. En este sentido, el caso de Peña ilustra una problemática que requiere atención inmediata.

Hasta el momento, el gobierno de California no emitió declaraciones al respecto. No obstante, diversas entidades estatales promueven iniciativas para mejorar el manejo de datos por parte de agencias federales.

Entre las propuestas figura el fortalecimiento de protocolos de verificación y la creación de sistemas de revisión humana para corregir errores antes de emitir notificaciones sensibles. A su vez, organizaciones de derechos civiles impulsan reformas que garanticen mayor transparencia en los procesos migratorios.