En defensa de la presunción de inocencia

Hemos llegado a un punto por culpa de leyes mal hechas y de políticos ignorantes en que es necesario defender la presunción de inocencia de cualquier ciudadano. Escribo esto tras ser absuelto el futbolista Dani Alves de un delito de agresión sexual por el TSJC, que revoca así la condena emitida hace un año por la Audiencia de Barcelona. Por supuesto que todavía queda a la denunciante la posibilidad de recurrir al Supremo, pero lo expuesto en la última resolución judicial es muy concluyente, y lo ha decidido por unanimidad el pleno de la Sección de Apelaciones. De los cuatro magistrados, tres son mujeres, y una de ellas ha sido además la ponente de la sentencia, la cual no acredita que el deportista agrediera sexualmente a la joven en los baños de la discoteca Sutton, y considera que el fallo inicial condenatorio presentaba "una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias".

Solo Alves y la denunciante saben exactamente qué paso, pero la justicia solo puede valorar hechos y pruebas, y el calificativo de "víctima" tampoco equivale a un dogma de veracidad, pues de lo contrario no haría falta que hubiera un juicio. Si como afirma el art. 14 de la Constitución, los españoles somos iguales ante la ley, sin discriminación de ningún tipo, el testimonio de la víctima no está por encima de la presunción de inocencia del acusado si la denuncia no se acompaña de un relato que sea fiable. La sentencia del TSJC razona que, viendo las pruebas (cámaras, testigos, informes médicos, declaraciones de parte, etc.), hay hechos que se denunciaron que no quedan acreditados. Y si hay cosas probadamente inciertas, eso afecta a la fiabilidad del resto del relato. La pregunta es por qué la Audiencia condenó a Alves sin base probatoria, solo por el testimonio de la joven aun habiendo caído en manifiestas contradicciones.

Pero lo escandaloso no es que un tribunal superior corrija a otro. Eso ocurre en bastantes ocasiones porque, afortunadamente, nuestro sistema judicial es garantista. Lo triste es que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, estalle contra la sentencia con el demagógico argumento de que "las denuncias de las mujeres jóvenes contra los poderosos están por encima de la presunción de inocencia". También desde Podemos han dicho barbaridades como que se trata de un caso de "violencia institucional y justicia patriarcal". Y al festival de disparates contra los jueces se han apuntado también desde Junts y Sumar. Más les valdría a todos leer el comunicado de la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia que ha defendido la valentía de la sentencia, a la que no le falta perspectiva de género. Solo que no se puede condenar de cualquier modo.