El rearme del sector crítico en Esquerra pone en jaque los pactos con el PSC

En apariencia, Esquerra Republicana es la fuerza secesionista cuyos éxitos obtienen más proyección en el Parlament. En virtud del acuerdo de investidura que alcanzó con el socialista Salvador Illa, los republicanos han arrancado significativas cesiones a los socialistas como el traspaso completo de Rodalies a Cataluña, en un momento de caos ferroviario que el separatismo atribuye a que parte de la gestión es aún estatal, o la puesta en marcha de un concierto económico para Cataluña, una vieja aspiración del nacionalismo que, más allá de su concreción real, supone un activo para su electorado. Asimismo, gracias a la debilidad parlamentaria de Illa, han impuesto su agenda en materia de un asunto tan candente como la vivienda, asumiendo el PSC el redactado republicano en el reciente decreto para endurecer la normativa sobre el alquiler de temporada.

Paradójicamente, la formación republicana está sufriendo su momento más crítico en el plano interno desde las primarias que auparon a la presidencia a Oriol Junqueras el pasado diciembre. A la sazón, la guerra intestina en ERC alcanzó su punto culminante, con la formación escindida entre partidarios y detractores de Junqueras —acusado de autoritario—, y en medio de reproches cruzados sobre la autoría de una estructura secreta dedicada a la guerra sucia, cuyos principales hitos fueron unos carteles 'fake' sobre el supuesto alzheimer de Ernest Maragall o un monigote de Junqueras colgado de un puente. La victoria del exvicepresidente de la Generalitat, y sus gestos con la facción crítica, parecían haber amortiguado estas querellas —que tuvieron mucho de personal—. Sin embargo, esta última corriente ha vuelto a cobrar fuerza imponiéndose recientemente en la federación de Barcelona.

Y es que, tras imponerse la candidatura de la crítica Creu Camacho a la oficialista Eva Baró por apenas poco más de una decena de votos, la primera ya ha declarado su intención de consultar a la militancia sobre la conveniencia de integrarse en el Ejecutivo de Jaume Collboni. Como es sabido, el ingreso en dicho gobierno fue fraguado de espaldas a las bases por la mano derecha de Junqueras, Elisenda Alamany, con lo que el órdago de Camacho vendría a resarcir esa afrenta. Pero, además, con este gesto, los críticos efectúan una demostración de fuerza frente al 'junquerismo', partidario de un entendimiento con los socialistas crecientemente cuestionados por el ala radical.

La alianza con Collboni, sentenciada

De hecho, si la facción critica se sale con la suya y tumba el pacto con Collboni, la victoria resultaría más simbólica que otra cosa. La razón es los junqueristas, en pleno ecuador de la legislatura, parecen no ver sentido ya a una coalición cuyo inevitable desgaste les perjudicaría de cara a las elecciones municipales de 2027. Sin que ello signifique, por lo demás, que el sector oficialista se plantee sus acuerdos globales con el PSC, a los que tanto jugo están extrayendo —recordemos que los republicanos obligaron a Illa a fraccionar en dos partes el suplemento de crédito a los presupuestos para poder seguir cobrándose su apoyo con más concesiones—.

Unos acuerdos cuyas aristas, por otro lado, están deteriorando la imagen de Junqueras. Gracias a ellos, el líder republicano ha conseguido que la Diputación de Barcelona, en manos del PSC, haya contratado en los últimos meses como asesores a distintos altos cargos de Esquerra, entre los que se cuentan el vicesecretario general de comunicación, Isaac Albert; y la vicesecretaria general de políticas sectoriales, Norma Pujol. Pero, al mismo tiempo, la operación, que colma las necesidades pecuniarias de estos cargos —que carecen de otra retribución— mina la autoridad de Junqueras ante la militancia, que no ve con buenos ojos sus componendas con los socialistas. Sobre todo, porque hacen difícil de creer que el jefe de ERC, tal y como se esfuerza en aparentar, pueda hacer caer en cualquier momento al PSC, la mano que le está dando de comer en la Diputación.