El PSOE de Torremolinos, en lucha por 40 familias de un barrio popular ante la amenaza de desahucio
El barrio de El Calvario, uno de los rincones más emblemáticos de Torremolinos, vive horas de incertidumbre y angustia. Cuarenta familias, que durante más de una década han hecho de estos hogares su refugio y su vida, se encuentran ahora al borde del abismo, enfrentándose a la pesadilla del desahucio. Ante esta situación, el PSOE de Torremolinos ha alzado su voz con firmeza, exigiendo tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento que no permitan que estos vecinos queden a merced de la especulación y el desamparo. El secretario general del PSOE local, Antonio Ruiz, ha sido rotundo en su defensa de estas familias: "Quiere impedir que estos hogares, construidos con sacrificio y esfuerzo, pasen a engrosar el parque especulativo de la vivienda. Los vecinos deben poder seguir viviendo en sus casas de forma asequible, se trata de cuestión de justicia, de humanidad y de responsabilidad pública", ha señalado. Un laberinto judicial que asfixia a los vecinos El drama de estas familias no es reciente. Durante años han abonado puntualmente sus rentas de alquiler a sociedades mercantiles vinculadas a un promotor que, tras caer en la quiebra, eludió su responsabilidad hipotecaria, dejándolos atrapados en una maraña de procedimientos judiciales de los que jamás fueron informados ni considerados parte. Ahora, tras años de incertidumbre, se enfrentan a la brutal realidad: sus hogares están en venta y ellos, que han construido aquí sus vidas, corren el riesgo de ser expulsados sin que nadie les reconozca siquiera como inquilinos legítimos. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Maribel Tocón, ha señalado la gravedad de la situación: "Nos encontramos ante un claro caso de vulnerabilidad social. Estas familias han sido ignoradas en todo el proceso judicial y ahora se ven amenazadas con perder sus hogares sin posibilidad de defensa". En un contexto del mercado de la vivienda como el actual, los socialistas han afirmado que "ello conduce a una situación de vulnerabilidad aún mayor de la que por sí tienen la mayoría de los ocupantes de estas casas". Se trata, tal y como ha relatado el PSOE, "de familias con escasos recursos que han visto como en ningún momento se las ha tenido en cuenta en este proceso judicial que conduce a la venta de sus pisos sin posibilidad de que se les reconozcan como inquilinos". Un mercado despiadado y una administración que no puede mirar hacia otro lado El contexto actual no podría ser más adverso. En plena crisis del acceso a la vivienda, con alquileres desorbitados y precios que expulsan a las clases más modestas de sus propios barrios. Para Antonio Ruiz, "es importante que desde los poderes públicos velemos por el interés general y proteger a los más vulnerables en algo tan fundamental como la vivienda, articulando fórmulas que protejan a los ciudadanos ante este tipo de situaciones, en las que deben enfrentarse a empresas que utilizan los complicados procesos judiciales para enriquecerse". Por ello, e independientemente del resultado de los procesos judiciales en los que los vecinos no han intervenido...
El barrio de El Calvario, uno de los rincones más emblemáticos de Torremolinos, vive horas de incertidumbre y angustia. Cuarenta familias, que durante más de una década han hecho de estos hogares su refugio y su vida, se encuentran ahora al borde del abismo, enfrentándose a la pesadilla del desahucio. Ante esta situación, el PSOE de Torremolinos ha alzado su voz con firmeza, exigiendo tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento que no permitan que estos vecinos queden a merced de la especulación y el desamparo. El secretario general del PSOE local, Antonio Ruiz, ha sido rotundo en su defensa de estas familias: "Quiere impedir que estos hogares, construidos con sacrificio y esfuerzo, pasen a engrosar el parque especulativo de la vivienda. Los vecinos deben poder seguir viviendo en sus casas de forma asequible, se trata de cuestión de justicia, de humanidad y de responsabilidad pública", ha señalado. Un laberinto judicial que asfixia a los vecinos El drama de estas familias no es reciente. Durante años han abonado puntualmente sus rentas de alquiler a sociedades mercantiles vinculadas a un promotor que, tras caer en la quiebra, eludió su responsabilidad hipotecaria, dejándolos atrapados en una maraña de procedimientos judiciales de los que jamás fueron informados ni considerados parte. Ahora, tras años de incertidumbre, se enfrentan a la brutal realidad: sus hogares están en venta y ellos, que han construido aquí sus vidas, corren el riesgo de ser expulsados sin que nadie les reconozca siquiera como inquilinos legítimos. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Maribel Tocón, ha señalado la gravedad de la situación: "Nos encontramos ante un claro caso de vulnerabilidad social. Estas familias han sido ignoradas en todo el proceso judicial y ahora se ven amenazadas con perder sus hogares sin posibilidad de defensa". En un contexto del mercado de la vivienda como el actual, los socialistas han afirmado que "ello conduce a una situación de vulnerabilidad aún mayor de la que por sí tienen la mayoría de los ocupantes de estas casas". Se trata, tal y como ha relatado el PSOE, "de familias con escasos recursos que han visto como en ningún momento se las ha tenido en cuenta en este proceso judicial que conduce a la venta de sus pisos sin posibilidad de que se les reconozcan como inquilinos". Un mercado despiadado y una administración que no puede mirar hacia otro lado El contexto actual no podría ser más adverso. En plena crisis del acceso a la vivienda, con alquileres desorbitados y precios que expulsan a las clases más modestas de sus propios barrios. Para Antonio Ruiz, "es importante que desde los poderes públicos velemos por el interés general y proteger a los más vulnerables en algo tan fundamental como la vivienda, articulando fórmulas que protejan a los ciudadanos ante este tipo de situaciones, en las que deben enfrentarse a empresas que utilizan los complicados procesos judiciales para enriquecerse". Por ello, e independientemente del resultado de los procesos judiciales en los que los vecinos no han intervenido...
