El juez que investiga a Ábalos pide a la UCO que analice las obras señaladas por Aldama por supuestos amaños

El magistrado ve “indicios bastantes” de delito contra la expresidenta de ADIF por la contratación de una de las exparejas del que fuera ministro de Transportes y remite su testimonio a la Audiencia Nacional para que decida sobre su imputación La UCO cree que Ábalos recibió prebendas por sus gestiones relacionadas con el rescate de Air Europa El juez que investiga a José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que haga un informe sobre la adjudicación de las obras señaladas por el supuesto conseguidor del caso Koldo, Víctor Aldama, por presuntos amaños. En un auto fechado este miércoles, el magistrado Leopoldo Puente reclama a esta unidad policial que identifique a la empresa que finalmente resultara adjudicataria de cada una de las obras y fiscalice su procedimiento de adjudicación. El juez Puente adopta esta decisión después de que un informe pericial encargado por él mismo concluyera que el exasesor Koldo García es el autor de las notas manuscritas sobre supuestos contratos de obra pública “preadjudicados” a cambio de mordidas que Aldama atribuye a Ábalos. El documento aportado por Aldama es un anexo de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que el supuesto conseguidor presento en el Supremo con supuestas obras públicas preadjudicadas y de un pantallazo que aportó para intentar sustentar esos presuntos amaños, con una nota manuscrita sujeta por una mano. Por otro lado, el magistrado Puente apunta en el mismo auto la existencia de “indicios bastantes” de que la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera participó en la “posiblemente irregular y caprichosa” contratación de una de las exparejas del que fuera ministro, Jéssica Rodríguez, en dos empresas públicas en las que cobró una nómina durante dos años y medios sin realizar “actividad laboral alguna”. El juez dice que Rodríguez fue “escogida libérrimamente” por Ábalos “con la relevante participación” de Koldo García. En consecuencia, acuerda remitir al juzgado que investiga parte de ese caso en la Audiencia Nacional las actuaciones relacionadas con la contratación de Jessica Rodríguez en dos empresas públicas “para que valore la existencia de posibles indicios de criminalidad” en la actuación de Pardo de Vera y acuerde, en su caso, tomarle declaración como investigada. El magistrado sostiene que la competencia sobre esos hechos es del tribunal especial. El juez rechaza las diligencias que pidió Ábalos por “inútiles” Asimismo, el magistrado rechaza la batería de diligencias solicitadas por Ábalos, al considerar que “no resultan pertinentes, útiles ni necesarias” para la investigación. El exministro había solicitado la declaración como testigo de quien fuera su compañero de gabinete, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como de su 'número dos', el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Ábalos pidió su comparecencia alegando que su departamento había adquirido una importante cantidad de mascarillas a la empresa de la trama que se investiga en el caso Koldo. El juez sostiene que no se ha identificado “irregularidad alguna” en esa adjudicación y apunta que Grande-Marlaska y Pérez no tienen “ninguna relación reconocible e identificada” con los contratos investigados, por lo que su declaración sólo serviría para engrosar “artificial e inútilmente la presente instrucción hasta convertirla en definitivamente ingobernable”. Por otro lado, Ábalos reclamó también la citación como testigos del capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, un agente al que su defensa relaciona con el inicio de la investigación del caso Koldo en la UCO y que ahora trabaja para la Comunidad de Madrid; y al subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez. Por otro lado, pide que testifiquen tres personas que ocupaban el piso del Paseo de la Castellana que los investigadores vinculan a sus tratos con el supuesto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. El magistrado también rechaza estas peticiones. Respecto a los guardias civiles, sostiene que la defensa de Ábalos no detalló las razones que justificarían su citación e insiste en que “el mero aluvión de diligencias” no esenciales para la causa no aportan ningún beneficio. Sobre los ocupantes de la vivienda, cree que su declaración tampoco es pertinente: “Sobra (...) que comparezcan a confirmar un extremo que nadie aquí cuestiona”. Recuerda el juez que tanto Ábalos como Aldama admitieron que el piso en cuestión se encontraba ocupado por terceras personas cuando se hizo aquel contrato e insiste en que se trata de un hecho sin relevancia dado que el supuesto conseguidor dijo que el contrato era una garantía para Ábalos de las supuestas “comisiones futuras comprometidas” a cambio de adjudicaciones y que en ningún caso la intención era que el ministro lo ocupara de forma inmediata.

Abr 23, 2025 - 14:32

El magistrado ve “indicios bastantes” de delito contra la expresidenta de ADIF por la contratación de una de las exparejas del que fuera ministro de Transportes y remite su testimonio a la Audiencia Nacional para que decida sobre su imputación

La UCO cree que Ábalos recibió prebendas por sus gestiones relacionadas con el rescate de Air Europa

El juez que investiga a José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que haga un informe sobre la adjudicación de las obras señaladas por el supuesto conseguidor del caso Koldo, Víctor Aldama, por presuntos amaños. En un auto fechado este miércoles, el magistrado Leopoldo Puente reclama a esta unidad policial que identifique a la empresa que finalmente resultara adjudicataria de cada una de las obras y fiscalice su procedimiento de adjudicación.

El juez Puente adopta esta decisión después de que un informe pericial encargado por él mismo concluyera que el exasesor Koldo García es el autor de las notas manuscritas sobre supuestos contratos de obra pública “preadjudicados” a cambio de mordidas que Aldama atribuye a Ábalos. El documento aportado por Aldama es un anexo de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que el supuesto conseguidor presento en el Supremo con supuestas obras públicas preadjudicadas y de un pantallazo que aportó para intentar sustentar esos presuntos amaños, con una nota manuscrita sujeta por una mano.

Por otro lado, el magistrado Puente apunta en el mismo auto la existencia de “indicios bastantes” de que la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera participó en la “posiblemente irregular y caprichosa” contratación de una de las exparejas del que fuera ministro, Jéssica Rodríguez, en dos empresas públicas en las que cobró una nómina durante dos años y medios sin realizar “actividad laboral alguna”. El juez dice que Rodríguez fue “escogida libérrimamente” por Ábalos “con la relevante participación” de Koldo García.

En consecuencia, acuerda remitir al juzgado que investiga parte de ese caso en la Audiencia Nacional las actuaciones relacionadas con la contratación de Jessica Rodríguez en dos empresas públicas “para que valore la existencia de posibles indicios de criminalidad” en la actuación de Pardo de Vera y acuerde, en su caso, tomarle declaración como investigada. El magistrado sostiene que la competencia sobre esos hechos es del tribunal especial.

El juez rechaza las diligencias que pidió Ábalos por “inútiles”

Asimismo, el magistrado rechaza la batería de diligencias solicitadas por Ábalos, al considerar que “no resultan pertinentes, útiles ni necesarias” para la investigación. El exministro había solicitado la declaración como testigo de quien fuera su compañero de gabinete, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como de su 'número dos', el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Ábalos pidió su comparecencia alegando que su departamento había adquirido una importante cantidad de mascarillas a la empresa de la trama que se investiga en el caso Koldo.

El juez sostiene que no se ha identificado “irregularidad alguna” en esa adjudicación y apunta que Grande-Marlaska y Pérez no tienen “ninguna relación reconocible e identificada” con los contratos investigados, por lo que su declaración sólo serviría para engrosar “artificial e inútilmente la presente instrucción hasta convertirla en definitivamente ingobernable”.

Por otro lado, Ábalos reclamó también la citación como testigos del capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, un agente al que su defensa relaciona con el inicio de la investigación del caso Koldo en la UCO y que ahora trabaja para la Comunidad de Madrid; y al subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez. Por otro lado, pide que testifiquen tres personas que ocupaban el piso del Paseo de la Castellana que los investigadores vinculan a sus tratos con el supuesto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

El magistrado también rechaza estas peticiones. Respecto a los guardias civiles, sostiene que la defensa de Ábalos no detalló las razones que justificarían su citación e insiste en que “el mero aluvión de diligencias” no esenciales para la causa no aportan ningún beneficio. Sobre los ocupantes de la vivienda, cree que su declaración tampoco es pertinente: “Sobra (...) que comparezcan a confirmar un extremo que nadie aquí cuestiona”.

Recuerda el juez que tanto Ábalos como Aldama admitieron que el piso en cuestión se encontraba ocupado por terceras personas cuando se hizo aquel contrato e insiste en que se trata de un hecho sin relevancia dado que el supuesto conseguidor dijo que el contrato era una garantía para Ábalos de las supuestas “comisiones futuras comprometidas” a cambio de adjudicaciones y que en ningún caso la intención era que el ministro lo ocupara de forma inmediata.