_andalucia.jpg?v=63913045047)
.jpg)
.jpg)
El juez Peinado y la ultraderecha, un año sin conclusiones en el 'caso Begoña'
Tras más de una año de investigación, más de una treintena de testigos y montañas de papeles, el juez Juan Carlos Peinado no ha hallado pruebas que sustenten las acusaciones contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Aun así, se niega a archivar una causa que nació de recortes de prensa y bulos propagados por la ultraderecha. Después de un año de investigación judicial, el juez Juan Carlos Peinado no ha conseguido acreditar delito alguno en la actuación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La causa, que se abrió en abril de 2024 a raíz de una querella presentada por Manos Limpias, un pseudosindicato con fuertes vínculos con la extrema derecha, fue admitida a trámite basándose únicamente en rumores, titulares de prensa sin contrastar y bulos difundidos por los habituales altavoces mediáticos del trumpismo ibérico. Lo que comenzó como un supuesto caso de tráfico de influencias y corrupción ha derivado, tras doce meses de diligencias, en una extensa investigación que no ha aportado más que pruebas de inocencia. Informes de la Guardia Civil, declaraciones testificales e incluso documentación aportada por las propias instituciones implicadas coinciden en un punto: no hay delito. Un proceso sin pruebas, pero con imputaciones Durante este tiempo, el juez Peinado ha abierto líneas de investigación sobre cinco supuestos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Cada una de ellas ha terminado estrellándose contra la realidad: no existe rastro de irregularidades por parte de Gómez. Pese a ello, y en un ejercicio de instrucción que roza el ensañamiento judicial, el magistrado ha decidido prorrogar la causa otros seis meses, ignorando no solo las pruebas recabadas sino también las advertencias de la Audiencia Provincial de Madrid. Las actuaciones del juez no solo se han mostrado infundadas, sino que han dejado tras de sí un reguero de errores, vulneraciones de derechos y actuaciones más propias de un inquisidor que de un juez de instrucción. Desde registros anulados por ilegales hasta imputaciones basadas en interpretaciones distorsionadas de declaraciones testificales, el caso Peinado empieza a oler más a persecución política que a justicia. Red.es: una línea agotada desde el principio Uno de los pilares de la acusación inicial fue la supuesta intervención de Gómez para beneficiar a dos empresas en contratos públicos con Red.es por valor de 10 millones de euros. La realidad es otra: la Guardia Civil ha dejado claro que no hubo ninguna irregularidad. Analizó todo el proceso de licitación, entrevistó a los responsables de contratación, revisó puntuaciones y comprobó que no existía relación alguna entre Gómez y los adjudicatarios. De hecho, una de las empresas, Innova Next, presentó más de treinta cartas de apoyo de entidades públicas y privadas, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP de Isabel Díaz Ayuso. Una de esas cartas estaba firmada por Gómez en calidad de codirectora de una cátedra universitaria. Nada más. Ni indicios, ni tráfico de influencias, ni trato de favor. Pese a ello, el...
Tras más de una año de investigación, más de una treintena de testigos y montañas de papeles, el juez Juan Carlos Peinado no ha hallado pruebas que sustenten las acusaciones contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Aun así, se niega a archivar una causa que nació de recortes de prensa y bulos propagados por la ultraderecha. Después de un año de investigación judicial, el juez Juan Carlos Peinado no ha conseguido acreditar delito alguno en la actuación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La causa, que se abrió en abril de 2024 a raíz de una querella presentada por Manos Limpias, un pseudosindicato con fuertes vínculos con la extrema derecha, fue admitida a trámite basándose únicamente en rumores, titulares de prensa sin contrastar y bulos difundidos por los habituales altavoces mediáticos del trumpismo ibérico. Lo que comenzó como un supuesto caso de tráfico de influencias y corrupción ha derivado, tras doce meses de diligencias, en una extensa investigación que no ha aportado más que pruebas de inocencia. Informes de la Guardia Civil, declaraciones testificales e incluso documentación aportada por las propias instituciones implicadas coinciden en un punto: no hay delito. Un proceso sin pruebas, pero con imputaciones Durante este tiempo, el juez Peinado ha abierto líneas de investigación sobre cinco supuestos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Cada una de ellas ha terminado estrellándose contra la realidad: no existe rastro de irregularidades por parte de Gómez. Pese a ello, y en un ejercicio de instrucción que roza el ensañamiento judicial, el magistrado ha decidido prorrogar la causa otros seis meses, ignorando no solo las pruebas recabadas sino también las advertencias de la Audiencia Provincial de Madrid. Las actuaciones del juez no solo se han mostrado infundadas, sino que han dejado tras de sí un reguero de errores, vulneraciones de derechos y actuaciones más propias de un inquisidor que de un juez de instrucción. Desde registros anulados por ilegales hasta imputaciones basadas en interpretaciones distorsionadas de declaraciones testificales, el caso Peinado empieza a oler más a persecución política que a justicia. Red.es: una línea agotada desde el principio Uno de los pilares de la acusación inicial fue la supuesta intervención de Gómez para beneficiar a dos empresas en contratos públicos con Red.es por valor de 10 millones de euros. La realidad es otra: la Guardia Civil ha dejado claro que no hubo ninguna irregularidad. Analizó todo el proceso de licitación, entrevistó a los responsables de contratación, revisó puntuaciones y comprobó que no existía relación alguna entre Gómez y los adjudicatarios. De hecho, una de las empresas, Innova Next, presentó más de treinta cartas de apoyo de entidades públicas y privadas, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP de Isabel Díaz Ayuso. Una de esas cartas estaba firmada por Gómez en calidad de codirectora de una cátedra universitaria. Nada más. Ni indicios, ni tráfico de influencias, ni trato de favor. Pese a ello, el...
