El Gobierno también pide datos a grandes energéticas como Repsol o Moeve sobre el apagón y evita cesar a Corredor

La "auditoría" que dirige la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sobre las causas del apagón masivo del 28 de abril sale de los límites de los "operadores" clásicos de electricidad y se extiende también a cualquiera de las grandes empresas del sector de la energía que acumulen en sus distintas instalaciones una potencia de 1.000 MW. Esta categoría incluye también a energéticas como Moeve o Repsol, a las que el Gobierno también ha pedido información sobre el funcionamiento de sus centros antes del apagón, que esperaba que remitieran este mismo lunes. En todo caso, el Ejecutivo evita, de momento, pedir el cese de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, señalada por su cargo de responsabilidad en el operador eléctrico.

La antigua Cepsa, Repsol o Eni entran dentro de la categoría de grandes empresas dedicadas a la energía en España y propietarias de instalaciones que solas —las menos— o de manera agregada suman 1.000 megavatios de potencia, el umbral a partir del cual Aagesen reclamó este fin de semana datos, más allá de los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ella misma pidieron la semana pasada a los representantes de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Acciona y EDP, con los que se reunieron en Moncloa. A ellos les solicitaron "colaboración" para esclarecer las causas del apagón, que se tradujo en la reclamación de "miles y miles de datos", según dijo la vicepresidenta un día después.

Este lunes, Aagesen indicaba en una entrevista en TVE que desde entonces se han ampliado los planes para investigar lo ocurrido, como la petición de "más de 4.000 registros oscilográficos" de las instalaciones en el sur y el suroeste peninsular, donde se han identificado de momento tres oscilaciones del sistema eléctrico que terminaron en el "cero nacional" poco después de las doce y media del mediodía del 28 de octubre. Los indagadores del Gobierno también van a empezar a visitar los más de 30 centros de operación y ampliar a todas grandes las empresas generadoras de electricidad la petición de información sobre qué ocurrió en sus instalaciones en aquel momento.

"No solo pedimos información a los operadores, sino que activamos a los distribuidores y a los que tienen plantas que generan una potencia superior a 1.000 MW para incorporar certeza de los que ocurrió y dónde ocurrió", explicó Aagesen, que les dio de plazo hasta la reunión de este lunes del órgano que investiga el apagón. Este martes habrá otra, en la que participará Red Eléctrica.

De eléctricas a energéticas; de renovables al gas

Esta nueva categoría de empresas y la potencia de sus instalaciones supone abrir el enfoque desde las empresas eléctricas a las energéticas en general y, al menos en parte, desde solo las instalaciones fotovoltaicas -en el centro de las sospechas como origen del apagón- hacia otras tecnologías, en particular, a la generación de electricidad con gas en instalaciones de ciclo combinado. El propósito es conocer su situación y cómo estaban operando cuando se produjo el apagón.

De acuerdo al mapa de instalaciones generadoras de electricidad de Red Eléctrica, las instalaciones que por sí solas tienen una potencia superior a 1.000 MW en las zonas donde se han detectado las oscilaciones antes del apagón del 28 de abril -el sur y el suroeste-, sólo figuran dos ciclos combinados —de Arcos de la Frontera, en Cádiz, y de Palos de la Frontera, en Huelva—, más otro más en Cartagena, Murcia, si se amplía todavía más el mapa. En Extremadura, casi llegaría a los 1.000 Mw la hidroeléctrica del embalse de Alcántara y los dos reactores de la central nuclear de Almaraz, que suman 2.017 MW.

Sin embargo, esta petición de información no es por instalaciones individuales, sino por grupos de la misma propiedad que sumen los 1.000 MW, lo que abre la puerta a empresas que, además de las eléctricas con las que se reunió Sánchez en Moncloa, se dedican a la energía y a la generación de electricidad.