El Gobierno lleva al Congreso la reducción de jornada laboral al Congreso sin apoyos suficientes

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas, tres meses después de que viera luz verde por primera vez. El texto llega ahora al Congreso de los Diputados, la siguiente etapa en la carrera de obstáculos que atraviesa la medida estrella de Yolanda Díaz, donde se encontrará con un nuevo escollo. Junts tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad que amenaza con tumbar la norma y devolver la pelota al tejado del Ejecutivo. El PP ha confirmado este martes su rechazo a la medida, que tampoco cuenta con el apoyo de los empresarios.

"El Gobierno ha hecho sus tareas, hoy hemos aprobado una norma que cambia la vida de la gente. Hemos cumplido", ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Díaz ha señalado que la medida afectará a 12,5 millones de trabajadores, especialmente entre sectores como el comercio, las manufacturas, la hostelería o la construcción. Además, supondrá un recorte horario de 48 minutos por semana, ha trasladado.

En su intervención tras la reunión de los ministros, Díaz ha señalado que ven "margen para la negociación" con Junts y ha emplazado al PP a decidir "si lo que le preocupa es golpear al Gobierno o cambiar la vida de la gente". También ha dedicado un mensaje a la patronal y ha señalado que las empresas que se oponen a la reducción son minoría. "Las empresas ya están negociando jornadas que van en esta dirección. Son unas pocas empresas las que tienen planteamientos de trabajo que miran más a la época de mi padre que al siglo XXI", ha expresado.

El texto que llega al Parlamento, al que ha tenido acceso este periódico, es muy similar al que Trabajo pactó con los sindicatos a finales del año pasado. En él se plantea una reducción de la jornada laboral máxima por ley desde las 40 horas actuales hasta las 37,5 horas actuales sin pérdida de salario, con otras medidas como la digitalización obligatoria del registro horario y el derecho a la desconexión digital. No obstante, incluye algunas novedades relevantes. Por ejemplo, extiende a todas las empresas (y no solo a aquellas con convenio) la obligación de aplicar la reducción de jornada antes del 31 de diciembre de 2025. Una referencia temporal que Yolanda Díaz ha eludido garantizar cuando se le ha preguntado por ella tras el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Trabajo ha sido muy reacio a modificar el texto en la fase de elaboración, pero en varias ocasiones ha deslizado que está dispuesto a introducir cambios una vez la norma aterrice en el Congreso. En particular, las medidas de apoyo a pequeñas empresas, con bonificaciones a las contrataciones que se realicen con motivo del recorte horario o mayor flexibilidad para distribuir irregularmente la jornada.

Sin apoyos cerrados y con rechazo patronal

El Parlamento recibe el texto sin tener una mayoría cerrada. Salvo Junts, el resto de los socios parlamentarios del Gobierno apoyan la medida, pero el voto afirmativo de los posconvergentes es imprescindible para que la norma salga adelante. La portavoz en el Congreso de la formación independentista, Miriam Nogueras calificó la medida de "un ataque frontal a pymes y autónomos". Además, se quejó de que el contenido del proyecto de ley no se ha negociado con Junts y solo se ha discutido "con sindicatos españoles".

Otra posible llave para desbloquear la medida sería el apoyo del PP. Una posibilidad que desde el departamento que dirige Yolanda Díaz han llegado a deslizar en alguna ocasión. Sin embargo, los de Feijóo han cerrado la puerta ese lunes a respaldar la medida. El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, ha reiterado su rechazo a la norma que considera una "imposición" y sobre la que "no existe consenso" con los empresarios.

La patronal se ha opuesto férreamente al recorte horario desde el primer momento. Su posición apenas se movió en los 11 meses que duró la negociación entre sindicatos y empresarios. En su último posicionamiento, CEOE ha tachado la medida de "oportunismo político" y sostiene que tendría un "grave impacto sobre la actividad económica y el empleo", con especial afectación en las pymes. También creen que sería problemática en las negociaciones abiertas de los convenios colectivos.

Donde sí parece que hay unidad (al menos por el momento) es en las dos alas del Gobierno, que llegaron a estar amargamente enfrentadas por el diseño de la medida. El cruce de reproches entre Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con acusaciones veladas de ser "mala persona". Economía tiene menos prisa con los plazos y ve necesario introducir medidas de apoyo a las empresas, mientras que Trabajo da mucha importancia a que la medida llegue a tiempo para este año.

Respecto a los plazos, el objetivo de tener publicada en el BOE la reducción de jornada antes de que acaba el año se antoja cada vez más difícil. Aunque se tramita por la vía de urgencia, quedan siete meses para que concluya el año y dos de ellos son en principio inhábiles parlamentariamente.