El Gobierno inició rondas de consultas para conocer la opinión de los usuarios de la Hidrovía

No puede volver a suceder. Después de la fallida licitación de la Hidrovía, que con un solo postulante quedó vacante, algunos usuarios que hacen uso de la autopista fluvial se quejaron de que no habían sido tenidos en cuenta a la hora de lanzar los pliegos.

Quizás para contrastar esta mirada, el Gobierno comunicó el inicio del proceso hacia una nueva licitación con una “Mesa de Dialogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Vía Navegable Troncal”. La reunión se realizó en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires y, con esta operatoria, se busca garantizar “la fortaleza del nuevo proyecto”, según fuentes oficiales.

“Remarcamos el impuso al nuevo proceso licitatorio”, confirman fuentes cercanas al Gobierno. “Vamos a ir reviendo todo lo necesario para tener una licitación que sirva y que llegue a término. Ese es nuestro compromiso”, declaran, en diálogo con LA NACION.

En este marco, se reunieron más de 60 representantes del sector público y privado para dar su opinión sobre el estado de situación y lo que debería venir hacia adelante. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), a cargo de Iñaki Arreseygor, presente en la reunión, es la encargada del armado de los pliegos.

En el encuentro, “se planteó la agenda técnica a trabajar en mesas específicas y se definió continuar con los encuentros en las provincias ribereñas de la vía”, informó Anpyn.

Uno de los presentes, Javier Cervio, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), contó que “se van a producir adecuaciones al pliego anterior, pero la base será la misma. Desde la BCR, planteamos que hay que reforzar la competitividad en cuanto a la carga de los barcos, que tendrían que salir a partir de una profundidad del río de 40 pies completos”. Hoy la profundidad es de 34 pies, por lo que los barcos no pueden completar la carga, y se elevan los costos de exportación.

Otro cambio que plantean los exportadores es que se llame a una licitación por 20 años, y no por 30 años, que era lo que proponía el pliego anterior. “La ley de concesiones públicas tiene en cuenta un nuevo plazo que iguala al plazo vencido para el ganador de la licitación”, explica Cervio, por lo que el plazo máximo sería de 40 años, y no de 60 como se propuso inicialmente. En este sentido, varios empresarios se habían quejado de que la posibilidad de que se opere durante 6 décadas era demasiado.

Además, cuando la AGP tomó el control del peaje de la autopista fluvial, durante el gobierno de Alberto Fernández, el contratista dejó de trabajar “a riesgo empresario”, lo que generó una deuda que hoy pagan los exportadores. El pedido general es que rápidamente se vuelva al método por el cual los trabajos de dragado y balizamiento se realicen a cambio del peaje, y que el riesgo lo corran las mismas empresas que realizan las tareas.

Del primer encuentro participaron, además de los representantes de la BCR, la Cámara de Exportadores de la República Argentina, la Cámara de Importadores de la República Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de la lndustria Aceitera, la Cámara de Puertos Privados, la Cámara de Practicaje, así como delegados de las provincias litoraleñas de la Hidrovía y autoridades de puertos públicos provinciales.

También formaron parte de la Mesa de Diálogo representantes de terminales portuarias privadas, exportadores e importadores, como integrantes de la Mesa de Enlace agropecuaria y representantes sindicales. El próximo encuentro será en mayo, el la BCR.