El gobierno de Javier Milei intenta que el juez Manuel García-Mansilla, designado por decreto en la Corte Suprema de Justicia, se mantenga en funciones, a pesar de que el Senado rechazó su pliego en su última sesión por una robusta mayoría.

El magistrado, cuyo decreto de designación extiende su mandato hasta el fin del año parlamentario, dejó trascender mediante sus allegados que tenía la intención de pedirle a sus colegas del alto tribunal que firmen un documento para que le dieran certeza de su “estatus judicial”, es decir que le digan si puede o no seguir en funciones.

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Finalmente, García-Mansilla no presentó ningún pedido formal en ese sentido, revelaron fuentes consultadas por LA NACION.

En la Corte Suprema hay ánimos diversos: el juez Ricardo Lorenzetti declaró públicamente que la decisión de seguir en el alto tribunal es personal de García-Mansilla y que la resolución del Senado de voltear su pliego es “respetable”.

Y dijo que la Corte no puede pronunciarse acerca de si debe irse o quedarse. “Institucionalmente, la Corte Suprema no tiene en este momento ningún tema judicial para opinar. No damos opiniones sobre temas controvertidos en la radio, tenemos que ver si hay un expediente y ahí opinaremos, por ahora no tenemos nada concreto”, aclaró el magistrado. La Corte, a la larga, deberá expedirse sobre el amparo que le impide a García-Mansilla firmar fallos por tres meses.

En tanto, en los otros colegas del máximo tribunal, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz no realizaron comentarios públicos.

Reacciones en los tribunales

En los tribunales había un clima de comprensión ante la situación del juez, que por un lado estaba tironeado por el Gobierno para que no deje su cargo y, por el otro, con la novedad de la decisión del Senado.

“Somos respetuosos de estos momentos de Manuel, que es un caballero. Estas son las primeras horas de este golpe, es el primer día, hay que entender. Ahora hay un fin de semana por delante, en el que suponemos que reflexionará y tomará una decisión”, dijo a LA NACION una fuente de los tribunales.

Por lo pronto, García-Mansilla no concurrió este viernes a su despacho, en el cuarto piso de los tribunales, lo que alimentó las versiones acerca de que estaba evaluando sus próximos pasos.

Según pudo saber este diario, los funcionarios que dejaron trascender que García-Mansilla debe continuar en su cargo, seguro de la constitucionalidad de su designación, no se comunicaron con la Corte para pedirles que sostengan al juez.

En la Corte, por ahora, son comprensivos de la situación del magistrado, que entiende que es necesario un aval de sus colegas para mantenerse en funciones.

García Mansilla quiere que, dado que “asumió una responsabilidad institucional”, sus pares “le digan qué estatus tiene su investidura como juez”, ltras el rechazo del Senado.

Por su parte, el presidente del Colegio de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra, opinó que “la permanencia de jueces designados en comisión -no ya sin el acuerdo del Senado, sino frontalmente contra su voluntad- nos coloca frente a una situación sin precedentes que daña el prestigio del propio tribunal y a la Justicia toda”. Afirmó que afecta la legitimidad y confiabilidad del sistema judicial y, especialmente, el trabajo de los abogados.

Toda esta incertidumbre acerca de si el juez de la Corte continuará o no en funciones, se agravó con la decisión del juez federal de primera instancia de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien hizo lugar a una medida cautelar y prohibió a García-Mansilla firmar fallos por tres meses, bajo pena de ser sancionado con una multa o enfrentar una causa por desobediencia.

También señaló que no es solo García-Mansilla, sino toda la Corte Suprema y sus secretarios, “que todos se abstengan de que él pueda participar” del dictado de fallos “hasta que haya una sentencia definitiva”. Así, les ordenó a todos que impidan que García-Mansilla “tome conocimiento ”de los expedientes.

De acuerdo con esa medida, cuando el lunes Garcia-Mansilla regrese al tribunal, si pide una causa los secretarios letrados que se la acerquen incurrirán en desobediencia al fallo del juez Ramos Padilla.

Cuando Garcia-Mansilla opinó en la causa de Ramos Padilla defendió la “legalidad” de su designación por decreto como juez de la Corte Suprema de Justicia y dijo que solo pueden removido de su cargo mediante un juicio político.

Al presentar un escrito ante el juez federal de La Plata, argumentó que un juez no puede remover a otro juez. Y que por eso Ramos Padilla no tiene jurisdicción para intervenir.

Añadió que, como juez de la Corte, dado que ya juró, solo puede ser removido mediante el mecanismo establecido en la Constitución, que es el juicio político.

Afirmó que su nombramiento “es provisorio y no definitivo” y “tampoco pretende serlo”, pues fue nombrado hasta el fin del año legislativo.

Este fallo de Ramos Padilla puede ser apelado por el juez García Mansilla ante la Cámara Federal de La Plata y si la apelación es concedida con efectos suspensivos, puede significar que se levante su prohibición de firmar sentencias y entender en las causas en trámite. Esto incluye el caso Vialidad contra Cristina Kirchner, en tanto que ya expresó su voluntad de votar en ese expediente.