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El Congreso debate el martes una propuesta del PP para que los jueces de violencia machista no asuman delitos sexuales
El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes 25 de marzo la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica del PP para que los juzgados especializados de violencia de género no tengan que asumir los procesos sobre los delitos contra la libertad sexual aunque no exista un vínculo matrimonial o análogo entre el agresor y la víctima. Según recoge el texto de la iniciativa, el PP plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar el apartado recientemente introducido por la Ley de Eficiencia de la Justicia. Esta última amplía las competencias de los Juzgados especializados de violencia sobre la mujer, para atribuirles también los delitos contra la libertad sexual, de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y trata con fines de explotación sexual, aunque no haya una relación entre víctima y agresor. En este sentido, los 'populares' exponen que la ampliación de tipos penales susceptibles de instrucción y enjuiciamiento por los Juzgados especializados en Violencia de Género a otras violencias contra las mujeres puede tener un "impacto en la desprotección real de las víctimas de violencia de género", ya que estos órganos se verán "desbordados" y "retrasará las sentencias". "Si todas las violencias contra las mujeres circunscriben su conocimiento a los juzgados especializados de violencia de género, retrasará las sentencias y desprotegerá a unas víctimas, especialmente vulnerables, cuyo calvario judicial puede desembocar en una disminución de las denuncias y la consiguiente impunidad de sus agresores", argumentan los 'populares'. Según señalan los de Alberto Núñez Feijóo, muchos de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres son "de extraordinaria complejidad en su persecución", como es el caso de la trata vinculado a grandes redes y organizaciones criminales. Para el PP esta situación va a suponer un "innegable aumento de la carga de trabajo" de éstos juzgados o de las secciones de los tribunales de instancia que los sustituyesen, en su caso, "conduciéndolos a un desbordamiento que, lamentablemente, repercutirá en la reducción del tiempo de atención a las víctimas para sus interrogatorios y diligencias de instrucción, afectando muy negativamente a la calidad del servicio y a la eficacia de una reacción inmediata en protección de la víctima". Además, la formación destaca en el texto que, aunque los delitos contra la libertad sexual "vienen experimentando un considerable aumento en los últimos años", los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de lo Penal, "no han experimentado, paralelamente, el mismo crecimiento para atender tal volumen de trabajo". Por ello, la proposición de ley también establece que el Gobierno, "en el plazo de tres meses" desde la entrada en vigor de la norma, incremente "el número de secciones de violencia sobre la mujer, tanto de los nuevos tribunales de instancia, como de las audiencias provinciales, o el refuerzo de las ya existentes, con más medios materiales y humanos". Asimismo, contempla que el Ejecutivo deberá "destinar de forma preferente los recursos económicos suficientes" dirigidos a proporcionar las dotaciones necesarias en las secciones de tribunales de instancia y en...
El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes 25 de marzo la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica del PP para que los juzgados especializados de violencia de género no tengan que asumir los procesos sobre los delitos contra la libertad sexual aunque no exista un vínculo matrimonial o análogo entre el agresor y la víctima. Según recoge el texto de la iniciativa, el PP plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar el apartado recientemente introducido por la Ley de Eficiencia de la Justicia. Esta última amplía las competencias de los Juzgados especializados de violencia sobre la mujer, para atribuirles también los delitos contra la libertad sexual, de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y trata con fines de explotación sexual, aunque no haya una relación entre víctima y agresor. En este sentido, los 'populares' exponen que la ampliación de tipos penales susceptibles de instrucción y enjuiciamiento por los Juzgados especializados en Violencia de Género a otras violencias contra las mujeres puede tener un "impacto en la desprotección real de las víctimas de violencia de género", ya que estos órganos se verán "desbordados" y "retrasará las sentencias". "Si todas las violencias contra las mujeres circunscriben su conocimiento a los juzgados especializados de violencia de género, retrasará las sentencias y desprotegerá a unas víctimas, especialmente vulnerables, cuyo calvario judicial puede desembocar en una disminución de las denuncias y la consiguiente impunidad de sus agresores", argumentan los 'populares'. Según señalan los de Alberto Núñez Feijóo, muchos de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres son "de extraordinaria complejidad en su persecución", como es el caso de la trata vinculado a grandes redes y organizaciones criminales. Para el PP esta situación va a suponer un "innegable aumento de la carga de trabajo" de éstos juzgados o de las secciones de los tribunales de instancia que los sustituyesen, en su caso, "conduciéndolos a un desbordamiento que, lamentablemente, repercutirá en la reducción del tiempo de atención a las víctimas para sus interrogatorios y diligencias de instrucción, afectando muy negativamente a la calidad del servicio y a la eficacia de una reacción inmediata en protección de la víctima". Además, la formación destaca en el texto que, aunque los delitos contra la libertad sexual "vienen experimentando un considerable aumento en los últimos años", los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de lo Penal, "no han experimentado, paralelamente, el mismo crecimiento para atender tal volumen de trabajo". Por ello, la proposición de ley también establece que el Gobierno, "en el plazo de tres meses" desde la entrada en vigor de la norma, incremente "el número de secciones de violencia sobre la mujer, tanto de los nuevos tribunales de instancia, como de las audiencias provinciales, o el refuerzo de las ya existentes, con más medios materiales y humanos". Asimismo, contempla que el Ejecutivo deberá "destinar de forma preferente los recursos económicos suficientes" dirigidos a proporcionar las dotaciones necesarias en las secciones de tribunales de instancia y en...
