Defensa rechaza rendir honores militares a un capitán que luchó por la República y murió en la Guerra Civil

Rendir honores militares a un capitán que combatió con el Ejército republicano durante la Guerra Civil. Es lo que reclama la Asociación por la Memoria Militar Democrática al Ministerio de Defensa para Laudelino Fernández León, que murió a manos de las fuerzas sublevadas en febrero de 1939, y al que pide que se reconozca como “militar caído en combate”. La asociación, en nombre de uno de sus descendientes, demanda que las Fuerzas Armadas participen en el homenaje a Laudelino y otros combatientes que este viernes se lleva a cabo en Mieres (Oviedo), pero el departamento que dirige Margarita Robles ha rechazado la petición.

Así lo hace en la carta con la que responde a la organización, fechada el pasado 2 de abril, en la que sin entrar a valorar la petición en sí sobre Laudelino, le pasa la pelota al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, al que remite el escrito. “Se han creado órganos administrativos y procedimientos específicos con la finalidad de dar respuesta a las medidas de reconocimiento contenidas en la Ley de Memoria Democrática”, se limita a afirmar en la misiva.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática reconoce a preguntas de este medio que “no tiene competencias” para ordenar honores militares, pero sí puede otorgar una declaración de reparación y reconocimiento a Laudelino como víctima de la Guerra Civil, tal y como se ha hecho ya con cientos de represaliados. Para ello, la familia debe solicitarlo, recuerdan fuentes de la cartera de Ángel Víctor Torres.

La carta del Ministerio de Defensa en respuesta a la petición de la Asociación por la Memoria Militar Democrática.

Una de las mayores matanzas

Laudelino Fernández León, que estuvo encuadrado en los batallones de infantería 272 y 274 del Ejército del Norte, murió dos meses antes del final de la Guerra Civil en la matanza ocurrida en la zona denominada como El Carrizal del monte Polio, en el concejo asturiano de Mieres. Había ingresado en las filas republicanas una vez estalló la contienda y, tras la caída de Asturias a manos de los golpistas en octubre de 1937, continuó combatiendo como parte de la guerrilla antifranquista en los montes.

Allí fue abatido por las fuerzas sublevadas junto a una veintena de compañeros, de los que han podido ser identificados once, según explica Ramón García Piñeiro, autor de varios libros sobre el tema. Esta se convertiría en “una de las mayores matanzas de la resistencia armada contra el franquismo” en el Principado. Actualmente, los once cuerpos reposan en una fosa común del cementerio de Vegadotos, en Mieres, donde este viernes se celebrará un homenaje organizado por la asociación Amigos de Mieres en colaboración con el ayuntamiento.

La Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD) considera “acreditado” que Laudelino fue un militar que “cayó en combate” debido a que la Guerra Civil aún no había finalizado “y, por tanto, la legalidad vigente –la Segunda República– no había decaído”, esgrime en la misiva que ha enviado al Ministerio de Defensa. Por eso, entiende la organización que el combatiente “es merecedor de honores militares” y de un “reconocimiento oficial” con la participación en el acto “de un piquete de alguna de las unidades” de las Fuerzas Armadas de la zona.

La petición ha sido apoyada por el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), que también se ha dirigido por carta al departamento de Margarita Robles, a la que reclama implicación en el reconocimiento “que le corresponde a Laudelino como militar caído en cumplimiento de su deber en defensa de la República”, esgrime. El ministerio ha respondido a la misiva con las mismas consideraciones que las enviadas a la asociación.

La “deuda pendiente” con los militares leales

Aunque el hombre no pertenecía al Ejército antes del golpe de Estado de 1936, ingresó durante los primeros meses de contienda y en la documentación disponible en el Centro Documental de la Memoria Histórica figura como capitán de dos batallones de infantería. La asociación ha remitido a Defensa un documento en el que el Ejército del Norte justifica los pluses cobrados en agosto de 1937 por varios militares, entre ellos Laudelino. Además, su nombre está en el listado que el Ayuntamiento de Mieres envió a finales de febrero de 1939 al gobernador civil de la provincia dando cuenta de los “rojos muertos en lucha con la fuerza pública”.

Junto a Laudelino, en aquel ataque murieron también los capitanes Eugenio Barrio y Raimundo Fernández, que engrosaban las filas del Ejército Popular de la República. “Este se organizó improvisadamente porque muchos mandos se habían pasado al bando rebelde. La República fue escogiendo a quienes consideraba más capacitados para asignarles empleos militares y crear una estructura jerarquizada en un momento de urgencia”, explica Manuel Pardo de Donlebún, oficial de la Armada retirado y presidente de la AMMD.

La asociación fue fundada por un grupo de militares como respuesta al manifiesto lanzado en 2018 por casi 200 miembros de las Fuerzas Armadas calificando a Franco de “militar ejemplar”. Y entre sus objetivos se encuentra “honrar a los militares que dieron su vida en cumplimiento de su deber en defensa de la República”, sostiene Pardo de Donlebún, que considera que aquellos miembros del Ejército que fueron leales al régimen establecido frente a la sublevación franquista “han sido tratados históricamente de forma injusta incluso en democracia”

De hecho, no es la primera vez que la organización solicita algo así. Lo hizo también con Manuel de Sancha, considerado el primer militar que se opuso a la sublevación del 18 de julio. Entonces, era comandante jefe de la Infantería de Marina en San Fernando (Cádiz) y recibió la orden de sacar las tropas a la calle para acelerar el triunfo del levantamiento. Pero él desobedeció. Sus restos fueron exhumados en 2024 y su familia, con intermediación de la AMMD, pidió sin éxito a Defensa que en su reinhumación estuviera presente alguna autoridad del ministerio. También este año lo demandó para el comandante Pablo Ferrer Madariaga, fusilado por los franquistas en diciembre de 1936.

Pero de momento ninguna de las reclamaciones han tenido recorrido. “Tenemos una deuda pendiente con aquellos militares que defendieron la legalidad vigente y fueron asesinados. Cumplieron con su deber como militares, murieron en acto de servicio y no se les ha reconocido. Los sublevados, sin embargo, fueron amparados por la legalidad impuesta en dictadura y recibieron todos los honores habidos y por haber”, concluye Pardo de Donlebún.