Cuando dos policías entraron al Parlamento Andaluz
El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre Muñoz, cordobés de 69 años y médico de formación, tiene esa imagen de bonachón y bromista que cae bien a todo el mundo, lo que encaja con una cámara autonómica sin conflictos aparentes. La mayoría absoluta del PP no le está generando demasiados problemas en el gobierno de la institución, lo que, en la práctica, está reduciendo su importancia real. Los debates parlamentarios apenas tienen repercusión entre la población a la que representan sus señorías, más allá de las broncas plenarias donde, a juzgar por la imagen de los medios regionales, siempre sale ganando Juanma Moreno. Cuando no hay contexto, es fácil conducir el discurso. Sin embargo, Aguirre ha perdido una estupenda oportunidad de hacer valer el verdadero propósito institucional de representación de los andaluces, al permitir que dos policías entraran en su sede como Pedro por su casa y llegaran al despacho de José Ignacio García, portavoz del grupo Adelante Andalucía, para entregarle una notificación judicial. Se trata de una querella presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía tras sus declaraciones en relación con la muerte por ahogamiento del senegalés Mamouth Bakhoum en Sevilla. Se le acusa de un presunto delito de injurias contra la Policía Local. En sus declaraciones, García vinculó la actuación policial con el "racismo institucional y la violencia policial", exigiendo una investigación independiente y que se publique la grabación del incidente. Dos sindicatos policiales lo denunciaron. El parlamentario ha pedido amparo a su presidente y éste ha corrido la bola. La Mesa del Parlamento andaluz acordó solicitar un informe jurídico al letrado mayor de la Cámara para determinar si la inviolabilidad parlamentaria por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios, que recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía, protege a García en este caso. Pero el daño ya está hecho. Esos policías no hubieran entrado así en el Congreso de los Diputados ni en otros parlamentos autonómicos. García denuncia que la querella es un "ataque a la libertad de expresión de los cargos públicos" y una muestra de la "deriva autoritaria del Estado". Argumenta que sus declaraciones se realizaron en el ejercicio de sus funciones como parlamentario y como crítica política ante un hecho luctuoso que considera de gran relevancia social. Sin embargo, desde el Partido Popular se señala que este asunto es una "cuestión personal" del diputado y critican que pretenda que el Parlamento se detenga en su defensa. Palabras de Toni Martín, nuestro particular Miguel Tellado en Andalucía que, esperemos, no se tenga que comer sus palabras cuando el encausado pueda ser un compañero suyo de partido. Es también llamativo lo que se lee en el escrito del teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), José Rogelio Muñoz, firmado también por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. Consideran que estas declaraciones, pronunciadas fuera del Parlamento, no forman parte de la actividad parlamentaria del diputado. "La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto y el discurso del exceso verbal punible...
El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre Muñoz, cordobés de 69 años y médico de formación, tiene esa imagen de bonachón y bromista que cae bien a todo el mundo, lo que encaja con una cámara autonómica sin conflictos aparentes. La mayoría absoluta del PP no le está generando demasiados problemas en el gobierno de la institución, lo que, en la práctica, está reduciendo su importancia real. Los debates parlamentarios apenas tienen repercusión entre la población a la que representan sus señorías, más allá de las broncas plenarias donde, a juzgar por la imagen de los medios regionales, siempre sale ganando Juanma Moreno. Cuando no hay contexto, es fácil conducir el discurso. Sin embargo, Aguirre ha perdido una estupenda oportunidad de hacer valer el verdadero propósito institucional de representación de los andaluces, al permitir que dos policías entraran en su sede como Pedro por su casa y llegaran al despacho de José Ignacio García, portavoz del grupo Adelante Andalucía, para entregarle una notificación judicial. Se trata de una querella presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía tras sus declaraciones en relación con la muerte por ahogamiento del senegalés Mamouth Bakhoum en Sevilla. Se le acusa de un presunto delito de injurias contra la Policía Local. En sus declaraciones, García vinculó la actuación policial con el "racismo institucional y la violencia policial", exigiendo una investigación independiente y que se publique la grabación del incidente. Dos sindicatos policiales lo denunciaron. El parlamentario ha pedido amparo a su presidente y éste ha corrido la bola. La Mesa del Parlamento andaluz acordó solicitar un informe jurídico al letrado mayor de la Cámara para determinar si la inviolabilidad parlamentaria por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios, que recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía, protege a García en este caso. Pero el daño ya está hecho. Esos policías no hubieran entrado así en el Congreso de los Diputados ni en otros parlamentos autonómicos. García denuncia que la querella es un "ataque a la libertad de expresión de los cargos públicos" y una muestra de la "deriva autoritaria del Estado". Argumenta que sus declaraciones se realizaron en el ejercicio de sus funciones como parlamentario y como crítica política ante un hecho luctuoso que considera de gran relevancia social. Sin embargo, desde el Partido Popular se señala que este asunto es una "cuestión personal" del diputado y critican que pretenda que el Parlamento se detenga en su defensa. Palabras de Toni Martín, nuestro particular Miguel Tellado en Andalucía que, esperemos, no se tenga que comer sus palabras cuando el encausado pueda ser un compañero suyo de partido. Es también llamativo lo que se lee en el escrito del teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), José Rogelio Muñoz, firmado también por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. Consideran que estas declaraciones, pronunciadas fuera del Parlamento, no forman parte de la actividad parlamentaria del diputado. "La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto y el discurso del exceso verbal punible...
