Con la propaganda por delante
La conmemoración de los cincuenta años de la muerte de Francisco Franco se ha convertido, en manos del actual Gobierno, en una operación propagandística que retrata mejor que ninguna otra el uso partidista de la memoria histórica y de los recursos públicos asignados a ella. Mientras se destinan 20,4 millones de euros a financiar actos, campañas y estudios con motivo del aniversario del deceso del dictador, el presupuesto para las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura sigue congelado en los 4,2 millones asignados desde 2023. La desproporción es tan elocuente como inquietante: cinco veces más dinero para construir relato en torno al sanchismo que para hacer justicia. A estas alturas, resulta innegable que la democracia española ha arrastrado durante décadas una deuda con los asesinados enterrados en fosas comunes. La localización, exhumación e identificación de los restos de esas víctimas ni es un capricho ni debe ser una obsesión ideológica: es un acto mínimo de dignidad. La identificación mediante ADN requiere la colaboración de familiares de primer grado y el paso del tiempo juega en contra. Cada año que pasa se reducen las posibilidades de cerrar heridas que aún supuran en algunos hogares. Pero el Gobierno, haciendo alarde de cinismo, sostiene que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado no le ha permitido aumentar las partidas. Sin embargo, como ha demostrado este mismo Ejecutivo, cuando hay voluntad política, hay camino presupuestario. La millonaria conmemoración de la muerte de Franco ha sido financiada con partidas reasignadas internamente por el Ministerio de Política Territorial. Solo el crédito presupuestario destinado a 'publicidad y propaganda' duplica lo dedicado a la recuperación de restos humanos. Más elocuente aún es el compromiso del presidente Sánchez de aumentar el gasto en defensa en 10.500 millones sin que esa partida estuviera en los Presupuestos y «sin el concurso del Legislativo». ¿Cómo explicar, entonces, que no haya margen para elevar una partida como la de las exhumaciones? El Estado ha adquirido la obligación de reparar a las víctimas, no de utilizarlas como coartada para ejercicios de agitación política del Gobierno de turno. Según una encuesta del CIS de 2008, un 64 por ciento de los españoles consideraban justo que los restos fueran identificados y el 50,2 por ciento que fueran entregados a sus familiares. La doble vara de medir del Ejecutivo ha provocado el correspondiente malestar entre los colectivos afectados. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, denuncia que la reparación no puede depender de una línea de ayudas que se agota, sino que debe convertirse en una política pública estructural. Silva lamenta también que, medio siglo después de la muerte de Franco, ni siquiera exista una oficina de coordinación estatal que atienda de forma digna a las familias. Lo que debería ser una política de Estado se ha convertido en una herramienta partidista de confrontación y espectáculo. El Gobierno se conduce en este asunto de la misma forma sectaria que dio origen al problema. En lugar de asumir con serenidad la necesidad de cerrar las heridas del pasado, el Ejecutivo prefiere agitar la memoria selectiva, desempolvar los fantasmas y gastar en propaganda lo que niega en justicia. Así, el homenaje no es para las víctimas, sino para la narrativa oficial. En democracia, la memoria no puede ser un instrumento de manipulación ni una moneda de cambio electoral.
La conmemoración de los cincuenta años de la muerte de Francisco Franco se ha convertido, en manos del actual Gobierno, en una operación propagandística que retrata mejor que ninguna otra el uso partidista de la memoria histórica y de los recursos públicos asignados a ella. Mientras se destinan 20,4 millones de euros a financiar actos, campañas y estudios con motivo del aniversario del deceso del dictador, el presupuesto para las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura sigue congelado en los 4,2 millones asignados desde 2023. La desproporción es tan elocuente como inquietante: cinco veces más dinero para construir relato en torno al sanchismo que para hacer justicia. A estas alturas, resulta innegable que la democracia española ha arrastrado durante décadas una deuda con los asesinados enterrados en fosas comunes. La localización, exhumación e identificación de los restos de esas víctimas ni es un capricho ni debe ser una obsesión ideológica: es un acto mínimo de dignidad. La identificación mediante ADN requiere la colaboración de familiares de primer grado y el paso del tiempo juega en contra. Cada año que pasa se reducen las posibilidades de cerrar heridas que aún supuran en algunos hogares. Pero el Gobierno, haciendo alarde de cinismo, sostiene que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado no le ha permitido aumentar las partidas. Sin embargo, como ha demostrado este mismo Ejecutivo, cuando hay voluntad política, hay camino presupuestario. La millonaria conmemoración de la muerte de Franco ha sido financiada con partidas reasignadas internamente por el Ministerio de Política Territorial. Solo el crédito presupuestario destinado a 'publicidad y propaganda' duplica lo dedicado a la recuperación de restos humanos. Más elocuente aún es el compromiso del presidente Sánchez de aumentar el gasto en defensa en 10.500 millones sin que esa partida estuviera en los Presupuestos y «sin el concurso del Legislativo». ¿Cómo explicar, entonces, que no haya margen para elevar una partida como la de las exhumaciones? El Estado ha adquirido la obligación de reparar a las víctimas, no de utilizarlas como coartada para ejercicios de agitación política del Gobierno de turno. Según una encuesta del CIS de 2008, un 64 por ciento de los españoles consideraban justo que los restos fueran identificados y el 50,2 por ciento que fueran entregados a sus familiares. La doble vara de medir del Ejecutivo ha provocado el correspondiente malestar entre los colectivos afectados. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, denuncia que la reparación no puede depender de una línea de ayudas que se agota, sino que debe convertirse en una política pública estructural. Silva lamenta también que, medio siglo después de la muerte de Franco, ni siquiera exista una oficina de coordinación estatal que atienda de forma digna a las familias. Lo que debería ser una política de Estado se ha convertido en una herramienta partidista de confrontación y espectáculo. El Gobierno se conduce en este asunto de la misma forma sectaria que dio origen al problema. En lugar de asumir con serenidad la necesidad de cerrar las heridas del pasado, el Ejecutivo prefiere agitar la memoria selectiva, desempolvar los fantasmas y gastar en propaganda lo que niega en justicia. Así, el homenaje no es para las víctimas, sino para la narrativa oficial. En democracia, la memoria no puede ser un instrumento de manipulación ni una moneda de cambio electoral.
