Vacantes en el fuero judicial nacional: un problema crónico

El presidente Milei, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, anunció el envío al Senado de 130 nominaciones para cubrir vacantes en los juzgados federales y nacionales de la CABA. Un anuncio que, por su tipo, no debería haber sido parte del texto del discurso presidencial sino fuera que en la Argentina lo ordinario se convierte en extraordinario con mucha frecuencia.

No obstante, a la fecha nada ha sucedido, pese a que el sistema judicial argentino enfrenta una crisis estructural que ya tiene décadas de persistencia. En gran parte debido a las continuas vacantes en los cargos de magistrados, fiscales y defensores oficiales dentro del fuero judicial de la nación. Esta situación genera demoras significativas en la administración de justicia, afecta la eficiencia del sistema y pone en riesgo el acceso a una justicia oportuna y equitativa para los ciudadanos.

Desde hace varios años, distintas jurisdicciones del fuero judicial nacional han reportado una cantidad alarmante de vacantes sin cubrir. Si bien el mecanismo de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales se encuentra claramente estipulado en la Constitución Nacional y en diversas leyes, los procesos de selección suelen verse obstaculizados por cuestiones burocráticas, disputas políticas y demoras institucionales.

Sin embargo, el problema más grave radica en las vacantes detenidas en el Poder Ejecutivo Nacional, ya que no requieren de un proceso complejo, sino simplemente la selección de un candidato de la terna elevada. Esto las diferencia de las vacantes en el Consejo de la Magistratura, donde los concursos pueden avanzar de manera más lenta o rápida, pero al menos están en trámite.

Hagamos un repaso del estado de la estructura judicial en 2024. De acuerdo con la información proporcionada por el Consejo de la Magistratura, el 45% de las vacantes judiciales actualmente en trámite en el ámbito del Poder Ejecutivo fueron remitidas durante el primer año de la gestión del gobierno actual. El 55% restante corresponde a vacantes remitidas entre 2018 y 2023.

Vacantes judiciales actuales:

• Cargos de jueces totales: 1002
• Vacantes en trámite (Consejo de la Magistratura): 121
• Vacantes en trámite (Poder Ejecutivo): 184
• Vacantes en trámite (Senado): 0

Vacantes en el Poder Ejecutivo Nacional:

• Fuero Federal: 60 cargos
• Justicia Nacional: 86 cargos
• Cargos Estratégicos: Se destacan 43 vacantes de camaristas, claves para el funcionamiento de la administración judicial, incluidos cargos de camaristas en diversos fueros.

A pesar de estos datos, se carece de un desagregado detallado de las vacantes por fuero, información que es clave para comprender la distribución del problema y adoptar soluciones específicas. La falta de datos estadísticos actualizados impide un diagnóstico preciso y afecta la capacidad de los legisladores y formuladores de políticas públicas para proponer reformas efectivas.

Un dato relevante es que esta es la primera vez en muchos años que el Poder Ejecutivo no ha enviado pliegos para la designación de jueces, lo que evidencia un estancamiento sin precedentes.

Ministerio Público Fiscal y Ministerio de la Defensa:

Con relación a las vacantes existente en las fiscalías y defensorías, la única información pública surge de los datos proporcionados en conferencia de prensa por el secretario de Justicia de la Nación, Dr. Sebastián Amerio (06/11/2024) donde se indicó que habría 368 vacantes, de acuerdo con este detalle:

• Vacantes fiscales: 161 (43%)
• Concursos listos para su envío al Senado: 37
• Cargos de defensores oficiales: 265
• Vacantes en la Defensa: 80 (30%)
• Concursos listos para su envío al Senado: 45

De acuerdo con lo informado, en términos porcentuales, el Consejo de la Magistratura cuenta con casi un 30% de vacantes, el Ministerio Público Fiscal con un 43% y el Ministerio de la Defensa también alcanza un 30% de cargos sin cubrir.

Veamos ahora las consecuencias en la administración de Justicia. La situación descripta contiene una gravedad que, no por ser recurrente, deja de ser de extrema gravedad institucional. Un Poder Judicial sin jueces, fiscales y defensores oficiales, carece de posibilidades de ejercer el mandato constitucional de impartir justicia y ser, a la vez, el contra pesos de los otros dos poderes del Estado.

La falta de jueces, fiscales y defensores oficiales tiene un impacto directo en la calidad y celeridad del servicio de justicia. Entre las principales consecuencias, se destacan la mayor demora en la resolución de causas, ya que los procesos judiciales, de por sí extensos, se ven aún más retrasados por la sobrecarga de trabajo en los tribunales con jueces subrogantes; una marcada desigualdad en el acceso a la justicia, debido a que la ausencia de defensores oficiales perjudica a los sectores más vulnerables, quienes dependen de estos profesionales para ejercer su derecho a la defensa; el evidente riesgo de politización y parcialidad, en tanto, la designación transitoria de jueces subrogantes puede ser aprovechada por distintos sectores para influir en decisiones judiciales y; un desgaste del sistema, porque la falta de estabilidad institucional afecta la confianza de la sociedad en la justicia y reduce la eficiencia del sistema judicial.

Por último; el déficit de información para la toma de decisiones produce una disfunción total del sistema judicial, ya que sin estadísticas actualizadas sobre vacantes y carga de trabajo, los actores políticos y judiciales carecen de herramientas para formular soluciones efectivas.

Analicemos ahora las causas del estancamiento en las designaciones.

Ante esta situación troncal debemos indicar que existen diversos factores que explican la persistencia de vacantes en el fuero judicial nacional: El primero de ellos es la burocracia y lentitud en los concursos, ya que los procesos de selección y evaluación de candidatos pueden extenderse por años, lo que genera un cuello de botella en la cobertura de cargos. Ello, sin dejar de lado, las irregularidades que muchas veces son detectadas en estos procedimientos, las cuales dan causa a gran cantidad de impugnaciones que ralentizan aun más los trámites de selección.

Por otra parte, resulta notoria la falta de consenso político. Siendo que la designación de magistrados requiere la intervención del Poder Ejecutivo y la aprobación del Senado, la actualidad política del país hace que deriven en muchos casos en disputas partidarias que paralizan las designaciones. Porque estas disputas no son únicamente para la designación de un ministro de la Corte o el Procurador. Basta un cargo a juez de primera instancia para que se abra un abanico de negociaciones políticas.

Como he remarcado, la inacción del Poder Ejecutivo se ha vuelto, en el caso de las vacantes en el PEN, un problema adicional. La falta de envío de pliegos ha detenido completamente las designaciones, a pesar de que no existen impedimentos técnicos para su resolución.

Sin duda alguna, la falta de transparencia y publicidad en los actos de designación también contribuye a este estancamiento. Sin datos accesibles y confiables sobre las vacantes, la carga de trabajo y el estado de los concursos, se debilita la rendición de cuentas y la confianza en el sistema judicial. Y obviamente, los concursos se vuelven cada día más oscuros.

Para finalizar, cabe mencionar el impacto de la desigualdad en la distribución de recursos, ya que la falta de presupuesto destinado a la justicia contribuye a la postergación de nombramientos y al deterioro general del sistema.

Posibles soluciones y reformas necesarias

Para revertir esta situación crónica, es fundamental implementar reformas que agilicen el proceso de selección y designación de jueces, fiscales y defensores oficiales. Algunas propuestas incluyen la necesidad de acelerar los concursos, ello en pos de reducir los plazos y simplificar los procedimientos para evitar demoras innecesarias. Una mayor transparencia y publicidad en los procesos de selección, que permita evitar arbitrariedades y garantizar la idoneidad de los candidatos. La implementación de reformas legislativas para evitar bloqueos políticos de modo tal de establecer mecanismos que impidan la paralización de designaciones por disputas partidarias. Una inmediata designación de candidatos por parte del Poder Ejecutivo quien debe avanzar sin dilaciones en la selección de candidatos de las ternas enviadas, eliminando el estancamiento actual. Y la publicación de datos estadísticos actualizados. Ya que es imperativo contar con información precisa sobre vacantes, carga de trabajo y necesidades de recursos para fundamentar reformas judiciales efectivas.

De lo expuesto, debe concluirse que la persistencia de vacantes en el fuero judicial federal y nacional con asiento en la CABA representa un serio obstáculo para el correcto funcionamiento del sistema de justicia, y nos da la pauta de cómo los poderes Ejecutivo y Legislativo se la han ingeniado para debilitar al Poder Judicial, el cual, no se encuentra en condiciones de ejercer su deber constitucional de contrapesar la fuerza de aquellos ante posible abusos que impliquen conductas inconstitucionales.

Sin jueces, fiscales y defensores suficientes, la administración de justicia se vuelve ineficaz, lenta y desigual. La falta de datos públicos actualizados y la inacción del Poder Ejecutivo agravan la problemática. La solución a esta crisis requiere voluntad política, reformas estructurales y un compromiso firme con la independencia judicial y la transparencia.

Abogado y presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores)