Tres magistrados piden que el TC frene la amnistía y espere, al menos, el fallo de Europa
El borrador de la sentencia sobre la norma impulsada por los socialistas iba a estar listo en junio
Los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han pedido este lunes al Tribunal Constitucional dirigido por Cándido Conde-Pumpido que frene la tramitación de la ley de amnistía hasta que no se pronuncie Europa.
Según el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli, estos tres magistrados del ala conservador han solicitado, al amparo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que se incluya en el orden del día del próximo Pleno un debate sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial a Luxemburgo o, en su caso, suspender la deliberación, votación y fallo del primer recurso de inconstitucionalidad hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las cuestiones presentadas por órganos nacionales. Cabe recordar que el primer recurso que la Corte de Garantías iba a estudiar era el impulsado por el PP.
El borrador de la ley de amnistía estaba afrontando su recta final y estaba previsto llevarlo a Pleno para el próximo mes de junio, pero esta petición puede ralentizar el proceso. Un borrador que, según fuentes internas, se está cocinando con gran secretismo entre el presidente Conde-Pumpido, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán -ponente de la sentencia- y 6 letrados adscritos a los magistrados denominados progresistas. Están, por un lado, el vicesecretario de la Corte de Garantías, Juan Carlos Duque, dos de Cándido Conde-Pumpido, uno de Ramón Sáez Valcárcel y otro de Juan Carlos Campo, concretan estas voces.
La Corte de Garantías nombró a Montalbán -que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesta por el PSOE- cuando decidieron recusar definitivamente al magistrado del ala conservador, José María Macías, que iba a ser el ponente inicial. En este debate tampoco estará el magistrado Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia propuesto por Pedro Sánchez, que decidió abstenerse al haberse pronunciado anteriormente sobre esta medida de gracia.
La petición de apartar a dicho magistrado fue formulada por la Fiscalía. El Ministerio Público alegó que, en su época como vocal del CGPJ, se había pronunciado en dos ocasiones en textos con “valor institucional” sobre la citada ley, lo que le contaminaría a la hora de participar en las deliberaciones. Ha sido apartado de los 16 recursos de inconstitucionalidad y 4 cuestiones de inconstitucionalidad.
