Qué son los conflictos de atribuciones del Senado y por qué esta legislatura acumula más que ninguna otra
Según el Senado, con mayoría del PP, el Congreso ha ocupado competencias que no le corresponden.


Los conflictos de atribuciones son un recurso que puede presentar el Senado, el Congreso, las comunidades autónomas o el Gobierno para indicar, ante el Tribunal Constitucional, que uno de estos organismos está atribuyéndose competencias que no son suyas. En esta legislatura el Senado ya ha presentado seis conflictos de interés, más que en ninguna otra desde la democracia.
- Esta herramienta se ha utilizado en ocho ocasiones por la Cámara Alta.
Lo último. El Senado ha registrado dos conflictos de atribuciones en torno al proyecto de ley de prevención del desperdicio alimentario; uno contra el Gobierno y otro contra el Congreso de los Diputados. El PP, con mayoría en la Cámara Alta, ha tachado al Ejecutivo y a la Cámara Baja de “mutilar” la ley.
- En el primer caso, el Gobierno mostró su disconformidad con la tramitación de unas enmiendas a la norma. Lo hizo amparado por el artículo 134.6 de la Constitución Española que le permite mostrar su desacuerdo cuando una norma o enmienda suponga “aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”.
- Pese a la disconformidad del Gobierno, el Senado aprobó dichas enmiendas, pero el Congreso no las tuvo en cuenta y la Cámara Baja primó la decisión adoptada por el Ejecutivo.
El conflicto de atribuciones. Este recurso sirve para indicar al Tribunal Constitucional que existe un desacuerdo entre el Gobierno, las Cortes, las comunidades autónomas, o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como indica el artículo 59 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional.
- ¿Cómo se presenta? Para que el pleno pueda presentar un conflicto de atribuciones con otro órgano constitucional es necesario que la propuesta sea planteada por un grupo parlamentario o por 25 senadores y votarse en sesión plenaria, recoge el artículo 188 del reglamento de esta Cámara.
- Se contempla un plazo de un mes para que el organismo que entiende que otro se ha entrometido en sus competencias lo haga saber pidiendo que se revoque su actuación. Si pasado ese tiempo el órgano supuestamente infractor no da marcha atrás, se eleva un escrito al Tribunal Constitucional durante el mes siguiente.
- El Constitucional se encarga de recabar la información que considere necesaria para sentenciar qué organismo tiene la atribución de las competencias y declarar nulas las actuaciones.
Contexto. La Cámara Alta ha registrado esta iniciativa en ocho ocasiones desde que hay democracia. Cinco de ellas por estar en desacuerdo con el Congreso y las otras tres por disconformidad con el Gobierno, entre las que destaca el conflicto presentado antes de aprobar la ley de amnistía.
¿Éxito o fracaso? Pese a sus ocho registros, solo tres de los conflictos de atribuciones llegaron a tramitarse, dos sobre la ley de desperdicio alimentario y otro sobre ley que convalida penas a presos de ETA, en transposición de la directiva ECRIS. El resto fueron retirados, rechazados o suspendidos por parte de la Cámara Alta. Fuentes
- Reglamento del Senado
- Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional
- Nota de prensa del Partido Popular
- Constitución Española
- Página web del Congreso de los Diputados