La instrumentalización del Tribunal Constitucional como una corte de casación trucha, por emplear un término caro al peronismo inspirador, es una tradición española desde la expropiación de Rumasa en el lejano 1983, bendecida in extremis con el voto de calidad de su presidente, Manuel García-Pelayo, que enseguida se exilió a Venezuela para enfermar al poco y morir preso de los remordimientos, pues la sentencia favorable al Gobierno obedecía a presiones políticas y contravenía cualquier lógica jurídica: la cocinaron en La Moncloa, cuentas las crónicas de la época, los chefs más refinados del PSOE con, de pinche, algún magistrado afín. Cómo no habrá decaído nuestra calidad democrática para que estos dos encarnen ahora la decencia del socialismo patrio… Desde entonces, los...
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