"No soy un delincuente": la nueva normativa de Ibiza complica la vida en las caravanas

Hace unos siete años que Montse, una trabajadora de 42 años que lleva más de tres lustros viviendo en Eivissa, tuvo que abandonar el piso en el que vivía porque se le acabó el contrato de alquiler. Pagaba 600 euros en 2018. Después de ese momento, en plena subida especulativa de los precios del alquiler, empezaron las dificultades para acceder a una vivienda digna. “No encontré ninguna opción que no me obligara a compartir vivienda con más de tres personas, o habitaciones compartidas por ese mismo precio”, explica a elDiario.es. Por este motivo se compró una autocaravana. En los últimos años, Montse ha liderado un movimiento asociativo que busca regular el turismo itinerante de las autocaravanas.

Montse es solo un ejemplo de las miles de personas que en la última década han optado por esta solución habitacional ante la grave crisis de vivienda que golpea la isla. Una opción que no está exenta de dificultades, ya que las ordenanzas municipales de todos los ayuntamientos -excepto Sant Joan de Labritja- prohíben específicamente la acampada o pernocta, lo que impide de facto que puedan estacionar de forma prolongada en la mayoría de los núcleos urbanos. Ahora, las restricciones van un paso más allá: se impide la acampada y pernocta en suelo rústico “fuera de los campamentos de turismo legalmente existentes”, una competencia del Consell Insular, como queda establecido en la ley de control de afluencia de vehículos.

La limitación de la entrada de vehículos durante los meses de temporada alta tiene un apoyo social amplio debido a la gran presión que hay sobre las carreteras en una isla con más coches y motos que habitantes. Durante este primer año de implantación, el Consell Insular ha aprobado un cupo máximo de 20.168 coches -a los que hay que sumar los que tienen residencia fiscal en la isla-, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, según informó la institución. Por tanto, durante ese periodo los vehículos de fuera de la isla tendrán que inscribirse a través de la plataforma ibizacircular.es para poder circular, previo pago de una tasa de un euro al día. Las infracciones leves contemplan multas de entre 300 y 1.000 euros; las graves, de entre 1001 y 10.000 euros y las muy graves, de entre 10.001 y 30.000 euros.

Los campings: 1.800 euros el mes

La normativa, sin embargo, hace una distinción con las autocaravanas: para entrar con ellas en la isla hay que reservar previamente la estancia en un camping (hay cinco con unas 200 plazas en toda la isla), cuyo precio oscila los 1.800 euros al mes. El Consell Insular, con competencias en suelo rústico, prohíbe específicamente el estacionamiento de vehículos -tanto si son autocaravanas como si no- en dichos terrenos -esta prohibición es independiente de la residencia fiscal del vehículo-. Precisamente, dado que las ordenanzas municipales de cuatro de los cinco ayuntamientos no permiten la pernocta de las autocaravanas, estos vehículo-vivienda buscaban los espacios rústicos como una alternativa de estacionamiento durante temporadas largas.

Con la nueva normativa, todas las autocaravanas que vayan a Eivissa tendrán que reservar en un camping, cuyo precio oscila los 1.800 euros al mes, ya que está prohibido su estacionamiento en suelo rústico. La limitación no afecta a las que estén registradas en la isla

Hay perfiles de todo tipo, pero el mayoritario es el temporero, el trabajador que llega para trabajar entre seis y siete meses en la industria turística, y que elige esta opción porque no encuentra una alternativa viable en el mercado del alquiler. El problema no es nuevo y las dos legislaturas de Govern progresista no lo han resuelto. Pero las dificultades son cada vez más grandes, y la situación se sigue agravando, con el Partido Popular gobernando en los cinco ayuntamientos de la isla, en el Consell Insular, y en el Consolat de Mar, sede del Govern balear.

Aunque hay personas de todo tipo, la mayoría de las que viven en caravanas son trabajadores de temporada de la industria turística

Montse, como tantos otros trabajadores, tiene dificultades para acceder a una vivienda digna porque el alquiler se come la mayor parte del sueldo. Entre 2015 y 2022, Balears es la comunidad autónoma que ha sufrido un mayor incremento de precios, del 40%, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana analizados por elDiario.es. “No podía pagar mucho más con mi sueldo. Y pensando que esa situación insostenible tanto para mí como para muchos más trabajadores a mi alrededor, no podría prolongarse mucho más en el tiempo, decidí comprar un vehículo vivienda de manera provisional”, asegura.

Después de haberse estudiado la normativa, afirma que escogió la autocaravana porque “es lo más parecido a un hogar: tiene todo lo necesario para vivir dignamente”. Lo hizo siendo consciente de que la ley prohibía la acampada libre, pero que podría estacionar su vehículo como cualquier otro, “pagando los impuestos de circulación correspondientes”.

Por razones parecidas a las de Montse optó por esta vía Pau, quien llegó a la isla hace 12 años para vivir con su pareja y emprender un negocio. Según explica, cada año se complicaba más la búsqueda de un piso, por lo que cuando llegó el año de la COVID-19 escogió la autocaravana como vehículo-vivienda. “Prefiero vivir en mi vehículo que trabajar para pagar el alquiler o compartir casa o habitación con gente que ni conozco”, reconoce.

Según su testimonio, en los últimos años ha aumentado el número de temporeros que ha optado por la autocaravana debido a la crisis de vivienda asociada al aumento de precios. La escalada especulativa ha provocado también que muchos negocios del sector de la hostelería acaben ofreciendo alojamiento a sus trabajadores, a precios que pueden oscilar entre los 500 y los 700 euros la habitación. Del mismo modo, el turismo se ha enfrentado al problema de la escasez de trabajadores para completar sus plantillas. “Estoy nervioso y tengo ansiedad porque uno de los pilares fundamentales, la vivienda, es totalmente inestable”, lamenta Pau.

Prefiero vivir en mi vehículo que trabajar para pagar el alquiler o compartir casa o habitación con gente que ni conozco. Estoy nervioso y tengo ansiedad porque uno de los pilares fundamentales, la vivienda, es totalmente inestable

Pau — Residente en una caravana en Eivissa

Manuel es un empresario, ya jubilado, que lleva más de tres décadas viviendo en la isla. Él tiene piso propio y, por tanto, no tiene problema de acceso a la vivienda. Después de jubilarse hace tres años, según cuenta, decidió comprarse una autocaravana. “Pensé que sería una excelente manera de ocupar mi tiempo: los fines de semana del verano iba a la playa”, cuenta. En invierno, en cambio, aprovechaba su vehículo-vivienda para viajar por España. “La demonización de las autocaravanas empezó por la falta de aparcamientos habilitados para ellas”, atestigua, unido a un incremento del número de ellas asociado a la crisis de vivienda. Por esa razón, este verano no lo pasará en la isla. “No soy un delincuente, no quiero acabar discutiendo con agentes que solo hacen su trabajo”, lamenta.

Manuel, empresario jubilado y con vivienda, se compró una autocaravana para 'ocupar' su tiempo. 'La demonización de las autocaravanas empezó por la falta de aparcamientos habilitados para ellas', lamenta. Este verano no lo pasará en Eivissa

“Creamos asociaciones para defendernos”

A raíz de la “discriminación” que los afectados afirman que empezaron a sufrir, se creó la asociación AMMICCA (Amigos de Mallorca, Menorca e Ibiza en Caravana, Camper y Autocaravana), en 2020, para defender los derechos de los residentes en Balears. “Empezamos a entender la necesidad urgente de crear asociaciones para defendernos y ser escuchados por las administraciones”, detalla Montse.

Sin embargo, todo cayó en agua de borrajas. “Fue una pérdida de tiempo y energía”, lamenta. Según su versión, trasladaron a las administraciones la necesidad de regular al sector de las autocaravanas para “ejercer la actividad de forma sostenible y respetuosa”. La respuesta que les trasladaron, indica, es que había miedo de que “cada vez hubiera más asentamientos”.

En realidad, lo único que piden tanto a los ayuntamientos como al Consell Insular es poder descansar dentro de sus vehículos, correctamente estacionados, sin acampar ni molestar. “Solo queremos que se respete la normativa [estatal]”, afirma Montse y añade que, en lugar de criminalizar a todo el colectivo, las autoridades deberían sancionar “a los que lo hacen mal”. “Unas zonas de estacionamiento y servicios mínimos de pago serían de gran ayuda y una solución real para regular a este colectivo”, insiste. En el momento de redactar nuevas leyes que afecten a los vehículos-vivienda, “se tengan en cuenta las instrucciones estatales”, comenta Pau.

En este sentido, en relación con autocaravanas, Montse lamenta que la ley no limita, sino que las prohíbe de facto “al condicionar su estancia en la isla a la disponibilidad y reserva en un camping”. Esta limitación no afecta a las autocaravanas registradas en la isla. Y, por último, manifiesta lo que considera una incoherencia: que mientras las autoridades impiden la pernocta de las autocaravanas en suelo rústico, el Govern del PP, con el apoyo de Vox, ha aprobado un decreto ley que aumentará la presión sobre el suelo rústico en el territorio balear. “¿Es sostenible seguir llenando la isla de cemento y construcciones de lujo?”, se pregunta retóricamente. “Un mínimo de vivienda social, por lo visto, es demasiado pedir en esta isla. Expulsar a los más vulnerables es mucho más simple y requiere de menos trabajo”, denuncia Montse. “Queremos vivir en paz, de la manera más digna posible, sin tener que sentirnos perseguidos como si fuéramos peligrosos criminales”, exige.

'Un mínimo de vivienda social, por lo visto, es demasiado pedir en esta isla. Expulsar a los más vulnerables es mucho más simple y requiere de menos trabajo', denuncia Montse

En su opinión, el colectivo caravanista consume, por lo general, muchos menos recursos, y es más sostenible para el medio ambiente, aunque siempre haya una minoría que pueda empañar la imagen de la mayoría. “Pedimos zonas de estacionamiento limitado y servicios mínimos para evitar los asentamientos incontrolados y para que nuestra actividad sea lo más sostenible posible”, repite, con el objetivo de ser respetuosos “con el entorno natural de la isla”.

Asegura, además, que el mal uso de algunos es “la consecuencia directa de su falta de gestión, aunque no lo justifico”. Y rechaza definiciones que los estigmatizan. “Han conseguido que la opinión pública relacione al trabajador con vehículo-vivienda con asentamientos o chabolismo. Lo mismo ocurre con el turista itinerante”, señala. La situación que se ha generado en torno a la falta de regulación de las autocaravanas ha llevado a Montse a buscar una alternativa que, matiza, “no todo el mundo tiene”. “Tengo muy buenos amigos en la isla, y por ahora he encontrado un lugar donde vivir. Buena parte de mis amigos han tenido que irse”, afirma.

Han conseguido que la opinión pública relacione al trabajador con vehículo-vivienda con asentamientos o chabolismo. Lo mismo ocurre con el turista itinerante

Montse — Residente en una caravana en Eivissa

“Va en contra de los derechos constitucionales”

Jesús Gallardo, presidente de la Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónomas, se ha reunido con el Consell Insular para intentar negociar una solución distinta a la acordada. Sin éxito. Actúa, además, como representante legal de parte del colectivo de autocaravanistas de Eivissa. “Es una ley que va en contra de los derechos constitucionales”, afirma a elDiario.es, citando el artículo 19 de la Constitución Española que se refiere a la “libre circulación por el territorio nacional”.

En este sentido, se cuestiona por qué se aplica esta “discriminación” a las autocaravanas, mientras que un turismo “puede entrar y estacionar en cualquier sitio de la isla y en cualquier aparcamiento público o privado”. Y considera que la normativa prohíbe de facto que una autocaravana pueda entrar en la isla sin tener una reserva en un parking cuando las competencias de regulación de estacionamiento, acampada y tráfico son de los ayuntamientos, en base a la ley del régimen local.

Por otro lado, afirma que se vulnera la obligación (que da un derecho) de estar empadronado en la isla, en aquel lugar donde un ciudadano esté al menos la mitad del año. Una obligación que un ayuntamiento debe cumplir. “Una autocaravana es un vehículo-vivienda que está homologado y el Tribunal Constitucional lo reconoce como tal, por tanto, es obligado que se empadrone a la persona en el vehículo-vivienda”, señala el letrado.  Además, según explica, las instrucciones del Ministerio del Interior, a través de la DGT, son claras. “Todo vehículo que esté estacionado en la vía pública sin que incumpla la señalización del suelo, marca o señal vertical, puede estar estacionado como cualquier otro vehículo”, señala.

Una autocaravana es un vehículo-vivienda que está homologado y el Tribunal Constitucional lo reconoce como tal, por tanto, es obligado que se empadrone a la persona en el vehículo-vivienda

Jesús Gallardo — Presidente de la Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónomas

Debido a ello, explica, ha presentado un escrito de alegaciones, aunque la ley no se puede impugnar. “Para recurrir, en primer lugar, se tiene que empezar a aplicar la ley. Tiene que haber una denuncia, el Consell Insular la instruye, se entra en un periodo de alegaciones y recursos. Si se eleva al Tribunal Supremo primero y al Tribunal Constitucional después, puede pasar una década hasta que haya una resolución final”, indica Gallardo.

La posición del Consell Insular

El Consell Insular, a preguntas de elDiario.es, responde que las autocaravanas registradas con domicilio fiscal en la isla que circulan por suelo urbano tendrán que ceñirse a las ordenanzas municipales en cada caso, mientras que, si se encuentran en terreno rústico, la regulación está definida en la ley de control de afluencia de vehículos.

En cuanto a la presunta inconstitucionalidad de la normativa, las fuentes del Consell Insular afirman que los representantes del colectivo de caravanistas desconvocaron una manifestación prevista para el 1 de mayo, después de que estos se reunieran con miembros del Ejecutivo para aclarar dudas sobre la nueva ley. “Se dieron cuenta de que sus reivindicaciones no tenían lugar”, señalan las fuentes consultadas.

Sobre esta cuestión, Gallardo afirmó a elDiario.es que la protesta se desconvocó porque algunos manifestantes pretendían llevar a cabo acciones que podían perjudicar a los convocantes. “Dijeron que iban a bloquear carreteras, que iban a dejar paradas las autocaravanas en la carretera. Yo no estaba dispuesto a hacer una manifestación en estos términos. El fin no justifica los medios”, dijo el letrado.

Entre otros asuntos, en la reunión, el Consell Insular trasladó que la ley no afecta a los caravanistas con domicilio fiscal en Eivissa y que la prohibición de estacionar y pernoctar en suelo rústico tampoco se aplica a quien tenga su autocaravana en un terreno de su propiedad.

El Consell Insular también enmarca estas acciones en la denominada lucha contra el intrusismo, ya que hay propietarios con fincas rústicas que utilizan sus terrenos para hacer negocio alquilando parcelas de forma ilegal, como ocurrió en el poblado chabolista de Can Rova. Estas medidas tienen como objetivo “favorecer la oferta reglada y de calidad, cercando a los infractores y a quienes se aprovechen del nombre de Eivissa sin aportar nada a nuestra sociedad”. En un comunicado del 16 de abril, la máxima institución insular informó que los anuncios de alquiler ilegal en caravanas se habían reducido de 350 a 20 en la plataforma Airbnb, tras un acuerdo alcanzado entre el Consell Insular y la tecnológica para perseguir las irregularidades que proliferan en torno al alquiler turístico ilegal.

El Consell Insular defiende la normativa y asegura que ayudará a luchar contra los propietarios de fincas rústicas que las alquilan de forma ilegal a personas que necesitan terreno para acampar

El Consell Insular explicaba, el pasado 28 de marzo respecto a las caravanas, que la ley “fija que únicamente podrán circular y permanecer en la isla las que estén domiciliadas en Eivissa o aquellas que cuenten con una reserva de plaza asignada en un campamento de turismo para su estacionamiento y pernocta”, siempre y cuando no se supere el umbral de 4.048 vehículos diarios.

Asimismo, el gobierno insular manifestó que hay cinco campings legales en toda la isla, con cerca de 200 plazas para caravanas disponibles este verano. Unas instalaciones que cuentan, aseguran, con todos los permisos pertinentes, los sistemas de limpieza de aguas homologados, y que están en entornos seguros, por lo que no suponen un peligro para los espacios naturales y protegidos.

“El turismo de caravanas es bienvenido en la isla siempre que lo hagan de forma reglada, en establecimientos como los campings, donde encuentran todos los servicios y las garantías sanitarias, sin afectar a zonas naturales de nuestra isla”, argumentó Mariano Juan (PP), vicepresidente primero y conseller insular de Territorio, en el marco de una reunión celebrada el 21 de abril con los directores de los cinco campings de Eivissa.