Más de 100 países acuerdan reglas globales para reducir emisiones de CO2 del transporte por mar que mitigan la desventaja de la UE

El transporte marítimo global tendrá la obligación en 2027 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cada buque deberá pagar si supera su cuota asignada. Este es el preacuerdo al que llegaron esta semana más de 100 países firmantes del convenio de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre contaminación de buques. El pacto es similar al que ya existe en la UE y que países como España consideran que perjudica a sus puertos porque hasta ahora no se extiende al resto del mundo. Si en octubre los miembros de la OIM ratifican lo acordado ahora, en 2027 estará vigente un sistema para reducir emisiones que previsiblemente afectará al tráfico de buques en cualquier territorio.

Perteneciente a Naciones Unidas, la OMI es la autoridad mundial encargada de fijar normas para la seguridad y la protección ambiental e el transporte marítimo internacional y en su última semana de sesiones, en Londres entre el 7 y el 11 de abril pasados, cerró un preacuerdo que asimila las normas mundiales sobre emisiones de los grandes buques a las que ya existen en la UE.

Si todo va según el calendario previsto, dentro de dos años todo el comercio mundial por barco estará sujeto a normas para que los buques reduzcan combustibles fósiles y las emisiones de CO2 que producen. Como ocurre en la UE desde 2024, afectará a las los grandes buques navegación marítima, de más de 5.000 toneladas de arqueo bruto, a los que la OIM considera responsables del 85% de las emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo internacional.

Aquellas que emitan por encima de los umbrales establecidos tendrán que recuperar esos excesos bien con excedentes de emisiones desde otros buques, con sus propias unidades excedentarias en otros momentos o comprando derechos de emisión al Fondo Net-Zero que la OMI creará para ello. También para compensar a las embarcaciones por bajas emisiones, para apoyar la innovación y la descarbonización en países en desarrollo y mitigar los efectos negativos que la reducción obligatoria de emisiones pueda tener en países vulnerables.

El acuerdo tiene que ser refrendado en octubre de 2025 una vez que se resuelvan las enmiendas que eventualmente se presenten al acuerdo de este mes y en primavera de 2026 se aprobarán las directrices sobre cómo poner en práctica este sistema mundial, que está previsto que entre en vigor en 2027 e intensificará con estas medidas las obligaciones sobre eficiencia energética que ya se incluyen en el anexo del convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques de la OMI del que pasará a formar parte. Este acuerdo obliga hoy a los 108 países que lo firmaron -las "partes"-, que concentran el 97% de la flota mercante mundial.

De esta manera, prácticamente todo el comercio marítimo del mundo quedará cubierto por unas reglas para reducir las emisiones de los barcos, con límites obligatorios de emisiones para las embarcaciones, con el objetivo de que sean cero emisiones en 2050, así como la fijación de los precios del carbono en todo el sector. En la UE, las embarcaciones deben pagar por el 100% de sus emisiones si hacen portes entre sus puertos y el 50% si un puerto europeo es solo origen o destino. El año pasado el transporte marítimo pasó a formar parte del régimen europeo de comercio de emisiones, de manera que los armadores pueden comprar derechos de emisión si superan su cuota asignada, lo que repercute en los costes de este comercio.

Sin embargo, esta regulación europea quedaba coja porque hasta ahora no existen obligaciones similares a nivel mundial. El comercio mundial se mueve en muy buena medida en barco, por mar, y desde el año pasado los puertos de la UE se habían convertido en escalas más caras que, por ejemplo, las del norte de África, a pocas decenas de kilómetros y sobre lo que no pesa ningún gravamen por emitir CO2.

Así sucedió el pasado mes de enero, cuando la multinacional danesa del transporte marítimo. Maersk, anunció que dejaría de recalar en el puerto de Algeciras, para hacerlo en el de Tánger, a solo 60 kilómetros pero entre los que media una diferencia mucho mayor: tener que pagar por atracar en un puerto europeo o no tener que hacerlo por arribar a uno marroquí, hasta ahora sin obligaciones relacionadas con las emisiones de CO2.

Campaña de Puente en Bruselas

El anuncio de Maerks llegó en medio de la cruzada que España estaba abanderando en la UE, advirtiendo de los perjuicios para los puertos europeos por esta regulación si no existía en todo el mundo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, planteó esta cuestión en varias reuniones de ministros de la UE pidiendo "repensar" la tasa sobre el CO2 y el año pasado consiguió que otros Estados miembros firmaran varias declaraciones. En el mes de junio, para pedir a la Comisión Europea que adelantara varios años la evaluación el efecto sobre puertos y navieras europeas de la regulación contra las emisiones de CO2 y, en diciembre, otra que insistía en "posibles desviaciones logísticas" de compañías que podrían no tener que pagar nada si atracaban en puertos extracomunitarios a solo decenas de kilómetros de distancia.

La campaña del Gobierno en Bruselas sobre esta cuestión reiteraba que, en lugar de solo europea, debería haber una regulación a nivel mundial, como la que acaba de acordarse ahora en la OMI. Puente también insistió sobre ello al secretario general de este organismo, el panameño Arsenio Domínguez, en una reunión en Londres el pasado mes de enero.

Por eso, el Ministerio de Transportes ha emitido este martes un comunicado que "celebra" lo que considera un "acuerdo histórico" alcanzado en la OMI. El departamento que dirige Puente destaca "la importancia de que cualquier regulación se aplique de forma uniforme en todo el mundo para mitigar los riesgos para la competitividad del sector y la importancia de trabajar para que los puertos sean referentes en la transformación".

Mientras se pone en marcha esta regulación a escala mundial, Transportes sigue lidiando con la regulación de la UE sobre emisiones de CO2 de las embarcaciones y el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes una resolución de la Dirección General de la Marina Mercante para subsanar una omisión previa y, como lo permite la normativa en tanto que región ultraperiférica, dejar claro que todos los puertos de interés general de las islas Canarias quedan exentos de la aplicación del reglamento de la UE que prevé la obligación de que todos los buques de más de 5.000 toneladas limiten la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de la energía utilizada a bordo cuando atraquen en puertos europeos, así como de suministrarse de electricidad en ellos de fuentes renovables.