Madrid lleva al Constitucional los nuevos criterios sobre menores migrantes | L.M.G.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este miércoles que interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por la decisión del Ejecutivo central de modificar la ley de Extranjería sobre los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados. La Comunidad de Madrid ha dado ya la instrucción a su Abogacía General para recurrir el real decreto ley 2/2025 que fue aprobado por el Consejo de ministros el pasado 18 de marzo.

Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha justificado el recurso argumentando que el real decreto-ley "infringe varios preceptos" de la Constitución e "invade" competencias exclusivas de las comunidades autónomas porque la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las autonomías que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores. El recurso ante el TC plantea ahora dos escenarios: paralizar la reubicación de los menores hasta que el tribunal resuelva o proceder al reparto hasta que se publique la sentencia sobre esta cuestión de competencias.

Con esto, Madrid se une a Aragón, Cantabria o Castilla y León para llevar el decreto ante el tribunal de garantías. La modificación de la Ley de Extranjería introduce la obligación de acoger a los menores migrantes cuando la capacidad de los servicios de atención de un territorio concreto se multiplique por tres, como ocurre ahora en Canarias o Ceuta que acogen a más de 4.000. El número de niños que se trasladará cada comunidad dependerá de la población del territorio, la renta per cápita, la tasa de paro, dimensionamiento estructural del sistema de plazas, esfuerzo previo dispersión territorial, entre otros.

Para establecer las cifras el Gobierno central ha dado de margen hasta el 31 de marzo para que las comunidades envíen los datos sobre el número de plazas que tienen habilitadas, de no hacerlo, se usarán los datos disponibles de 2023. "Se vulneran sus derechos fundamentales, desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia", han indicado desde el Gobierno regional al valorar los nuevos criterios fijados. Asimismo, han apuntado que no se garantiza las aportaciones económicas necesarias para atender a estos menores. Por otro lado, consideran que el texto es "contrario al principio de solidaridad y lealtad entre Administraciones" ya que los criterios "carecen de justificación" y se han establecido sin consenso entre las autonomías.

De forma paralela con la acción judicial, la Comunidad de Madrid estudia alternativas para atender a los cientos de menores que se prevé acoger en la región, aunque aún no se ha fijado el número. "Todos los centros están por encima de su capacidad", ha señalado el portavoz del Gobierno regional. Por esta razón, se buscan espacios en todos los municipios para habilitar nuevos recursos. Junto a esto, se planea realizar obras en el centro de primera acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada, para ampliar las 96 plazas actuales. Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico insisten que para planificar los recursos tienen "que conocer cuántos menores van a venir y cuándo", ya que en todo esto influirá el número de niños y si llegan en el mismo momento o a lo largo de los próximos meses.

"El único número que les preocupa es el número de votos que les da Junts, el resto les da igual", ha recalcado García. La distribución de los menores no comenzará hasta que el decreto pactado entre el Gobierno de España y Junst se apruebe en el Congreso de los Diputados. La previsión del Ejecutivo central es votar la reforma el próximo 10 de abril e iniciar ese mismo mes con los traslados desde Canarias y Ceuta. Sobre la tramitación del decreto, la Comunidad también cuestiona que se utilice la figura del Decreto Ley para aprobar una reforma que afecta a una Ley Orgánica.