Los indicios que envían al banquillo al alcalde de Estepona: 5.276 euros a su "amiga íntima" sin rastro de que trabajara

José María García Urbano, alcalde de Estepona (78.413 habitantes) desde 2011, se sentará en el banquillo de los acusados ante un jurado popular si no lo evita la Audiencia Provincial de Málaga. Cinco meses después de que el juzgado de instrucción 5 del municipio abriera la investigación, el juez cree que tiene datos de los que “se desprende de modo indiciario” que aprovechó su condición de alcalde para contratar como asesora a C.P.B., con la que mantenía una “relación íntima de amistad”, con el fin de proporcionarle una “mejora o ayuda económica”, sin que esta “llegara a desempeñar actividad alguna” en el Consistorio. El juez, la fiscal del caso y las acusaciones populares (PSOE y Vox) concluyen que los hechos encajan en el delito de malversación de caudales públicos. No así la defensa del alcalde, que sigue denunciando motivos “espurios” en C.P.B., ahora añadidos a las motivaciones políticas.

Es un mazazo notable para quien fuera uno de los alcaldes más votados de España y una de las grandes estrellas municipales del PP, a quien en los últimos años se le acumulan diversos casos de nepotismo, sospechosas adjudicaciones a socios, negocios opacos y, ahora, la perspectiva cierta de sentarse en el banquillo de los acusados por un delito penado con prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro.

Por ahora, el PP andaluz guarda silencio. Los Estatutos del partido obligan a abrir un expediente informativo tan pronto como un afiliado que ejerza un cargo público sea llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial. García Urbano pasó esa pantalla hace tiempo (fue citado a mediados de diciembre y declaró el 13 de enero), y ahora ha pasado a la fase de juicio, lo que implicaría la conversión del expediente en “disciplinario”.

La investigación se inició a principios de diciembre, cuando C.P.B. declaró en otra causa, abierta por un presunto acoso sexual, que el alcalde de Estepona, con el que dijo mantener una “relación de pareja”, la contrató para el Ayuntamiento pero nunca fue a trabajar. La causa de naturaleza sexual fue archivada (y el archivo recurrido), pero el juez ya había abierto una pieza separada para investigar la posible malversación.

El archivo de la primera investigación da pie a García Urbano para hablar de “denuncia falsa” y de “campaña política”, si bien un archivo no implica per se que se trate de una denuncia falsa, no se ha interpuesto denuncia alguna por denuncia falsa (la defensa del alcalde dice que lo hará) y la causa por malversación la abrió el juez tras oír a la mujer. Sí es cierto que PSOE y Vox están personados y la han impulsado. También, que el abogado de Vox en la malversación es el mismo que representa al denunciante del acoso sexual, pareja de C.P.B.

El caso que comenzó como un turbio asunto sexual ha derivado en una causa por el presunto uso de dinero público para fines privados. Estos son los indicios recabados en la investigación por malversación en los que se basa el juez para sentar en el banquillo al alcalde García Urbano.

El nombramiento, el cese y los pagos: un Decreto y dos nóminas

C.P.B. fue nombrada por Decreto del alcalde para “desarrollar las funciones propias de asesoramiento especial y confianza en el área de Control Externo, adscrita al grupo III” el 13 de febrero de 2023. Todo ocurrió en un día: informe del Jefe de Recursos Humanos, Decreto de nombramiento y toma de posesión. Su cese, también por Decreto, está firmado por el secretario municipal el 22 de marzo, con efectos a partir del 31 de marzo. El nombramiento fue modificado a posteriori, el 14 de mayo, según muestran sus metadatos. Ambos documentos fueron incorporados al portal de Transparencia en diciembre de 2024, casi dos años después de ser firmados.

El nombramiento de los cargos de confianza suele producirse al comienzo de mandato, pero puede ocurrir en cualquier momento siempre que se informe al Pleno y no se supere el límite. El alcalde, cuyo Decreto no motiva el nombramiento, no informó al Pleno, pero fue cuestionado por la portavoz del PSOE, Emma Molina. Respondió invocando su facultad discrecional para nombrar a quien quiera. A la causa se han incorporado mensajes en los que él le dice que la contratarán hasta el 31 de marzo.

En esos 45 días, Estepona abonó a C.P.B. 5.276,92 netos, distribuidos en dos nóminas de 1.634,64 (15 días de febrero) y 3.642,28 euros (marzo). A las diligencias se ha incorporado otra prueba documental: diversos extractos bancarios que acreditan transferencias de 2.000 euros al mes emitidas por García Urbano a C.P.B. a título personal durante el año 2022. Esas transferencias llegan hasta enero de 2023, apenas un mes antes de que la contratara como asesora, lo que sugiere un presunto uso del dinero público para dar continuidad a los pagos. Ella misma dijo al juez que el trabajo era una “ayuda” para costear el piso que García Urbano le había ayudado a alquilar.

Los nombramientos como asesores de personas afines (familiares, amigos, parejas, compañeros de partido) no son excepcionales, y no encajan sin más en la malversación. Ese tipo de cargos, de naturaleza eventual, se basan precisamente en una relación de confianza. Para el mandato 2019-2023 el alcalde de Estepona (que tenía 21 de 25 concejales) llegó a contar con los 14 cargos de confianza que le permite la ley, a los que abonó en torno a dos millones de euros. Ninguno de esos nombramientos está siendo investigado por un juez.

Las tareas: un informe y nada más

Pero el caso de C.P.B. es distinto. El auto del pasado martes recuerda que C.P.B. cobró un dinero público “sin que se haya acreditado que llegara a desempeñar actividad alguna derivada de este nombramiento”. Es decir, el presunto delito no estaría en nombrarla discrecionalmente, sino en que luego no hizo nada, con el aparente beneplácito del alcalde, lo que lleva al juez a concluir que el nombramiento fue sólo para que cobrara un dinero público.

Sus tareas están descritas en un informe elaborado a petición del juez por Blas Ruzafa, concejal del Área de Control Externo. Allí se dice que “fue contratada (…) para recabar información sobre el estado de la limpieza viaria, iluminación, ornato de la jardinería y mobiliario urbano”. Labores que serían especialmente importantes para el alcalde en aquel momento, cuando faltaban tres meses para las elecciones. Estepona tiene externalizado todos los servicios públicos que puede: limpieza, jardines, playas, iluminación... En 2023 gastó en esas contratas 44,6 millones de euros.

El problema para el alcalde es que no hay ningún documento que refleje su desempeño con esas tareas de revisión. No hay ni un informe escrito. No firma ni un expediente. No hay un solo mensaje o correo electrónico relacionado con el trabajo que supuestamente reportaba al alcalde, tan solo uno en el que él le dice que la contratarán, a pesar de que se han incorporado todos los mensajes entre García Urbano y C.P.B. en ese periodo. No tiene un registro horario. Y, a diferencia de todos los demás cargos de confianza, no tuvo acceso al programa informático con el que trabajan los empleados municipales, según constata un informe del área de recursos humanos.

Lo que dijeron el alcalde, el concejal y la beneficiaria al juez

La propia mujer insistió en repetidas ocasiones ante el juez que nunca hizo nada, que no apareció por el Consistorio salvo para firmar, que no conoció a su concejal y que nadie le encomendó tarea alguna. En su exposición, C.P.B. dejó una frase bomba. Preguntada por si había otras personas en la misma situación, aseguró que el alcalde le pidió que no se preocupara: “Que él hacía y deshacía en su cortijo”.

La defensa de García Urbano lo enmarca en una presunta estrategia de ella y su pareja (el denunciante del acoso sexual) para hundir la reputación del alcalde, pero lo cierto es que las declaraciones ante el juez del regidor y el edil no acreditaron que ella trabajara. Al contrario.

El alcalde esquivó a los periodistas con una respuesta mecánica, no contestó a las acusaciones populares (algo previsible), tampoco a la fiscal y ni siquiera quiso responder al juez, lo que es más sorprendente. En lugar de eso, declamó un discurso denunciando una “tergiversación” de los hechos. Contó que la conoció por Internet y que pensó en ella porque la vio “despierta” y conocía la ciudad. Lo cierto es que la mujer no tiene formación o experiencia en contratas de limpieza, jardines o mantenimiento y vivía en Córdoba. ¿Le informó de lo que hacía? “Sí, verbalmente. Alguna vez telefónicamente. Seguro que acudió al ayuntamiento”.

Días después, el concejal Ruzafa añadió más gasolina. Descargó la responsabilidad de la contratación en el alcalde, dijo que sólo la vio “circunstancialmente” en el despacho del regidor, que podía trabajar con su ordenador personal desde casa, que es normal que no haya constancia de lo que hace un cargo de confianza y se encogió de hombros ante la sorpresa del juez. “Allí se contratan personas con sueldos… bastante aceptables, ¿y no hay ningún tipo de control, no tienen obligación de presentar documentación alguna, rendición de cuentas, informes?”, le interrogó el magistrado. “Procuramos que sea gente responsable”, replicó Ruzafa: “No nos va mal”.