Los datos enviados por Whatsapp y Google dejan la investigación contra García Ortiz al borde de su cierre

La causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos se acerca a su final. Los datos enviados en los últimos días por Whatsapp y Google, en los que no se han podido recuperar mensajes y correos electrónicos que arrojen algo más de luz a las pesquisas, dejan ya al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ante la decisión de archivar el caso o enviar a juicio al jefe del Ministerio Público por haber filtrado presuntamente información confidencial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en marzo de 2024.

La solicitud a los gigantes tecnológicos era la última esperanza del magistrado para tratar de recuperar las comunicaciones que pudo mantener García Ortiz con respecto a lo hablado entre el abogado de González Amador y el fiscal que le investiga por fraude fiscal, Julián Salto. Esa diligencia, sin embargo, ha resultado infructuosa, pues ni Whatsapp ni Google han podido aportar datos que resulten "de interés" para la causa, tal y como ha explicado Hurtado en su último auto.

El juez iba en busca de mensajes de Whatsapp y correos electrónicos que fueron borrados por García Ortiz, tal y como reconoció él mismo, aunque alegando que lo hizo por razones de seguridad y lo justificó como una práctica habitual dentro de la Fiscalía. Sin embargo, luego se descubrió que el borrado tuvo lugar el mismo día de su imputación. De ahí las sospechas del magistrado de que en esos mensajes y mails podía estar la prueba definitiva que pudiera apuntalar los indicios contra el fiscal general.

No ha podido ser, pero el juez Hurtado ya ha dado numerosas muestras de que cree que todos los indicios apuntan a que García Ortiz filtró los correos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía, en los que el letrado reconocía que su cliente había cometido dos delitos de fraude. En un auto de principios de marzo de este año, el instructor incidía en que la información investigada se publicó en un medio de comunicación "cinco minutos después" de que el fiscal general la obtuviera íntegramente, con lo que concluía que García Ortiz "pudo ser, al nivel indiciario propio del momento en que se encuentra la causa", el responsable de la revelación de secretos.

Unos días antes de ese auto, el magistrado había redactado otra resolución en la que destacaba el "interés" que había mostrado el fiscal general por hacerse con los correos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investiga: "Como se consideró que había suficientes indicios para presumir ese interés y la inmediata filtración, una vez reunida la información que buscaba, se estimó que pudo ser, al nivel indiciario propio del momento en que se encuentra la causa, quien lo filtrase".

Este "interés" y el posible papel del fiscal general en que los correos acabaran publicados en prensa fue la deducción que hizo el juez Hurtado después de conocer el contenido del teléfono móvil de la otra imputada en esta causa, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Los mensajes hallados en el terminal revelan la cadena de comunicaciones que se produjo en el seno de la Fiscalía el día de la filtración de los correos electrónicos.

El 13 de marzo de 2024, tras filtrarse un primer mail en El Mundo, Álvaro García Ortiz reclamó de inmediato la cadena completa de mensajes entre Salto y el letrado de González Amador. Aquel primer correo filtrado daba a entender que Salto había ofrecido un pacto de conformidad para librar al novio de Ayuso de una eventual pena de prisión por el presunto fraude de más de 350.000 euros.

Una vez los correos electrónicos al completo llegaron a manos de García Ortiz, se filtró el contenido de un mail previo en el que el abogado proponía el acuerdo y admitía que su cliente había cometió dos delitos de fraude fiscal. Esta es la filtración en la que se centran las investigaciones. Pero el análisis del teléfono de García Ortiz no sirvió para corroborar o descartar que el fiscal general esté tras la filtración de este último correo electrónico, dado que los investigadores encontraron "cero" mensajes en el dispositivo.

El hecho es que el fiscal general del Estado borró todos sus mensajes de Whatsapp y también eliminó su cuenta personal de Google el día que lo imputaron. Ahora, las dos compañías tecnológicas han trasladado al juez datos que, sin embargo, no aportan más claridad a la investigación.

Si bien es cierto que en esta causa no existe una prueba fehaciente de que García Ortiz filtró los correos electrónicos entre la defensa del novio de Ayuso y la Fiscalía, el juez Hurtado considera que sí "hay elementos indiciarios suficientes para atribuirle la filtración", en sus propias palabras. Ahora tendrá que decidir si encarga alguna diligencia más, si archiva el procedimiento o si, con lo que tiene, propone juzgar al fiscal general del Estado.

La decisión, no obstante, no llegará al menos hasta después del 23 de mayo, cuando está prevista la declaración como testigo de Alberto González Amador, a petición de la defensa de García Ortiz. El juez Hurtado la había rechazado por considerar que poco aportaba a la instrucción, ya que su postura está recogida en la querella que él mismo presentó, pero ha sido la Sala de Apelación la que ha revertido esta decisión: "Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante".