El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una orden judicial que bloquea la deportación de venezolanos en Estados Unidos por 14 días. La decisión responde a la aplicación de una antigua normativa de guerra por parte de la administración Donald Trump. A pesar del fallo, el gobierno ejecutó expulsiones a El Salvador y Honduras, lo que generó un fuerte debate en el país norteamericano.

El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una orden para bloquear algunas deportaciones

James E. Boasberg dictaminó el sábado 15 de marzo por la noche la suspensión temporal de las deportaciones de migrantes venezolanos. La decisión judicial se tomó en respuesta a una medida del gobierno de Donald Trump que invocaba una ley del siglo XVIII llamada “Ley de Enemigos Extranjeros”, según detalló AP News.

A pesar del fallo, funcionarios informaron que dos vuelos con migrantes ya estaban en el aire con destino a El Salvador y Honduras. Posteriormente, el gobierno federal anunció que 250 deportados, que presuntamente estarían afiliados a la pandilla Tren de Aragua, ya se encontraban bajo custodia salvadoreña.

Qué hizo la Casa Blanca frente a la orden que bloquea las deportaciones a venezolanos

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, negó que la Casa Blanca desafiara la orden del juez Boasberg. En un comunicado oficial que fue reproducido por CNN en Español, argumentó que la orden del magistrado carecía de fundamento legal y que se emitió cuando los vuelos ya estaban en curso.

“Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadounidense”, aseguró Leavitt.

El Departamento de Justicia anunció que apelará la medida para continuar con las expulsiones. Por otra parte, en conversación con reporteros desde el avión presidencial, Donald Trump evitó responder la pregunta sobre si su administración había violado la orden del juez.

“No lo sé. Tendrían que preguntarle a los abogados”, explicó y agregó: “Lo que sí les puedo decir es que estas eran malas personas”. Además, según informó AP News, al ser preguntado sobre la posibilidad de invocar poderes presidenciales utilizados para tiempos de conflictos bélicos, el mandatario respondió: “Son tiempos de guerra”. Finalmente, calificó la llegada de migrantes criminales como “una invasión”.

ACLU demanda a la administración Donald Trump por deportar venezolanos

Organizaciones de derechos civiles han cuestionado la legalidad de la medida presidencial y exigen explicaciones sobre los hechos ocurridos el pasado fin de semana. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward solicitaron a la corte que la administración Trump testifique sobre el cumplimiento de la orden judicial. La organización argumenta que el gobierno habría ignorado deliberadamente la decisión del juez Boasberg.

Además, demandaron a la administración federal por la invocación “ilegal y sin precedentes” por parte del presidente de la Ley de Enemigos Extranjeros. En un comunicado de prensa, sostuvieron que el uso de esta legislación no es posible en tiempos de paz.

“La intención del gobierno de Trump de usar una autoridad en tiempos de guerra para la aplicación de la ley migratoria es tan inédita como ilegal. Podría ser la medida más extrema del gobierno hasta la fecha, y eso es mucho decir”, aseguró Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y asesor principal.

Por su parte, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, agregó: “Estados Unidos no está en guerra ni ha sido invadido. La anticipada invocación por parte del presidente de la autoridad en tiempos de guerra es el último paso en una estrategia autoritaria que se acelera”.

Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros de Estados Unidos

La Ley de Enemigos Extranjeros fue aprobada en 1798 en Estados Unidos. Esta legislación establece una autoridad en tiempos de guerra que permite que el presidente pueda, después de una proclamación pública, aprehender, restringir y expulsar a ciudadanos de un país extranjero que participe en una “guerra declarada” o una “invasión o incursión depredadora” contra Estados Unidos.