Lo que pueden hacer los dueños de pisos turísticos ante la revocación de licencias, según un abogado
Las notificaciones que están llegando a propietarios de pisos turísticos en Córdoba en las que revocan las licencias por, supuestamente, incumplir con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), está motivando ya una oleada de reclamaciones por parte de los afectados. El despacho de abogados Aguirre Donate Verastegui ha recibido, hasta la fecha, a medio centenar de afectados que buscan una solución para que sus viviendas no sean dadas de baja. «Estas cartas de la Junta son el inicio del procedimiento para retirar las licencias de uso turístico, que sus tenedores consiguieron mediante una declaración responsable », indica Aguirre. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha notificado a la Administración autonómica «los inmuebles que no cumplen con el artículo 12.4 de las Normas Urbanísticas del PGOU , relativo al hospedaje, que dice que estos pisos turísticos podrán desarrollarse en un edifico total o parcialmente solo en el caso de que dispongan de elementos de acceso y evacuación adecuados independientes del resto del edificio». Aguirre señala que los pisos turísticos que estén en un bloque y hayan recibido la notificación habrá sido «porque utilizan el mismo acceso, el portal». No obstante, señala que «también nos están consultando propietarios de lofts », lo que evidencia que el artículo aplicado, según el letrado, «es excesivamente estricto». En este sentido, señala que desde su despacho ya se está estudiando una línea de acción para reclamar estas revocaciones de licencias. «Habría que discutir la interpretación jurídica del artículo y analizar si esa interpretación no afectaría, por ejemplo a las viviendas de alquiler temporal o a los alquileres de estudiantes», lo que supondría un agravio comparativo con respecto a los inmuebles de uso turístico. Las alternativas que tienen los afectados (con 10 días para reclamar desde la recepción de las notificaciones) son varias: por un lado, la vía administrativa , «presentar alegaciones exponiendo por qué cumplen con la normativa, o por qué no tienen que cumplir con el artículo del PGOU», explica Aguirre. La resolución puede llevar a la retirada de la licencia provisionalmente, «frente a la que cabe un recurso de alzada y cuando se resuelva, si no da la razón al propietarios, le queda acudir a los tribunales ». El coste de estos trámites puede oscilar entre los 500 y los 1.500 euros, según concreta el letrado. ¿Pueden seguir explotando vivienda hasta que se resuelva el expediente? «Se puede pedir a la Junta que hasta que no haya decisión firme no se revoque la licencia, pero depende de la decisión de la administración », aclara el abogado. Empresas de gestión de apartamentos y asociaciones se han puesto en contacto con este despacho de abogados, que se ha ofrecido para intervenir a la hora de intermediar con la Administración.
Las notificaciones que están llegando a propietarios de pisos turísticos en Córdoba en las que revocan las licencias por, supuestamente, incumplir con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), está motivando ya una oleada de reclamaciones por parte de los afectados. El despacho de abogados Aguirre Donate Verastegui ha recibido, hasta la fecha, a medio centenar de afectados que buscan una solución para que sus viviendas no sean dadas de baja. «Estas cartas de la Junta son el inicio del procedimiento para retirar las licencias de uso turístico, que sus tenedores consiguieron mediante una declaración responsable », indica Aguirre. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha notificado a la Administración autonómica «los inmuebles que no cumplen con el artículo 12.4 de las Normas Urbanísticas del PGOU , relativo al hospedaje, que dice que estos pisos turísticos podrán desarrollarse en un edifico total o parcialmente solo en el caso de que dispongan de elementos de acceso y evacuación adecuados independientes del resto del edificio». Aguirre señala que los pisos turísticos que estén en un bloque y hayan recibido la notificación habrá sido «porque utilizan el mismo acceso, el portal». No obstante, señala que «también nos están consultando propietarios de lofts », lo que evidencia que el artículo aplicado, según el letrado, «es excesivamente estricto». En este sentido, señala que desde su despacho ya se está estudiando una línea de acción para reclamar estas revocaciones de licencias. «Habría que discutir la interpretación jurídica del artículo y analizar si esa interpretación no afectaría, por ejemplo a las viviendas de alquiler temporal o a los alquileres de estudiantes», lo que supondría un agravio comparativo con respecto a los inmuebles de uso turístico. Las alternativas que tienen los afectados (con 10 días para reclamar desde la recepción de las notificaciones) son varias: por un lado, la vía administrativa , «presentar alegaciones exponiendo por qué cumplen con la normativa, o por qué no tienen que cumplir con el artículo del PGOU», explica Aguirre. La resolución puede llevar a la retirada de la licencia provisionalmente, «frente a la que cabe un recurso de alzada y cuando se resuelva, si no da la razón al propietarios, le queda acudir a los tribunales ». El coste de estos trámites puede oscilar entre los 500 y los 1.500 euros, según concreta el letrado. ¿Pueden seguir explotando vivienda hasta que se resuelva el expediente? «Se puede pedir a la Junta que hasta que no haya decisión firme no se revoque la licencia, pero depende de la decisión de la administración », aclara el abogado. Empresas de gestión de apartamentos y asociaciones se han puesto en contacto con este despacho de abogados, que se ha ofrecido para intervenir a la hora de intermediar con la Administración.
