La presión normativa llena las cestas del comercio electrónico

El comercio electrónico se enfrenta a una intensa aceleración de las exigencias regulatorios en materia de fiscalidad y accesibilidad que obliga a emprender contra el reloj un duro proceso de adaptación, especialmente para unas pymes que se juegan su supervivencia y competitividad. La dispersa regulación europea ya deja huella, pero la entrada en vigor del sistema VeriFactu en 2026 puede suponer un salto cualitativo. A partir de entonces, los negocios deberán emitir facturas en tiempo real y reportarlas sin demora a Hacienda. La medida busca reforzar el control fiscal, pero añade presión sobre muchas plataformas, especialmente las pequeñas, que temen un alza de costes y más burocracia. En plena transformación digital , el desafío pasa por adaptar los sistemas sin perder agilidad ni competitividad en un mercado que no deja de crecer. VeriFactu no es simplemente una herramienta nueva, sino un cambio de paradigma que obliga a las pymes a interactuar con la Administración de forma continua, señala Isaac Bosch, CEO de eComm360. Para el comercio electrónico , que ya opera con alta complejidad técnica y márgenes ajustados, se trata de una obligación adicional que exige cumplimiento inmediato de obligaciones fiscales, añade. La implementación requiere sistemas capaces de generar registros inalterables, firmados digitalmente y alineados con los estándares de la Agencia Tributaria. No se trata de un complemento técnico menor, sino de rediseñar procesos internos, asumir integraciones complejas y reforzar la seguridad documental, advierte Bosch. Más allá del rediseño técnico, existen también implicaciones operativas específicas que las empresas deben tener en cuenta, según Jaione Yabar, profesora de marketing en Deusto Business School. Entre ellas, la capacidad de enviar registros automáticamente a la Agencia Tributaria, incorporar códigos QR conforme a la norma ISO/IEC 18004 y generar facturación automática. Estas obligaciones, recogidas en la orden ministerial, pueden suponer un reto para pymes que siguen operando con sistemas tradicionales y que deberán afrontar costes en software, formación o migración tecnológica. Estas exigencias, según advierte Laura Virseda Perulero, asociada senior del departamento fiscal de Santiago Mediano Abogados, también están transformando la gestión fiscal diaria de las empresas de comercio electrónico. Las compañías deben adaptar sus sistemas para garantizar la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de cada factura, y en muchos casos cumplir con los plazos fijados para su notificación a la Agencia Tributaria. El reto es mayor en plataformas automatizadas o con alto volumen, donde se requiere coordinación interna e inversión en soluciones certificadas y procesos de validación más estrictos. A ello se suma la exigencia de integrar los sistemas de facturación con Hacienda mediante APIs, gestionar certificados digitales y asegurar la disponibilidad de los registros incluso ante posibles fallos, según Juan Carlos Guerrero, socio de Écija en el área de TMT–IT. La actualización a software homologado con huella digital, firma electrónica y código QR será obligatoria. En un sector intensivo en transacciones y muy automatizado, especialmente entre pymes, el cumplimiento supondrá un ajuste técnico exigente que requerirá planificación, inversión y formación especializada antes de los plazos establecidos. En este contexto, Víctor Delgado, cofundador y director general de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas (Aemme), advierte que la creciente complejidad normativa amenaza la competitividad de las pymes en el canal digital. Muchas carecen de los recursos para adaptarse con agilidad a las nuevas exigencias, lo que acentúa la brecha frente a grandes plataformas o actores extranjeros. Desde Aemm piden un marco legal más simple, acceso a herramientas digitales y una ventanilla única que alivie la carga burocrática. En sintonía con este diagnóstico, Javier Navas-Migueloa, responsable de retail y distribución en NTT DATA España, señala que un marco legal excesivamente complejo introduce incertidumbre y encarece la operativa, afectando la competitividad global de las empresas. Las pymes y operadores emergentes, con capacidad limitada para afrontar normativas fragmentadas, son especialmente vulnerables. Aunque el marco europeo aspira a equilibrar protección e innovación, advierte que el exceso regulatorio puede ralentizar la adopción tecnológica , reducir la innovación y dejar al ecosistema español en desventaja frente a mercados con marcos más simples y flexibles. En la misma línea, César Tello, director general de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), advierte que un entorno legal disperso dificulta escalar e internacionalizar el e-commerce, elevando los costes de cumplimiento. Para evitar frenar el crecimiento, propone un marco regulatorio europeo unificado y adaptado a las pymes, junto a la simplificación de trámites. Solo con reglas claras y homogéneas, señala, podrá consolidarse un verdadero Mercado Único Digital que impulse la competitividad del comercio electrónico europeo. Juliana Caicedo, directora del máster en gestión administrativa de la Universidad Alfonso X, señala que el ecosistema del e-commerce español avanza a dos velocidades. Las grandes empresas, respaldadas por infraestructuras modernas, están mejor posicionadas para asumir las nuevas obligaciones fiscales. En cambio, muchas pymes siguen operando con software heredado o procesos manuales, lo que limita su capacidad de adaptación al nuevo marco normativo. La mayoría de las pymes españolas no están preparadas para cumplir con la obligación de transmitir los registros de facturación a la Agencia Tributaria en tiempo real, dice Bosch, de eComm360. «El mayor riesgo no es solo la sanción económica. Es que muchas pymes se verán obligadas a improvisar soluciones , a veces sin el asesoramiento adecuado, lo que puede derivar en errores, interrupciones operativas o incluso pérdida de competitividad», dice. El desfase técnico, sumado a la inversión que requiere actualizar sistemas, la escasa orientación disponible y los plazos exigentes, sitúa a los pequeños operadores ante exigencias difíciles de asumir. Caicedo advierte que, sin incentivos y apoyo institucional, la normativa puede reforzar el dominio de las grandes plataformas y limitar la capacidad de pymes y autónomos para operar en igualdad de condiciones dentro del mercado digital. Navas-Migueloa, de NTT DATA España, advierte que en ocasiones existe una desconexión entre la perspectiva desde la que se legisla y la operativa técnica del comercio online . A su juicio, algunas normativas siguen ancladas en esquemas del comercio tradicional y no contemplan la velocidad de evolución, el alcance global o la experiencia del usuario digital. Por ello, insiste en que el legislador necesita un diálogo constante con el sector tecnológico para diseñar marcos proporcionales, eficaces y alineados con la realidad del entorno digital. Delgado, de Aemme, advierte que muchas normativas que afectan al comercio electrónico siguen una lógica pensada para el comercio tradicional, sin un conocimiento profundo de las particularidades del canal digital. Denuncia la falta de diálogo entre administraciones y microempresas, y propone crear un grupo de trabajo estable que co-diseñe marcos normativos realistas y alineados con la evolución del e-commerce. Frente a este diagnóstico crítico, algunos expertos apuntan que la nueva obligación también puede convertirse en una oportunidad para modernizar la operativa del e-commerce . Yabar, profesora de Deusto Business School, considera que VeriFactu puede actuar como palanca de cambio, especialmente para aquellos operadores que aún no han profesionalizado sus procesos. Al exigir facturación estructurada y conectividad inmediata con Hacienda, impulsa la digitalización de tareas desatendidas y la adopción de herramientas integradas con sistemas de gestión, CRM o plataformas online. A medio plazo, señala, esto puede traducirse en más eficiencia, menos errores y mejor control. Automatizar, añade, fortalece la transparencia y mejora la toma de decisiones. VeriFactu marcará un antes y un después para el comercio electrónico en España. Aunque la norma genera inquietud entre muchas pymes por su complejidad y costes asociados, también abre la puerta a una modernización que el sector necesitaba. Todo dependerá de cómo se gestione la implantación. Si hay voluntad política para escuchar al ecosistema, ofrecer apoyo técnico y aplicar la norma con realismo, el cambio puede traducirse en mayor eficiencia y competitividad. Pero si se impone una visión rígida y alejada del terreno, el riesgo es consolidar brechas y debilitar a los actores más pequeños del canal digital. A partir del 28 de junio, todas las webs y apps de comercio electrónico deberán cumplir con requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad . Juan Carlos Guerrero, socio de Écija, advierte de que no adaptarse a tiempo afectará directamente a la experiencia del usuario, la conversión y el posicionamiento SEO, además de suponer un riesgo reputacional y legal. Aunque el decreto contempla un periodo de adaptación de cinco años para plataformas anteriores a esa fecha, insiste en que no debe entenderse como una exención. Guillem Valencia Caballero, de Santiago Mediano Abogados, señala que la transposición española carece de criterios técnicos claros, lo que dificultará una aplicación homogénea. Eso, advierte, podría frustrar el objetivo de mejorar el acceso real a la información para los usuarios que más lo necesitan.