La pelea entre Milei y el PJ es en la provincia

La mayor parte del discurso del Gobierno se detendrá en los próximos días en la inseguridad y, más concretamente, en la edad de imputabilidad de los menores. Será uno de los ejes del mensaje que Milei dará hoy en el Congreso frente a un peronismo que decidió no estar. Igual que hace un año, cuando el Presidente inauguró las sesiones ordinarias de espaldas al edificio, pero a la inversa: ahora el desdén viene de la Asamblea Legislativa.

Todo en modo Milei. La estrategia de comunicación oficial reside esta vez no solo en una convicción ideológica: está respaldada en encuestas propias que ubican casos como el de Kim Gómez, la pequeña de 7 años asesinada en La Plata por dos adolescentes, entre las principales urgencias del electorado. El contexto en que se discute esta concatenación de desgracias anticipa de algún modo la contienda electoral: el gran distrito detonado es la provincia de Buenos Aires, bastión kirchnerista donde transcurrirá lo más importante de la campaña. Con una novedad: la explosión de inseguridad interpela esta vez al PJ porque horada, según los propios intendentes del conurbano, la base de votantes del partido. No por nada la idea de bajar la edad de imputabilidad que propone Milei aparece también entre las demandas electorales del peronismo. Convencido desde hace rato del rumbo económico, el Gobierno se encamina ahora a enrostrarle al movimiento esa bandera que ve como marca de época y que dista todavía de una conquista. Eso lleva tiempo. Una encuesta hecha entre el 17 y el 24 de este mes por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA les pregunta a 1117 personas de 11 conglomerados de todo el país qué calificación les pondrían, del 1 al 10, a las gestiones de seguridad de la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Kicillof se lleva un aplazo: 3,1, pero los otros dos aprueban por muy poco: 4,4 Milei y 4,1 Jorge Macri.

Son años de abandono. El combate al delito se ha convertido en reclamo transversal hasta para los empresarios. Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, retuiteó esta semana un posteo de Agustín Laje, uno de los asesores de Milei en lo que los libertarios llaman batalla cultural: “Los autodenominados organismos de derechos humanos son corresponsables de la terrible inseguridad que padecemos los argentinos [...]. El resultado está a la vista. El daño es real y devastador: vidas destruidas, economías familiares arruinadas, barrios totalmente tomados por el crimen, ciudadanos honestos atrincherados tras rejas y delincuentes impunes deambulando sin restricciones. [...] La próxima vez que veas a un ‘militante de los derechos humanos’ pontificando sobre moral y justicia, ten bien presente que no estás frente a un defensor de los inocentes, sino ante un cómplice de la destrucción social, disfrazado de falsa benevolencia”.

Milei decidió también atacar a lo Milei. Pidió ayer la renuncia de Kicillof y propuso la intervención de la provincia. Confrontar de ese modo le sirve además para evitar otras discusiones más incómodas. El escándalo de $LIBRA, por ejemplo, o las designaciones en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte. También eso está medido y en La Libertad Avanza no las ven como prioridad. Un sondeo de Jorge Giacobbe preguntaba a mediados del año pasado a los encuestados si Ariel Lijo les parecía “un buen candidato a la Corte Suprema”. Ganó el no con un mayoritario 43,1%, muy por arriba del 13,5% que dijo sí, pero lo que sorprendió fue el restante 42,5%: “No tengo idea de quién es Ariel Lijo”, contestaron.

Por eso el Gobierno no se inmuta. Son controversias que en todo caso podrían afectarlo en el futuro, si volviera la preocupación económica o la sociedad incorporara la estabilidad y la reactivación como derechos adquiridos. En la Casa Rosada no harán mucho más al respecto. Suponen que el costo político de la candidatura de Lijo ya se pagó y entonces prefieren avanzar de prepo, sin acuerdo con la oposición, con la estrategia del hecho consumado y ahorrándose concesiones de lo que inicialmente iba a ser una negociación en el Senado: futuras designaciones de jueces respetados por el PJ, una Corte ampliada, tal vez el nombre del procurador.

Es cierto que existe todavía un eslabón perdido sobre Lijo. Ninguno de los argumentos que Milei o sus funcionarios han dado públicamente para proponerlo, desde el conocimiento que tiene de Comodoro Py hasta la experiencia en ciberdelito, convencieron hasta ahora de que era la mejor opción. Al contrario. La insistencia con el pliego obliga siempre a volver sobre las denuncias que arrastra el juez en su contra.

¿Realmente lo creen idóneo? ¿No había otro? ¿Es un favor político? ¿Para quién? ¿Una moneda de cambio por algo? ¿Una promesa que viene de la campaña? De todos modos, incluso si el Senado lo rechazara o la Corte se negara a tomarle el juramento, la culpa del incumplimiento habrá sido de otro y el Gobierno podría desentenderse rápidamente del caso. Pero no quiso retroceder. Del eslabón perdido hay además pocos indicios. Se sabe que Milei le está agradecido desde hace tiempo a Alfredo, hermano del juez, un abogado de quien llegó incluso a recibir asesoramiento cuando estaba en el llano, y que existe también una relación cercana entre Lijo y Gerardo Werthein, ministro de Relaciones Exteriores y otro de los que apuntaló a Milei desde el principio.

También es verdad que el Gobierno se siente más cómodo con García-Mansilla, de quien celebra su condición de liberal. Hasta Santiago Caputo apuntaló últimamente con una hipérbole en privado: “En la Corte deberían ser todos García-Mansilla”. Pero habrá que ver andar al nuevo ministro porque nunca se sabe con los académicos. La afinidad no garantiza el fallo favorable. García-Mansilla ha sido, por ejemplo, públicamente crítico de los decretos de necesidad y urgencia durante las presidencias de Kirchner y Alberto Fernández, y la Corte tiene pendiente resolver sobre uno fundamental, el 70, la primera medida que tomó el Gobierno no bien asumió. El mundo jurídico lo viene anticipando con ironías. Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, ya publicó la suya en Twitter: “Imaginar a un juez designado en comisión decir que un DNU es inconstitucional porque no se configura la situación de emergencia prevista en la Constitución... Como dicen ahora, ¡esperé toda mi vida ese momento!”.

Pero el Gobierno está envalentonado con el nuevo ministro. Incluso si recibiera el rechazo del Senado, ya piensa en renovar la postulación en comisión una vez cumplido un año. Habrá entonces más fricciones con el Congreso y acaso la Corte, algo que a estas alturas casi parece deliberado. El politólogo Ignacio Labaqui suele ubicar a Milei dentro del estilo de lo que Guillermo O’Donnell llamaba “democracia delegativa”: administraciones que avanzan sobre la premisa de que quien ganó la elección presidencial está autorizado a gobernar como crea conveniente, solo restringido por la cruda realidad de las relaciones de poder existentes y por la limitación constitucional del término de su mandato.

Milei parece incluso jactarse. Hay quienes dicen haberle escuchado elucubrar que, en su lugar, con la Corte en un caso similar, Trump habría hecho exactamente lo mismo. Argumentum ad hominem, acotaría el líder libertario. Pero un avance imposible sin un peronismo fragmentado. He ahí la base del éxito. Ayer, después de días de enfrentamiento con Kicillof, Cristina Kirchner acudió en auxilio del gobernador con un retuit simbólico al repudio que el PJ había publicado sobre una posible intervención de la provincia. Un alivio para tanto militante incómodo. Ella necesita unir al partido sin las primarias, la mejor herramienta que tenía para hacerlo. Supone, de todos modos, que al menos Milei no irá asociado con Pro en ese distrito.

El Gobierno también prefiere ir solo. ¿Tendrá en octubre suficiente fortaleza? Confía en Luis Caputo y el rumbo económico. El mercado todavía no del todo, como volvieron a mostrarlo esta semana los bonos. El contexto global y los aranceles de Trump tampoco ayudan, para las elecciones de octubre falta demasiado y, lo más relevante, nadie está en condiciones de dar por superado en la Argentina cualquier proyecto populista. En eso consiste la pelea bonaerense: bajar el delito le reportaría votos a Milei y, al mismo tiempo, se los restaría a quienes pueden hacerlo fracasar.