La ley mordaza se acerca a su primera década de vigencia con la reforma que prometió el Gobierno atascada en el Congreso

El pasado 30 de marzo se cumplieron diez años desde que la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, fue aprobada por la mayoría absoluta con la que contaba entonces el PP en el Congreso. La norma entró definitivamente en vigor el 1 de julio de 2015. Y, cuando se acerca la fecha en la que cumplirá su primera década de vigencia, su reforma —largamente prometida por el PSOE— sigue bloqueada en la Cámara Baja, pese a que, a diferencia de otras leyes durante la legislatura, tiene opciones de salir adelante con los habituales aliados progresistas, nacionalistas e independentistas del Gobierno.

La reforma de la polémica ley estuvo a punto de ser aprobada la pasada legislatura, pero un desencuentro de última hora entre el Gobierno, por un lado, y ERC y EH Bildu, por la otra, provocó que estos dos partidos independentistas terminaran votando en contra del nuevo texto y, por ende, a favor de mantener la norma aprobada en tiempos de Mariano Rajoy. Sin embargo, a finales del año pasado el choque se recondujo: en octubre, EH Bildu pactó con el PSOE y Sumar la reactivación de la reforma, y los abertzale presentaron un texto junto a los dos grupos que conforman el Ejecutivo que también terminó suscribiendo el PNV.

Pocas semanas después, el 29 de octubre, esa proposición de ley superó su primer trámite parlamentario y fue admitida a trámite con los votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria. Y con esa misma mayoría el Congreso tumbó, en diciembre, los intentos de PP y Vox por detener la tramitación del texto, con lo que se abrió la fase para que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas al texto inicial. En esa fase, muchas leyes que no son una prioridad para el Gobierno se terminan eternizando, pero no fue el caso de la reforma de la ley mordaza: a mediados de diciembre se cerró el plazo para presentar enmiendas y se abrió la discusión de las mismas entre los grupos.

Hasta ahí, la tramitación de la ley avanzaba a buen ritmo. Pero ese último paso, el cierre del plazo de enmiendas, supuso un frenazo en seco: desde entonces, confirman fuentes parlamentarias de varios de los grupos proclives a apoyar la reforma, apenas ha habido ningún avance. Fuentes de algunos partidos explican que sí se han producido ciertos contactos informales entre ellos, pero poco más. Y no ha habido reuniones de la ponencia, el órgano parlamentario en el que están representados todos los grupos que sirve para debatir los textos y discutir las enmiendas presentadas con el objetivo de elaborar un primer borrador que, posteriormente, pasaría a ser votado (y enmendado de nuevo, en su caso) por la comisión de Interior y por el pleno del Congreso.

Cada una de las fuentes consultadas, de diferentes grupos parlamentarios, ofrecen diferentes explicaciones sobre los motivos de este parón, aunque todos coinciden en señalar al PSOE como el partido que tiene en su mano reactivar la tramitación de la reforma de la ley mordaza. Un dirigente de uno de los partidos aliados del Gobierno, buen conocedor de los entresijos de la tramitación de la norma, interpreta que los socialistas han echado el freno en los últimos meses para no abrir un nuevo frente con Junts, con quien su relación ha sufrido varios vaivenes en los últimos meses, y señala que las prioridades han sido otras: para los independentistas catalanes, la cesión de las competencias sobre migración a Cataluña, y para el Ejecutivo, el reposicionamiento de España y de Europa ante el cambio en el escenario internacional.

Pese a ello, no obstante, las fuentes consultadas no consideran que el PSOE esté dilatando artificialmente los plazos porque no tiene intención de reformar la ley mordaza. De hecho, uno de los consultados habla incluso de "buena disposición" por parte de los socialistas a negociar, aunque lo cierto es que, hoy por hoy, nadie tiene claro cuándo se reactivarán unas negociaciones que se encuentran completamente congeladas. Grupos como Sumar apuestan expresamente por tener un acuerdo encarrilado antes de que la ley mordaza cumpla 10 años en vigor, algo que ocurrirá el 1 de julio. Pero, por el momento, no hay avances.

Una base compartida

Sin embargo, la reforma tiene mimbres de salir adelante si el PSOE finalmente se aviene a reimpulsar la negociación. La base de la propuesta que presentaron los socialistas junto a Sumar, EH Bildu y el PNV es el texto negociado la legislatura pasada. Y se han hecho avances en los asuntos en los que no hubo acuerdo entre los abertzale y ERC con el Gobierno, que terminaron dando al traste con la negociación: la prohibición de las devoluciones en caliente de migrantes que cruzan la frontera de manera irregular, el veto a las pelotas de goma como material antidisturbios o a restringir la capacidad de los agentes de la autoridad de sancionar las faltas de respeto contra ellos.

EH Bildu ha logrado que el PSOE ceda en el asunto del material antidisturbios. La nueva proposición de ley establecerá la obligación de sustituir de manera "progresiva" el "uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos" por parte de las fuerzas policiales, aunque el texto inicial no establece ningún plazo para la eliminación de este material. Los abertzale, por su parte, también han renunciado a algunas de sus aspiraciones y han aceptado un redactado mucho menos ambicioso en materia de devoluciones en caliente que, incluso, el que el PSOE les ofrecía hace un año y medio.

En concreto, lo firmado con PSOE y Sumar es un pacto que únicamente compromete al Gobierno a intentar modificar la ley de extranjería en un plazo máximo de seis meses para conseguir la prohibición de las devoluciones en frontera. El acuerdo establece que, en ese medio año, "se procederá a la modificación" de la normativa sobre extranjería para "reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de derechos humanos y protección internacional de la que España es parte".

La diferencia clave es que, en este caso, no se apuesta por incluir esta modificación legal dentro de la ley mordaza que se va a reformar, sino que únicamente se insta en dicho texto legal a modificar la ley de extranjería. Y cambiar la regulación relativa a los solicitantes de asilo dependerá de que el Gobierno logre, dentro de muchos meses, concitar las mayorías suficientes para modificar esa norma en el Congreso, algo que parece muy complicado habida cuenta de lo ardua que ha sido la negociación para aprobar la reubicación de los menores migrantes no acompañados de los territorios con sistemas de acogida más saturados, que a priori parecía más sencilla.

El problema de cara a sacar adelante la reforma de la ley mordaza es que estos cambios, que se han hecho para intentar encontrar un punto medio entre las posiciones del PSOE y las que mantuvieron la pasada legislatura ERC y EH Bildu, no han contado con la participación ni el aval de Podemos. Y los morados, cuya estrategia en los últimos meses pasa por marcar su perfil más izquierdista frente al Gobierno, han avisado de que no están contentos ni con el redactado sobre las pelotas de goma ni con el relativo a las devoluciones en caliente. Podemos quiere que se establezca un plazo concreto para prohibir el uso de este tipo de material antidisturbios, y también que el rechazo en frontera quede expresamente prohibido en la reforma de la ley mordaza.