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La Ley de Vivienda funciona: basta de excusas para no aplicarla
La Ley de Vivienda, en vigor desde hace año y medio, reduce los precios del alquiler y aumenta la estabilidad de los contratos. Cuesta entender que haya quien insista en boicotear por puros intereses partidistas una norma que funciona Hace apenas año y medio entró en vigor la primera Ley de Vivienda de la democracia, que ha puesto punto final a la anomalía de no haber desarrollado en 45 años el artículo 47 de la Constitución Española. Esta ley ha puesto el sello de defunción de una política fracasada que ha durado demasiado tiempo, basada en recortes, desregulación y privatización de millones de viviendas protegidas, que ha convertido el acceso a la vivienda en la nueva división de clases: un privilegio de pocos, en lugar de un derecho de todos. Revertir esta situación se ha convertido en la absoluta prioridad del Gobierno que preside Pedro Sánchez. No son palabras, son hechos: se creó un ministerio específico, se aprobó la Ley de Vivienda y se están exprimiendo todas las competencias estatales, poniendo todos los recursos del Estado al servicio del derecho a la vivienda. La Ley de Vivienda es un marco innovador que tiene como principal objetivo aumentar la oferta, especialmente la pública, para corregir los desequilibrios y destensar el mercado residencial. Prueba de ello es el artículo 18 de la Ley, que obliga a las administraciones que declaren zonas tensionadas a desarrollar un plan específico, apoyado por el Estado, de aumento de la oferta y ayudas para el acceso a la vivienda. Esa es la solución estructural a la crisis de vivienda: construir un parque de vivienda público permanente, patrimonio de todos los ciudadanos. Hasta que consigamos esas soluciones estructurales, que requieren de tiempo, hay que intervenir el mercado, con medidas como la regulación de precios. El objetivo no es otro que garantizar la función social de la vivienda y evitar la especulación, como nos mandata nuestra Constitución y ha ratificado el Tribunal Constitucional en dos sentencias que desestiman los recursos del Partido Popular. La Ley de Vivienda no es solo plenamente constitucional, sino que ha demostrado que funciona: reduce los precios del alquiler y aumenta la estabilidad de los contratos porque los propietarios ya no tienen incentivos perversos para cambiar de inquilinos. En Cataluña, los precios han bajado un 3,7% y, en Barcelona, hasta un 6,4% en un año, rompiendo 11 trimestres consecutivos de incrementos. Además, los inquilinos disfrutan de contratos más estables, con mayor seguridad residencial y menor rotación, evitando que los residentes sean expulsados de sus barrios. En paralelo, se beneficia también a los pequeños propietarios con incentivos fiscales de hasta el 90% si bajan un 5% el alquiler. Al contrario de lo que muchos auguraron, la regulación no ha reducido la oferta de obra nueva. En 2024, tanto en Cataluña como en España, se registró récord de construcción de la última década. Por primera vez en mucho tiempo, se ha acompasado la construcción de viviendas con la creación de nuevos hogares, reduciendo el déficit habitacional. El parque de vivienda social ha pasado del 2,5% al 3,4% en los últimos cinco años. En paralelo, estamos trabajando decididamente para acabar con los pisos turísticos ilegales y con el fraude en los alquileres de temporada, un fenómeno que se está dando en todo el país. Medidas como la Ventana Única Digital servirán acabar con esos fenómenos. Los pisos tienen que ser para vivir. La Ley de Vivienda funciona. Por eso, instamos firmemente a todas las autonomías a aplicarla, como ha hecho Cataluña y como ya están haciendo País Vasco, Navarra o Asturias. Lo han pedido los municipios de La Coruña, Las Palmas y una decena de ciudades madrileñas. Cuesta entender que haya quien insista en boicotear por puros intereses partidistas una norma que funciona. No hay tiempo que perder. Este Gobierno tiene una política de vivienda ambiciosa, valiente e integral, que aprende de los errores del pasado y converge con las mejores prácticas europeas. El Gobierno está apostando firmemente por construir más viviendas, generar mejor regulación y ofrecer mayores ayudas, poniendo todos los recursos del Estado al servicio del cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. No vamos a parar hasta consolidar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar.
La Ley de Vivienda, en vigor desde hace año y medio, reduce los precios del alquiler y aumenta la estabilidad de los contratos. Cuesta entender que haya quien insista en boicotear por puros intereses partidistas una norma que funciona
Hace apenas año y medio entró en vigor la primera Ley de Vivienda de la democracia, que ha puesto punto final a la anomalía de no haber desarrollado en 45 años el artículo 47 de la Constitución Española. Esta ley ha puesto el sello de defunción de una política fracasada que ha durado demasiado tiempo, basada en recortes, desregulación y privatización de millones de viviendas protegidas, que ha convertido el acceso a la vivienda en la nueva división de clases: un privilegio de pocos, en lugar de un derecho de todos.
Revertir esta situación se ha convertido en la absoluta prioridad del Gobierno que preside Pedro Sánchez. No son palabras, son hechos: se creó un ministerio específico, se aprobó la Ley de Vivienda y se están exprimiendo todas las competencias estatales, poniendo todos los recursos del Estado al servicio del derecho a la vivienda.
La Ley de Vivienda es un marco innovador que tiene como principal objetivo aumentar la oferta, especialmente la pública, para corregir los desequilibrios y destensar el mercado residencial. Prueba de ello es el artículo 18 de la Ley, que obliga a las administraciones que declaren zonas tensionadas a desarrollar un plan específico, apoyado por el Estado, de aumento de la oferta y ayudas para el acceso a la vivienda. Esa es la solución estructural a la crisis de vivienda: construir un parque de vivienda público permanente, patrimonio de todos los ciudadanos.
Hasta que consigamos esas soluciones estructurales, que requieren de tiempo, hay que intervenir el mercado, con medidas como la regulación de precios. El objetivo no es otro que garantizar la función social de la vivienda y evitar la especulación, como nos mandata nuestra Constitución y ha ratificado el Tribunal Constitucional en dos sentencias que desestiman los recursos del Partido Popular.
La Ley de Vivienda no es solo plenamente constitucional, sino que ha demostrado que funciona: reduce los precios del alquiler y aumenta la estabilidad de los contratos porque los propietarios ya no tienen incentivos perversos para cambiar de inquilinos. En Cataluña, los precios han bajado un 3,7% y, en Barcelona, hasta un 6,4% en un año, rompiendo 11 trimestres consecutivos de incrementos. Además, los inquilinos disfrutan de contratos más estables, con mayor seguridad residencial y menor rotación, evitando que los residentes sean expulsados de sus barrios. En paralelo, se beneficia también a los pequeños propietarios con incentivos fiscales de hasta el 90% si bajan un 5% el alquiler.
Al contrario de lo que muchos auguraron, la regulación no ha reducido la oferta de obra nueva. En 2024, tanto en Cataluña como en España, se registró récord de construcción de la última década. Por primera vez en mucho tiempo, se ha acompasado la construcción de viviendas con la creación de nuevos hogares, reduciendo el déficit habitacional. El parque de vivienda social ha pasado del 2,5% al 3,4% en los últimos cinco años.
En paralelo, estamos trabajando decididamente para acabar con los pisos turísticos ilegales y con el fraude en los alquileres de temporada, un fenómeno que se está dando en todo el país. Medidas como la Ventana Única Digital servirán acabar con esos fenómenos. Los pisos tienen que ser para vivir.
La Ley de Vivienda funciona. Por eso, instamos firmemente a todas las autonomías a aplicarla, como ha hecho Cataluña y como ya están haciendo País Vasco, Navarra o Asturias. Lo han pedido los municipios de La Coruña, Las Palmas y una decena de ciudades madrileñas. Cuesta entender que haya quien insista en boicotear por puros intereses partidistas una norma que funciona.
No hay tiempo que perder. Este Gobierno tiene una política de vivienda ambiciosa, valiente e integral, que aprende de los errores del pasado y converge con las mejores prácticas europeas. El Gobierno está apostando firmemente por construir más viviendas, generar mejor regulación y ofrecer mayores ayudas, poniendo todos los recursos del Estado al servicio del cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. No vamos a parar hasta consolidar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar.
