La Junta de Andalucía limita a una "denuncia política" el escándalo que ya sienta a un alto cargo de Moreno Bonilla en el banquillo

"Entendemos que estamos ante una denuncia política". Con estas palabras responde la Junta de Andalucía a ElPlural.com después de que un alto cargo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) recibiera la noticia de que Demetrio González Mera, director económico del organismo en Cádiz, se tendrá que sentar en el banquillo el próximo 28 de abril, por el escándalo sanitario que desde hace años persigue al Ejecutivo andaluz. Su nombre se corresponde con el del director económico central de compras del SAS gaditano, uno de los territorios en los que el Gobierno 'popular' habría llevado a cabo un fraccionamiento irregular de contratos que en su totalidad suman 235 millones de euros. Ante la escalada judicial, desde el palacio de San Telmo defienden a este periódico que muestran su "máximo respeto y colaboración" con la justicia y que están "convencidos" de que ésta "aclarara la cuestión". "Entendemos que estamos ante una denuncia política", emplazan. Manteniendo esa senda, la Consejería de Salud y Consumo asevera que "los servicios jurídicos del SAS han avalado desde el primer minuto la contratación para garantizar que el sistema sanitario público funcione": "Tenemos la tranquilidad de que toda la contratación cuenta con el respaldo de los servicios jurídicos del SAS y que, por tanto, siempre se ha actuado conforme a la ley". Igualmente, el departamento sanitario justifica que "la contratación menor en las centrales provinciales del SAS no es una práctica nueva que haya puesto este Gobierno", sino "una fórmula completamente legal" y que contempla "todo el respaldo jurídico". Primer imputado González Mera iba a declarar como testigo en el caso que Podemos denunció por presunto fraccionamiento irregular de contratos del Servicio Andaluz de Salud por valor superior a los 230 millones de euros. Sin embargo, la magistrada Rosa María García ha dejado en los últimos días sin efectos esa citación y le ha llamado a prestar declaración en calidad de investigado a finales de este mes. Este alto cargo es el que se ocupa de la coordinación y del seguimiento de las compras y logísticas de todos los centros del SAS en la provincia gaditana. También define y continúa los expedientes de suministros, obras, concesiones, conciertos y servicios. También han declarado, en su caso sí, como testigos, los interventores José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, quienes ratificaron los informes realizados sobre el supuesto modus operandi que puso sobre la mesa la formación morada; así como Beatriz Tallón Cáliz y María Jesús Correro Fernández, jefas de servicio. A estos nombres hay que sumar los de Valle García, gerente del SAS; Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, dos exgerentes del organismo. Si bien en este caso la investigación se cierne sobre el empleo de los contratos de emergencia, mecanismo que todas las administraciones emplearon de forma más o menos asidua durante la pandemia del Covid y que la Junta siguió empleando en la era post pandemia con normalidad. Cádiz no es un caso aislado El de Cádiz no es un caso aislado, y es que se produjo...