La Junta andaluza aprieta el acelerador contra el TC por el “indultazo” de los ERE y pide que Europa decida

La Junta de Andalucía solicitó, este lunes, su personación en el procedimiento abierto en la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el ‘caso ERE’ para "apoyar la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las sentencias del Tribunal Constitucional de los ERE".

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno va a comparecer en el trámite de alegaciones, abierto por la Audiencia de Sevilla, para elevar una cuestión prejudicial además de presentar un escrito argumentando la oportunidad de plantear dicha cuestión ante el Alto Tribunal europeo. Previamente, durante la mañana de este lunes, el presidente popular había señalado su "máximo respeto" por la decisión que finalmente tome la Audiencia Provincial de Sevilla y había anunciado su intención de personarse [la Junta] como parte perjudicada.

"Dadas las circunstancias que hemos vivido en el último año, una vez que ha habido una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial y una sentencia corroborada y confirmada por el (Tribunal) Supremo, la Junta de Andalucía va a volver a personarse a lo largo del día de hoy o de mañana", indicó el presidente autonómico andaluz.

La Junta ha llevado a cabo esta decisión ya que este martes concluye el plazo que tenía la Audiencia de Sevilla para deliberar sobre si elevaba, o no, al TJUE la cuestión prejudicial que planteó sobre el caso ERE de Andalucía a raíz del amparo concedido por el Constitucional a los principales condenados por la trama.

"Intentar recuperar el dinero"

La intención de la Junta es tratar de recuperar los casi 700 millones de euros perdidas en "mayor caso de corrupción de la historia política", como explicaba el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y el propio partido en un comunicado. Sanz comunicó, a través de un audio enviado a los medios, que ha dado instrucciones al gabinete jurídico de la Junta de Andalucía para que se persone ante la Audiencia de Sevilla, tal como ya lo había adelantado el presidente andaluz.

El consejero clarificó que la Junta busca intervenir en este proceso con el objetivo de recuperar el dinero defraudado -679.412.179,09 millones de euros- en el que se considera el mayor caso de corrupción política en la historia de España. El gobierno regional considera que tiene “interés legítimo” vinculado a la recuperación del dinero y al ejercicio de la acción civil que se reservó cuando decidió retirar la acusación, en el año 2016.

“El fallo del Tribunal Constitucional podría llevar a una impunidad parcial en el mayor escándalo de corrupción política en nuestro país, lo cual dificultaría que la Junta recupere la mayor parte posible del dinero malversado en los ERE”, advirtió Sanz. Según el consejero, Andalucía, como parte afectada y víctima en este caso, debe tener voz ante el tribunal europeo.

Aunque la Junta de Andalucía retiró su acusación en el caso ERE en 2016, durante un gobierno socialista, Sanz ha asegurado que ahora existe tanto el compromiso como la responsabilidad de recuperar el dinero perdido. Esta intención, señaló, ya fue manifestada ante el Tribunal de Cuentas, lo que, en sus palabras, refuerza aún más la legitimidad de su actuación.

El Ejecutivo andaluz espera que se admita su personación en el caso y ha detallado que se han desplegado múltiples acciones para recuperar el dinero desviado: desde procedimientos civiles y penales, hasta trámites administrativos de reintegro y denuncias ante el Tribunal de Cuentas.